Desde hace poco tiempo Argentina es blanco de ataques en varios frentes, relacionados con la suspensión de pagos de su deuda decidida en 2001, y con procedimientos ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones), un tribunal de arbitraje del Banco Mundial muy controvertido. El 26 de marzo de 2012, el Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos suspendió a Argentina de su sistema generalizado de preferencias (SGP), un mecanismo que permite conceder tarifas aduaneras preferenciales a los países en desarrollo. El gobierno de Obama justificó esta sanción por la negativa de Argentina a acatar dos condenas, por un monto total de más de 300 millones de dólares, a favor de dos empresas estadounidenses que presentaron la demanda ante el Ciadi. Una de ellas, Azurix Corporation, que intentó dos acciones contra el Estado argentino ante este tribunal de arbitraje, había demandado, en efecto, la revisión del sistema generalizado de preferencias para excluir a Argentina. Este “brazo de la compañía quebrada Enron, en la industria del agua”, según las palabras del embajador argentino en Washington, había obtenido en 1999 una concesión por 30 años de la distribución de agua en dos de las tres regiones de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades anularon más tarde esta concesión debido a la falta de cumplimiento de las normas en términos de inversiones y de calidad del servicio.

En septiembre de 2011, Washington comunicó que sus representantes votarían contra la concesión de todo préstamo a Argentina por los bancos multilaterales de desarrollo (como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID). No habiendo sido suficiente el voto del representante estadounidense para bloquear los préstamos del BID al país, se supo recientemente que una delegación de lobbystas, en representación de tenedores de obligaciones argentinas en default, estaba en Londres para intentar convencer a Gran Bretaña de unirse a la posición estadounidense.

Esta campaña que tiene como fin aumentar la presión sobre Buenos Aires está especialmente orquestada por un grupo denominado ATFA (American Task Force Argentina) que, como lo indica su web, persigue “una solución justa al default de la deuda argentina”. Entre sus miembros figura lo que en círculos autorizados se llama un acreedor pleitista, más comúnmente conocido por fondo buitre: Elliot Associates. No era esa la primera tentativa de este fondo buitre. En 1999, obtuvo, por una sentencia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que Perú pagase 58 millones de dólares por una deuda que el fondo había comprado por sólo 11 millones. El Congo Brazzaville se encuentra también entre los trofeos de caza de este temible tiburón de las finanzas, que maniobra fácilmente en aguas turbias.

Los fondos buitre no sueltan su presa.

Examinemos de más cerca las pretensiones de este fondo buitre en el caso argentino.

El fondo NML, filial de Elliott Management registrado en las islas Caimán, compró con una gran quita títulos de la deuda argentina, y rechazó la participación en los dos canjes de bonos, en 2005 y en 2010, a pesar de que eran ventajosos para los acreedores. Para obtener el reembolso integral del capital (en su valor nominal, por supuesto) y el pago de los intereses, NML entabló una serie de pleitos ante diferentes jurisdicciones, que le dieron la razón muchas veces. Es así como el 4 de marzo de este año, el juez federal de Nueva York Thomas Griesa dictaba una sentencia favorable al fondo buitre en virtud de la cláusula pari passu, que obliga al deudor a tratar a todos sus acreedores de la misma manera. Por lo tanto Argentina debería reembolsar a NML al mismo tiempo que debe satisfacer los intereses de los nuevos bonos surgidos en los canjes de 2005 y 2010. El ministro de Economía y Finanzas argentino hizo saber que rechazaba esta decisión que, por otra parte, Argentina apeló.

Curiosamente, el mismo juez algunos días más tarde dictó sentencia, esta vez a favor de Argentina, por la que contradice una decisión tomada en agosto de 2011. La sentencia de 2011, dictada a demanda de los fondos buitre Aurelius y Elliott Management Ltd., había ordenado la congelación de los fondos de las cuentas que el Banco Central argentino y el Citibank mantienen en el Federal Reserve Bank de Nueva York. Esta orden intentaba frenar el reembolso a los tenedores de bonos Boden 2012, y que fueron pagados regularmente desde su emisión. Con esta última sentencia, el juez Griesa levantó el congelamiento de ese dinero, ya que, según él, no es propiedad de la República Argentina.

De esta manera, a pesar de las 12 sentencias favorables que obtuvieron de los tribunales de Nueva York, Aurelius y Elliott Management fracasaron otra vez en su afán de apoderarse de los fondos argentinos debido a la inmunidad soberana que, en Estados Unidos, protege la mayor parte de los haberes mantenidos en su suelo por terceros países. Pero la protección que ofrece esta inmunidad no parece ser totalmente eficaz contra los fondos buitre. El 6 de julio de 2011, NML, que ganó el pleito ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, buscaba que se aplicara en ese país una decisión tomada por un tribunal de Nueva York que le concedía el reembolso de los títulos (de un valor nominal de 172 millones de dólares, pero vueltos a comprar por NML por la mitad de su valor), y el pago de 112 millones de dólares de intereses. Según el Tribunal Supremo, Argentina no puede hacer valer su inmunidad soberana contra la confiscación de sus haberes en territorio británico, puesto que los bonos emitidos por Argentina y en posesión del fondo buitre NML contienen una cláusula de renuncia a la inmunidad. El Financial Times anunció que se ha dado un paso positivo para los inversores activos en el mercado de las deudas soberanas. De todas maneras, se debe precisar que esta decisión es válida sólo para este caso determinado, y no significa que la inmunidad soberana no pueda nunca más ser esgrimida en los pleitos ligados a las deudas soberanas llevados ante los tribunales británicos.

El Ciadi

Los tenedores de obligaciones argentinas en default también encontraron entre los árbitros del Ciadi un oído atento. En agosto de 2011, el tribunal de arbitraje se declaró competente en un diferendo que oponía Argentina a cerca de 60.000 inversores italianos. Estos denunciaban que la cesación de pago constituía una violación del tratado bilateral de inversiones (TBI) firmado entre Italia y Argentina. Esta decisión del tribunal fue ampliamente cuestionada, ya que el artículo 8 del TBI indica que los inversores deben, en primer lugar, comenzar sus demandas ante la jurisdicción nacional y no pueden dirigirse al Ciadi hasta pasar los 18 meses de la demanda inicial. Ahora bien, esos inversores italianos no habían comenzado una demanda ante los tribunales argentinos, antes de dirigirse al Ciadi. Uno de los tres árbitros, George Abi-Saab, emitió, por otro lado, una opinión disidente sobre esa decisión. En principio, este árbitro indica que los títulos no son inversiones protegidas en el sentido que le da el TBI, ya que no tienen ningún lazo territorial con Argentina. Además, según Abi-Saab, el consentimiento de Argentina para el arbitraje del Ciadi no se extiende a las acciones colectivas como éstas; por otra parte, el tribunal se autoconcedió un poder legislativo al modificar sustancialmente las reglas de los procedimientos para adaptarlos a esta acción colectiva.

Sin conocer el final de este procedimiento, se puede decir que esta decisión suena como una advertencia contra las decisiones unilaterales de los países que querrían suspender el pago de sus bonos y que consintieron el arbitraje del Ciadi a través de tratados bilaterales.

Conviene recordar los numerosos ataques que sufre Argentina en el Ciadi. Es el país con mayor frecuencia cuestionado en este organismo, con 49 acciones que se intentaron en su contra. Aunque, en muchos casos, Argentina trató de anular o rechazó la aplicación de esas decisiones, no siguió los pasos de Bolivia, Ecuador y Venezuela que se fueron de una institución eminentemente parcial y favorable a los intereses de las transnacionales. Sin embargo, es una decisión indispensable para la recuperación de su soberanía nacional.

Campaña

Además de las presiones ejercidas directamente sobre los gobiernos y las tentativas de intimidación que constituyen todas las acciones intentadas contra Argentina ante diferentes instancias, el caso argentino también es objeto de una amplia y difusa campaña mediática. Su objetivo es mostrar que el default argentino de cerca de 100.000 millones de dólares de deuda externa ha sido catastrófico para el país; y otros países, como Grecia, estarían muy mal inspirados en demostrar semejante firmeza. Esta campaña es tan feroz y necesaria porque todo parece indicar que Argentina tenía razón. Ese default significó para el país una inmensa bocanada de oxígeno financiero: los recursos que no fueron transferidos a los acreedores externos pudieron dedicarse a gastos socialmente útiles. Lejos del caos prometido por las Casandra de los medios financieros, el país pudo recuperarse de una crisis dramática y mejorar sustancialmente el nivel de vida de la población, que había sufrido un rápido empobrecimiento y una precarización galopante. Por otro lado, la ruptura con el FMI y la firmeza frente a los acreedores del Club de París han permitido poner fin al chantaje que habitualmente ejercen y a su injerencia en la gestión del país. Finalmente, Argentina no ha sido desterrada del conjunto de naciones. Lo cierto es que todavía no puede pedir dinero en los mercados financieros, pero ¿es acaso una mala noticia? Tampoco fue apartada del círculo muy cerrado de los autoproclamados líderes mundiales (G-20). Seguramente, nos podrían contestar que eso ha sido posible en una economía como la de Argentina, pero quizás no sería posible en pequeños países como Grecia o Portugal. A lo que le podríamos responder que la sumisión a las coerciones de los acreedores en esos países produce resultados tan terribles que realmente es difícil pensar que un default pudiera resultar más desastroso

* Université Juan Monnet de Saint-Etienne. Miembro del Cadtm (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo).