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Las medidas de administración comercial, destinadas a proteger a la industria nacional marcan un notorio quiebre con las políticas noventistas. Esas políticas librecambistas estuvieron alineadas con las normas impulsadas por la OMC. En ese sentido, los cánones institucionales impuestos por la OMC restringieron las posibilidades de implementación de políticas comerciales nacionales. Por ejemplo, la tasa máxima arancelaria admitida es del 35 por ciento reduciéndose notoriamente las potencialidades de una herramienta utilizada durante la vigencia de los modelos sustitutivos latinoamericanos.

La OMC también regula estrictamente la utilización de distintos tipos de instrumentos como el antidumping, la salvaguardia, las medidas compensatorias del subsidio, las licencias no automáticas de importaciones o los valores criterio. En el marco del Mercosur existe una restricción adicional: la elevación del Arancel Externo Común requiere la aprobación de todos los países miembro. A pesar de todas esas limitaciones, el gobierno argentino apeló a todas las herramientas disponibles (manejo del tipo de cambio, licencias no automáticas, acciones antidumping) para proteger a la industria doméstica.

CFK sostuvo recientemente que “algunos creen que las reglas de un modelo económico tienen que ser fijas, estáticas. Pero el corazón del proyecto es el crecimiento, la generación de trabajo, el consumo y la reindustrialización”. La disquisición entre modelo y proyecto le sirvió a la Presidenta para señalar que “hay instrumentos que un día sirven y que otro día no sirven”. Las palabras presidenciales pueden aplicarse a las diferentes herramientas utilizadas, en distintos momentos, para apoyar a la industria nacional. El principal instrumento empleado durante el período 2003-2007 fue la preservación de un tipo de cambio competitivo. A partir de 2008, la estrategia gubernamental incluyó la utilización de herramientas específicas de protección a la industria nacional (licencias no automáticas, antidumping). Esas medidas estuvieron destinadas a morigerar el ingreso de las importaciones, en general, y chinas, en particular. En su trabajo “La defensa de la industria nacional frente a la emergencia de China. El caso de las medidas antidumping”, el economista Martín Burgos explica que “en Argentina, China es el principal origen de las importaciones investigadas por dumping”, agregando que “aunque ese origen sólo representa 12 por ciento de las importaciones totales realizadas por nuestro país, es el origen más investigado por dumping con casi 50 por ciento del total de los casos”.

Las medidas dictadas para evitar una “invasión” de productos chinos distan de ser una originalidad argentina. En la actualidad, China es el principal país exportador investigado por casos de dumping a nivel mundial.

Burgos se pregunta “¿por qué el gobierno argentino eligió el camino de las herramientas específicas en lugar de la devaluación compensada?”. Su contestación es que “la principal razón parece ser la derrota parlamentaria resultante del conflicto de marzo-julio de 2008 entre el Gobierno y los representantes de los empresarios rurales, que hizo imposible todo ajuste de la alícuota de las retenciones a las exportaciones. Devaluar en esas condiciones hubiese significado reducir el salario real de los trabajadores, que eran un importante apoyo político del Gobierno. Así puede hacerse más entendible el uso de herramientas menos eficaces como el antidumping, pero que permitieron capear la crisis y responder a las preocupaciones de los empresarios y los trabajadores”

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