Como en una suerte de película repetida estamos asistiendo a un nuevo intento de recreación de un clima de conflicto destituyente del 2008 por parte de la reciclada Mesa de Enlace.

Los motivos esgrimidos aparentemente serían razonables si se los mira desde el punto de vista de un simple impuestazo. Pero no es para nada así considerando que el avalúo fiscal de las tierras en cuestión hace varios años que no se actualiza. Mientras el valor de la tierra se multiplicó varias veces, a partir de un modelo productivo especulativo, pasando de valer 3000 dólares la hectárea hace apenas 10 años a 17.000 en la actualidad, en la zona llamada núcleo. Esto hizo que un bien, tan preciado, lejos de cumplir su función social pase a prevalecer como elemento de especulación financiera. Esto se refleja en el valor de los arrendamientos que convirtieron a los medianos productores, algunos pequeños y obviamente a los grandes, en rentistas olvidadizos de la cultura del trabajo.

Ante el proyecto del gobierno de la provincia de Buenos Aires avalado por el gobierno nacional, de actualizar el revalúo fiscal de las tierras provinciales, la Mesa de Enlace puso el grito en el cielo, a través de la aparición nuevamente lamentable de Eduardo Buzzi como su principal vocero, en el intento de instalar que se trata de una nueva confiscación, como era la 125. Por lo tanto, el conflicto debe nacionalizarse.

En medio de este debate, permanece oculta todavía la necesaria profundización del debate, que ya se dio con la 125, en torno de que es justo que el Estado intervenga en la apropiación de las rentas extraordinarias de las distintas producciones que la generan en pos de una mejor y más justa distribución de la riqueza.

Ni la Mesa de Enlace ni el oficialismo ha ahondado todavía en la cuestión. Creemos que sería muy importante aprovechar la oportunidad y el clima para legislar con el criterio de que paguen más los que más tienen. Una ley de avalúo debería contemplar una segmentación y estratificación de los tenedores de tierra de acuerdo con la productividad.

Como referencia vale la pena detenerse en algunos detalles del Impuesto Inmobiliario Rural de Entre Ríos. La Ley de Valuaciones 8672 de 1992 establece la valuación parcelaria de los bienes inmuebles, que sirve como base para la determinación de los montos imponibles de los impuestos. Se clasifican en urbanas, subrurales y rurales; en base a estas valuaciones, se determina el Impuesto Inmobiliario. El territorio provincial se divide en zonas de características ecológicas-económicas uniformes. Existen 37 zonas y para cada una de ellas se determina el valor unitario básico en base al valor promedio de las rentas correspondientes. Las rentas se calculan teniendo en cuenta rendimientos físicos y precios de los últimos cinco años.

La metodología para la determinación de las valuaciones de los inmuebles rurales es la misma desde hace 20 años. No se han dispuesto modificaciones. Esta metodología siempre fue avalada por las entidades agropecuarias. La Ley 9930 de 2009 estableció un esquema transitorio y especial para la valuación de las parcelas rurales en función de cuatro segmentos y un calendario de gradualidad de aplicación que arrancaba en un 20 por ciento hasta llegar a una aplicación del ciento por ciento de las valuaciones a partir del año 2012 y siguientes, tal como indica la Ley 8672. Esta ley fue aprobada con el aval de las entidades agropecuarias, que de esta manera compartieron que las valuaciones se apliquen en su totalidad a partir de 2012.

La Ley 9853 de 2008 modificó la tabla de tramos y alícuotas vigentes. La tabla establece ocho tramos de valuación, una alícuota que varía progresivamente de acuerdo con los valores de las parcelas, desde el 0,9 por ciento creciendo por tramos, hasta el 1,2 por ciento, 1,4 por ciento, 1,6 por ciento, 1,8 por ciento, 2,0 por ciento, hasta una máxima de 2,3 por ciento. Esto es un impuesto modestamente progresivo.

Los valores de la tierra varían de acuerdo con la zona en la que se ubican. La de mayor valor es la zona 24, de los departamentos Diamante, Victoria y Gualeguay, cuyo avalúo se ubica en 16.709,33 pesos por hectárea, muy alejado de los 16.000 dólares (70.400 pesos valor estimado de mercado en la zona según las propias entidades) que se necesitan para comprarlo. Una parcela ubicada en esa zona, en el tramo más alto de la alícuota pagará en 2012 un 2,3 por ciento, o sea 384 pesos por hectárea por año. Esto es 32 pesos por mes.

Por ejemplo, en la zona tres, norte de Feliciano y de La Paz, el avalúo se ubica en 2165,35 pesos por hectárea. Si se aplicara la misma alícuota pagaría 49 pesos por hectárea al año, o sea cuatro pesos por mes. En zonas 28, 29 y 30 del Delta, los avalúos se ubican debajo de los 900 pesos por hectárea, en estos casos se aplican los mínimos del impuesto.

Desde hace muchos años la imposición mínima era de 35 pesos por año, lo que llevaba a que los costos de emisión y distribución superaran el valor de lo que ingresaba efectivamente al Estado. La cuota fija pasó a ser de 250 pesos por año, por Ley 10.102; es decir 20 pesos por mes aproximadamente. Esto es lo que las entidades mencionan como los máximos aumentos en el impuesto determinado. Son muy pocos los productores que pagan esta cuota fija porque existen muy pocas parcelas valuadas en menos de 27.700 pesos, y no existen parcelas rurales con valor de mercado inferior a esa cifra. La productividad de los campos entrerrianos lo justifica.

Todos estos son datos estadísticos oficiales que no han podido ser desmentidos y se encuentran plasmados en un informe del organismo provincial creado por el gobierno de Sergio Urribarri para reforzar aspectos tributarios del Estado de Entre Ríos. Sin embargo, el mismo documento se encarga de desmentir que se trate de una disputa económica. Dice textualmente: “El presupuesto provincial de 2012 es de casi 17.000 millones de pesos; la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural corriente de 2011 llegó a 140 millones de pesos; es decir que el aporte del sector representa el 0,8 por ciento de las cuentas provinciales, no llega siquiera al uno por ciento del monto necesario para financiar las erogaciones del Estado, muchas de ellas destinadas a dotar de infraestructura al sistema productivo entrerriano”. Y explica que “si se parte de una contribución tan baja, evidentemente, cualquier adecuación en esos valores significa un aumento porcentual importante, aunque se trate de sectores con capacidad contributiva suficiente y con altos patrimonios en muchos casos”.

Se trata entonces de una batalla cultural y política y no tanto de números. No hay “saqueo”, “expropiación” y disparates tales esgrimidos por una oposición política que no tiene política, sino es como punto de apoyo de los reaccionarios que volvieron a utilizar a pequeños productores, tal como en los duros días de 2008 y 2009. Dimensiona, al mismo tiempo, el tipo de batalla que se deberá librar por la tan mentada distribución de la riqueza

* Coordinador nacional del Movimiento Campesino Liberación.