En declaraciones hechas el 30 de septiembre al diario santacruceño La Opinión Austral, Jorge Palmés, gerente general de Cerro Vanguardia, sostiene que la minería en la Argentina no está atravesando su mejor momento. Según el empresario, dicha situación obedece, entre otros factores, “al atraso cambiario, los elevados salarios, la alta inflación y las restricciones a las importaciones”. Algunos datos, sin embargo, podrían relativizar tanto dramatismo, al menos en lo que hace al desempeño exportador del sector en perspectiva. Las exportaciones mineras pasaron de representar un 1,3 por ciento del total en 1990 a 6 por ciento de la actualidad. El valor bruto de producción en valores constantes creció a una tasa anual de 7 por ciento, mientras que a valores corrientes el ritmo anual fue de 23 por ciento, además de haberse incrementado notablemente la cantidad de yacimientos en todo el país. Por eso es que, más allá del pesimismo crónico en parte del empresariado argentino sobre la política económica actual, dichos indicadores sobre la evolución reciente de la minería metalífera en la Argentina resultan concluyentes.

En “Fiscalidad y minería en la Argentina: el caso de la renta de oro en el marco de la crisis financiera internacional”, publicado en Revista Voces en el Fénix Nº 14, Pilar Palmieri demuestra que, a medida que se fue incrementando la producción aurífera, la participación del Estado en su captación fue significativamente menor a favor de los privados, pasando de 34 por ciento en 2008 a 24 por ciento en 2010. Miguel Ferro, presidente de Fomicruz –empresa provincial que participa con un 7,5 por ciento del yacimiento santacruceño– lo confirma: el 12 de agosto sostuvo a otro medio local que la minería en la provincia “deja muy poco dinero”.

La discusión sobre el desarrollo económico que promueve la actividad, y las ganancias que un sector en plena expansión reporta para el Estado, adquiere enorme relevancia. La Cámara de Empresarios Mineros encargó el informe a la consultora Abeceb “Dimensionamiento del Aporte Económico de la Minería en Argentina”, donde se destaca su contribución al crecimiento del empleo, la producción, la recaudación del Estado nacional y las provincias, el incremento del stock interno de capital y el aplazamiento de la restricción externa por las divisas que aporta el sector. Los 5600 millones de pesos que la minería representó para el sector público nacional estaría confirmando una presión del 52 por ciento del PBI sectorial y del 24 por ciento del valor bruto de producción, según enuncian los empresarios para evitar cualquier tributo adicional que pudiera plantearse frente a la fabulosa rentabilidad del sector, en un contexto de persistente incremento en la cotización internacional de los metales.

En Argentina, la minería está regulada por la Ley de Inversiones Mineras, sancionada en 1993, que otorga a las empresas amplios beneficios impositivos. En general, consagrar estabilidad fiscal y regímenes de promoción fue una tendencia en toda la región, que durante los noventa buscó captar inversiones en un sector con gran cantidad de reservas inexploradas y, casi en su mayoría, ubicadas en zonas geográficas con enormes deudas sociales. El objetivo entonces fue llegar con el discurso del progreso en lugares con poca o nula presencia estatal. Y las empresas mineras, en muchos casos, se favorecieron operando sobre países con gran desigualdad regional, asumiendo protagonismo en construcción de escuelas, financiamiento de universidades, o mantenimiento de rutas y hospitales. Eso ubicó en extremos irreconciliables a defensores y críticos de la actividad, tanto en la Argentina como en muchos otros países de Sudamérica.

Por lo tanto, frente al fundamentalismo antiminero, que niega cualquier posibilidad de debatir alcances y límites de la actividad, y la resistencia de las corporaciones a discutir sus ganancias, asoma como urgente y necesario el replanteo sobre una mayor participación del Estado en un sector ampliamente dominado por el capital extranjero. Mayor participación tanto para asegurar prácticas sustentables con el medio ambiente, sancionando a empresas que no cumplan con los requisitos establecidos, como en consolidar un aumento en la captación de la renta que hoy aparece desproporcionadamente a favor de los privados

* GEENaP.

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