Al término de la última cumbre del G-20 en Los Cabos, México, y tal como era de esperarse, los líderes de las mayores economías del mundo no han logrado solucionar su mayor problema, la zozobra de la economía de la zona euro. Sin embargo, esta cumbre sí que ha conseguido tres objetivos. En primer lugar, quedó claro que el G-20 no es un mecanismo de sanción. Argentina ni fue retada ni fue sancionada por recurrir a medidas de protección de su mercado interno, como especulaban en algunos círculos. Tampoco fue fustigada por la estatización de acciones de YPF, como añoraban otros. En segundo lugar, quedó claro que el G-20 se perfila como un mecanismo de prenegociación, como fuera otrora la OCDE. Durante buena parte de la historia reciente, en la OCDE se debatían, preparaban y negociaban los temas que luego se llevaban atados a la OMC para su “aceptación” y posterior transformación en acuerdos globales. Ello sucedió con los acuerdos de subsidios y créditos a las exportaciones, el acuerdo de agricultura y también con el fracasado Acuerdo Multilateral de Inversiones. Este lugar lo ocupa hoy el G-20.

Anticipándose a la Cumbre de Río+20, el tema de crecimiento verde apareció con anuncios bien concretos en el ámbito del G-20. Más precisamente, el Foro de Negocios del G-20, que anunció el lanzamiento de la Alianza de Acción para el Crecimiento Verde, una nueva iniciativa diseñada en conjunto con los gobiernos del G-20 que busca resolver el déficit estimado de mil millones de dólares anuales en inversión en infraestructura ecológica.

Por último, con estos nuevos mecanismos de consenso en el G-20 se comienza a dibujar un esquema más claro de los nuevos equilibrios de poder a nivel mundial. El enviado especial de una agencia de noticias europea hacía notar cómo “los gobernantes de Brasil y Rusia eran los que más atención atraían, mientras que los jefes de Estado europeos se paraban frente a las cámaras de televisión para agradecer a China por su ayuda, al tiempo que prometían que sus países se comportarían mejor”. En el lenguaje corporal se refleja lo que en las novelas policiales llaman “la ruta del dinero”. Al finalizar la cumbre, la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, hacía público un comunicado en el que se congratulaba por la creación de un muro de contención de 456.000 millones de dólares para “ayudar a sus 188 países miembros”. Pero cuando Lagarde hablaba de un muro de contención universal, todos saben que a quien hay que salvar hoy es a Europa.

La Unión Europea ha sido el mayor contribuyente de su propio fondo, con 200.000 millones de dólares. Pero sorprende ver cómo el FMI también ha tenido que recurrir a aportes inéditamente altos de países como China (43.000 millones), Brasil, India, Rusia y México (10.000 millones cada uno), Sudáfrica (2000 millones) y Colombia (1500 millones). Y por si acaso los cambios del mapa de los equilibrios de poderes no quedan claros con las cifras o incluso con el lenguaje corporal, los nuevos aportantes demandan mayor protagonismo en las decisiones. Así lo han hecho claro: sus aportaciones están supeditadas a que se produzcan cambios en la estructura de poder del FMI. Particularmente demandan que se implemente la reforma del organismo acordada en 2010 que daría más poder en el proceso de toma de decisiones a países que según ellos reflejan mejor el estado actual de la economía mundial. Aunque algunas voces han comenzado a ir más allá y especulan con que en el futuro Europa ceda la dirección ejecutiva del organismo, que controla desde su creación en los años ’40, a algún país emergente. Aunque por ahora sólo son comentarios, y será la señora Lagarde la que maneje la nueva lluvia de millones aprobada en México para controlar que el hundimiento de su propio continente no acabe llevándose a la economía mundial

* Directora del Area de Relaciones Internacionales de Flacso.