› Por Sebastián Premici
El Estado nacional está diseñando una amplia política de telecomunicaciones que hará eje en la provisión de conectividad a través de fibra óptica, la utilización de las frecuencias 3G para brindar servicios de telefonía celular, la bajada de contenidos para la televisión digital abierta y la gestión y puesta en órbita de satélites de comunicaciones. El denominador común para llevar adelante esta estrategia es Arsat, una compañía pública que nació en 2006 para hacerse cargo de la operación de un satélite que pertenecía a la empresa Nahuelsat, pero con el tiempo pasó a ocupar un rol central en la planificación de la política de telecomunicaciones del Estado.
El modelo de negocios de Arsat apunta a ser el instrumentador del acceso a la conectividad, es decir que pondrá a disposición de otras empresas la infraestructura de conectividad para que las cooperativas y pymes puedan brindar servicios y competir con los grandes jugadores del mercado, como Telefónica, Telecom y Claro (Telmex) en la provisión de comunicaciones móviles e Internet y el Grupo Clarín, en lo que hace a contenidos audiovisuales, quienes hoy funcionan como “peajes tecnológicos”.
“Sin la presencia de Arsat sería imposible desplegar una cobertura nacional de telecomunicaciones con fibra óptica, satélites y telefonía. Esto podrá sorprender un poco a las telcos (empresas de telecomunicaciones), pero todos los que están vinculados con las cooperativas y pymes del sector saben que esta idea se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Estamos pensando en un sistema de telecomunicaciones nacional y popular, no basado solamente en el mercado. ¿Está mal eso? No. Ni desde el punto de vista estratégico ni de la eficiencia en el servicio”, explicó a Cash Osvaldo Nemirovsci, coordinador del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.
La Empresa de Soluciones Satelitales S. A. (Arsat) fue creada con la Ley 26.092. Surgió de la necesidad de hacerse cargo de las operaciones satelitales de Nahuelsat, una empresa integrada por el consorcio alemán EADS y la italiana Finmeccanica. En 2005, la Argentina estaba por perder la posición orbital que manejaba Nahuelsat. El secretario de Comunicaciones de aquellos días, Guillermo Moreno, negoció con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) la extensión del plazo para operar la posición orbital 81, que era requerida por Inglaterra. Al año siguiente, el Congreso sancionó la creación de Arsat y se expropiaron los bienes de Nahuelsat.
Los investigadores Jan van Ciulenburg y Denis McQuail estudiaron los procesos de convergencia tecnológica y determinaron tres etapas: la primera marcada por la injerencia estatal y el predominio de los fabricantes de tecnología, que se extendió hasta la Segunda Guerra Mundial; otra que se centró en el desarrollo del concepto de servicios públicos alrededor de estas compañías y una tercera, que coincidió con el surgimiento del neoliberalismo a nivel mundial, es decir la apertura indiscriminada hacia los mercados. Pero ahora el paradigma podría centrarse nuevamente en la presencia del Estado como un fuerte jugador en el mercado de las telecomunicaciones, tal como está sucediendo en América latina.
¿Cómo puede regular el Estado? Puede hacerlo a través de leyes, decretos, resoluciones o decisiones administrativas. Un ejemplo claro es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que contiene lineamientos para la televisión digital, uno de los segmentos donde está trabajando Arsat. La otra alternativa podría ser a partir de una empresa testigo en un segmento determinado.
“Con Arsat pisando fuerte en el mercado de las telecomunicaciones, se puede plantear un escenario distinto entre las grandes y pequeñas empresas del sector. Pero hay algo mucho más político que ser una empresa testigo. Con este desarrollo en infraestructura, los mejores defensores de la política de telecomunicaciones del Estado (que incluirá acceso a Internet, telefonía móvil y contenidos audiovisuales, elementos clave en las sociedades actuales) van a ser las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas. Si les das conectividad, las mejores defensoras del modelo serán las pymes y cooperativas”, sostuvo a Cash Ricardo Beltrán, docente de la UBA.
El pasado 5 de septiembre, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció la suspensión de la licitación de una porción del espectro radioeléctrico destinado a las frecuencias de tercera generación (3G), las cuales pasaron a ser administradas por Arsat. De esta manera, el Estado obtuvo para sí el 20,1 por ciento de las frecuencias disponibles. El ministro sostuvo que la compañía estatal brindaría servicios –como mayorista– a pymes y cooperativas. Pero no descartó la posibilidad de constituirse como una empresa prestadora del servicio.
En el mundo existe el modelo de los operadores virtuales, que son empresas que no tienen infraestructura, pero ofrecen servicios a través de los operadores que sí tienen una red montada. En Argentina está la experiencia de Fecosur, que a través de la empresa Telecom ofrece servicios de telefonía celular con la marca Nuestro.
“El problema con este modelo es que las telcos ponen un alto precio de interconexión y de esa manera dejan afuera a las pymes”, indicó a este suplemento un funcionario de Planificación. En Europa es común encontrarse con el modelo de los operadores virtuales, pero con una diferencia: los precios están regulados. En Argentina, la telefonía celular está abierta al libre juego del mercado, que es manejado por un oligopolio de tres compañías.
“Que una parte del espectro sea gestionado por una empresa estatal merece ser aplaudido. El oligopolio de Movistar, Personal y Claro ha sido perjudicial para el pueblo argentino y el desarrollo de las comunicaciones”, manifestó Franco Cecchini, presidente de la Cámara de Comunicaciones Convergentes.
Arsat brindará servicios de telefonía celular como empresa mayorista. También se está armando un plan técnico para que se convierta en operador directo. El “paper” tiene el nombre de Arsat Operador Móvil. Uno de los razonamientos para que la empresa pública juegue en primera persona es sencillo: las cooperativas o pymes podrán brindar servicios a través de Arsat, pero en el Gobierno se preguntan cómo harán para negociar el famoso roaming con los grandes jugadores del mundo. Por eso una de las opciones que barajan es que Arsat sea un operador pleno, para garantizarles a las pymes y cooperativas la interconexión con los distintos operadores del país y del exterior.
“En dos o tres años, Arsat podría tener un nicho del 12 o 13 por ciento del mercado con las cooperativas”, indicó Nemirovsci.
El plan más ambicioso en telecomunicaciones es la construcción de un tendido de fibra óptica de 58.000 kilómetros, que atravesará todo el país. Esta infraestructura no sólo permitirá llevar Internet a todo los sectores del país, sino que será una plataforma para que distintas empresas puedan distribuir sus contenidos audiovisuales. La construcción de esta red está íntimamente ligada con la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “El negocio está en los servicios que se prestan sobre la conectividad. Y Arsat es el gran instrumentador del acceso a esa conectividad. Es decir, pondrá a disposición la infraestructura”, indicó a este suplemento un funcionario que está en la letra chica del proyecto.
La lógica del Gobierno es crear un nuevo ecosistema, una nueva manera de moverse en el sector de las comunicaciones. “Se abaratarán los costos de transmisión. Es el Estado el que invierte en infraestructura. De esta manera, los canales de televisión de todo el país (los de aire y cable) invertirán en contenidos y no tanto en la red”, explicaron.
El Estado ya invirtió 828 millones de pesos para el desarrollo de la red troncal de conectividad, de un total estimado en 7622 millones. De los 58.000 kilómetros, ya están en ejecución 15.000 kilómetros de fibra óptica, de los cuales 4000 ya fueron instalados por Arsat.
En la Argentina, el negocio mayorista es muy rentable para Telefónica y Telecom, dueños de la infraestructura y la llegada a los hogares (bucle del abonado). Por ejemplo, en Las Toninas, que es donde está el cable que llega desde Miami, una pyme puede comprar acceso a banda ancha para luego comercializarlo a 15 dólares el mega. En la CABA, ese mismo mega sale entre 50 y 60 dólares. En Rosario, 300 dólares. Y en Clorinda, 800 dólares. “El precio que hoy cobran las grandes telcos está puesto para que no entren nuevos jugadores. Por eso se creó la red federal de fibra óptica, que permitirá dar conectividad de manera mayorista con una tarifa menor y plana”, indicaron a este suplemento desde el programa Argentina Conectada.
La clave de esta inversión estatal no radica sólo en ofrecer posibilidades de acceso a Internet, sino que se habla de un concepto más amplio: derecho a la conectividad. En la práctica, el servicio básico es la conectividad, es decir, la red de fibra óptica permitirá generar servicios básicos distribuidos de manera gratuita, como por ejemplo herramientas de e-goverment o producciones audiovisuales.
El Ministerio de Planificación ya destinó 200 millones de pesos para la generación de Contenidos Digitales Abiertos, que pueden ser utilizados por distintos canales o empresas de telecomunicaciones, ya sea para la TDA o empresas de cable. “Será una desagregación del bucle del abonado, pero al revés”, sostienen desde el Ejecutivo.
Un tubo de fibra óptica que llega a una ciudad determinada tiene la posibilidad de brindar servicios para siete operadores diferentes. Un tubo tiene 7 receptáculos para los pelos de fibra óptica (como máximo). Cada uno de esos canales puede servir de plataforma para que una cooperativa, una pyme, un privado y el Estado (nacional, provincial, o municipal) brinden algún tipo de servicio sobre esa red. El objetivo de Arsat será poner a disposición esa infraestructura compartida.
El objetivo de la empresa pública Arsat es ser un “acercador” de la tecnología necesaria para ampliar las bases del desarrollo de las comunicaciones en el país. Con la Televisión Digital Abierta ocurre algo similar. El Estado ya invirtió 1121 millones de pesos en el desa-rrollo de la TDA, de un total estimado en 3156 millones. Ya se distribuyeron 1,1 millón de decodificadores, y se instalaron 50 estaciones digitales que ya están operativas. Para fin de año, se calcula que habrá 90 estaciones operativas, lo que permitiría alcanzar una cobertura del 90 por ciento del territorio nacional.
En este proceso, Arsat será la responsable de realizar el transporte de video, audio y datos a las estaciones digitales a través de su capacidad satelital, fibra óptica o radio enlace. La televisión digital permitirá multiplicar la cantidad de canales que se emiten por aire.
Con un transmisor, una antena y un multiplexador, se puede llegar a tener cinco canales donde antes había uno solo. Antes, el que recibía una licencia de radiodifusión tenía que tener su propio transmisor. Con la TDA, cambia la lógica. El canal de televisión podrá dedicarse a brindar contenidos, mientras que la infraestructura será provista por Arsat.
“Esta es una empresa capaz de gestionar muy alta tecnología. Es imprescindible para impulsar el desarrollo tecnológico argentino”, sostuvo Beltrán
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