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La firma del acuerdo con el FMI fue presentada por el Gobierno como un triunfo y al mismo tiempo como una demostración de la firmeza de Roberto Lavagna. Mas aún, llegó a instalarse en el debate público la imagen de progresista para el ministro. Tales afirmaciones pasan por alto tanto lo que debió hacer la Argentina para llegar al acuerdo, como lo que exhibe una lectura elemental del memorando de entendimiento. Respecto a lo que se debió hacer corresponde precisar que en nombre del FMI, Argentina condicionó de manera decisiva tanto el desenvolvimiento económico como su propio proceso institucional durante el 2002. Se adoptó, a instancias del organismo, el “régimen de flotación cambiaria” que, como era obvio en un contexto de escasez de divisas, posibilitaría un ajuste del tipo de cambio del 250 por ciento, con su efecto de pulverización de ingresos.
Asimismo, la búsqueda del acuerdo implicó la adopción de una restrictiva política fiscal que obligó a disminuir el gasto público primario en un 20,6 por ciento a valores constantes, lo cual supone una rebaja de 10.100 millones de pesos a precios del 2001. Por otra parte, la desregulación sugerida por el FMI para el comercio exterior, el mercado cambiario y financiero, posibilitó la dilapidación –fuga– de la totalidad del saldo comercial del año que pasó (16.500 millones de dólares). Como no podía ser de otro modo, el resultado de mayor pobreza, más ajuste fiscal y fuga de capitales fue una caída de la actividad económica del 11 por ciento.
A lo expuesto, se agrega la contracción monetaria explicitada en el acuerdo. La moneda disponible será menor ya no solo en términos reales dada la inflación esperada, sino incluso nominalmente puesto a que a fin de junio será 850 millones de pesos inferior. Aspecto éste que no sólo habla de dureza monetaria y tasas de interés elevadas sino que determina la imposibilidad de que se recuperen las reservas perdidas.
Entonces, no habrá pesos para comprar dólares que restituyan los que Lavagna usara para pagarles a los organismos internacionales. Esto indica que las reservas no se recuperarán y que por lo tanto Lavagna también debilitó la capacidad de negociación de la Argentina con los acreedores privados casualmente en el momento en que se define comenzar el proceso de negociación. Es decir, contracción fiscal y monetaria para ahogar cualquier reactivación, y debilidad para encarar la renegociación del endeudamiento. Todo lo expuesto ha sido ofrendado por Lavagna, en canje por un aval del FMI para que la Argentina siga haciendo lo que ya venía haciendo: postergar los vencimientos con los organismos internacionales. Y que a partir de agosto se siente a negociar la profundización de las reformas estructurales con fuertes vencimientos sobre la cabeza.