El célebre “cepo al dólar” tiene un potencial revolucionario para la economía local. No obstante, como se trata de una medida antipática y genera bronca en una porción reducida de la sociedad, pero con alta capacidad de influencia, ha sido una de las jugadas más arriesgadas del Gobierno. A pesar de la gran difusión mediática del tema, sólo el 12 por ciento de la población adquirió dólares, según el Banco Central, entre julio y setiembre de 2011, período de muy alta intensidad de fuga de capitales.

En un país que ha vivido con un horizonte de decisiones de política económica de corto plazo, el cepo sólo se pudo aplicar no bien comenzó un período no electivo. Habría sido mucho más fácil, en función de los intereses políticos exclusivamente de corto plazo, tomar deuda, como lo hicieron la dictadura de mediados de los años setenta y los gobiernos democráticos durante el pánico económico de fines de los ochenta. El Gobierno ha tenido que esperar hasta las elecciones para tomar una medida con un impacto inmediato en la opinión pública.

Ahora bien, como toda medida de alto impacto político-económico y con potencial transformador, afecta intereses de poderosos sectores, especialmente de grupos rentísticos y especulativos. Sin embargo, también es percibido negativamente por sectores de ingresos medios/altos con capacidad de ahorro que, frente a las enormes crisis donde se desvalorizó la moneda nacional, se han acostumbrado a preservar sus ahorros comprando dólares, y desconocen alternativas de ahorro en pesos o creen que estas opciones son más vulnerables frente a la inflación.

Aquí la comunicación juega un rol fundamental. Ese rechazo es magnificado por la prensa enfrentada al Gobierno, que encuentra una nueva razón para deteriorar la imagen de la gestión estatal, ya que el cepo parece perjudicar a un sector de la población. Esos medios tampoco explican la importancia estratégica de la utilización de las divisas para otros fines, además del atesoramiento, como lo son el pago de la deuda y la incorporación de tecnología del exterior para el desarrollo productivo.

A su vez, el aval de la medida se deteriora por el hecho de que su impacto en una primera etapa es difuso respecto de su potencial para impulsar el crecimiento industrial y aumentar la capacidad de acción de la política económica. En efecto, en la medida en que el peso vaya teniendo más usos en contratos (como el de la compra de inmuebles) la política monetaria tendrá mayor incidencia en el direccionamiento de la actividad productiva. Además, el reciente debilitamiento de la demanda global por la crisis internacional, las exigencias del pago de la deuda y la sequía de fines de año pasado implicaron la necesidad de mantener una política de utilización de las divisas muy cautelosa.

Al igual que en el conflicto del campo, es una medida que perjudica a sectores cuyo beneficio no está ligado al desarrollo del mercado interno, que tienen un mercado mucho más grande en el exterior y no dependen del crecimiento de la plataforma nacional para avanzar en su proyecto de acumulación. De hecho, su injerencia en las decisiones políticas en nuestro país podría verse afectada seriamente si otras actividades con mucha mayor capacidad de crecimiento, como las industriales, pudieran despegar.

En esa misión, el acceso al dólar es clave y es una medida que divide aguas. Lamentablemente, el efecto del cepo tiene costo político y recién comenzaría a ser identificable en el mediano y largo plazo. Es una medida que expandirá la economía en la medida que el gobierno nacional tenga la capacidad de orientar las divisas, a través de diversos instrumentos de política pública, al desarrollo productivo y social del país

* Director Ejecutivo de la Fundación Pro Tejer y economista del GEENaP.