Por Andres Asiain y Lorena Putero

Una parte de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y de las demás urbes del país suelen considerarse ciudadanos de un mundo cuya carta de ciudadanía global es el billete norteamericano. Por esa razón, las últimas regulaciones del mercado de cambios se le presentan como un intento autoritario por cercenar sus libertades individuales. Pero en la aldea global forjada por el neoliberalismo, la libertad cotiza en la Bolsa. Y es así como, detrás del reclamo libertario de la clase media, se esconden fuertes intereses económicos que especulan con hacerse una diferencia a su costa.

Están en primer lugar aquellos grupos económicos que comenzaron a atesorar moneda extranjera a finales del 2007, y que ya llevan cinco años perdiendo dinero. Mientras que el dólar rindió un 8 por ciento anual, en la plaza local podrían haber colocado esos fondos financiando créditos al consumo a un 30 por ciento o más. Desesperados por una devaluación que no llega, se dedican a devaluar al ahorrista medio asustándolo con profecías apocalípticas para terminar vendiéndole los dólares a precios excesivos en alguna cueva. También esperan ansiosos la liberación cambiaria los exportadores que obtienen ingresos en moneda extranjera y pagan salarios en moneda nacional. Un alza del dólar ensancharía la diferencia entre ambos, con su consecuente impacto en los beneficios. Por último están los que apuestan a la desestabilización. Sin chances electorales ni posibilidad de golpear cuarteles como sucedía décadas atrás, apuestan al golpe de mercado y ponen a su servicio todo su poder económico y mediático.

De esta combinación de factores resultó una fuga de capitales que sumó desde comienzos de 2007 unos 67.000 millones de dólares. A esa presión sobre el mercado de divisas se le agregó –en el último año– la contracción de los mercados donde colocar nuestros productos industriales por el impacto de la crisis externa y una sequía que redujo la producción agrícola exportable. Ante esa situación, se implementó una serie de medidas destinadas a cuidar las divisas y privilegiar su utilización para el sostenimiento de la actividad económica (que requiere de la importación de insumos y maquinarias que no se fabrican en el país). Se termina con el régimen de privilegio de las mineras y petroleras y se les exige liquidar los dólares por sus exportaciones en el Banco Central. Se obliga a las aseguradoras a traer los fondos invertidos en el exterior. Se restringe la remisión de utilidades de las multinacionales y se expropia el 51 por ciento del paquete accionario de la mayor empresa del país para revertir el déficit energético. Se instrumenta una serie de papeleríos destinados a evitar importaciones de productos que se pueden fabricar localmente, imponiendo como condición para el acceso al dólar por parte de las empresas que amplíen sus exportaciones.

También se regula la compra de dólares por particulares, dificultando el ahorro en moneda extranjera o el turismo fuera del país. Pero si bien estas regulaciones pueden molestar a ciertos sectores medios, la alternativa de libertad cambiaria podría haber derivado en un caos económico, con fuerte devaluación del peso, aceleración de la inflación y derrumbe del empleo. En ese caso, muy pocos tendrían ingresos suficientes para ahorrar siquiera en pesos, ni para pasear aun dentro del país. Eso sí, muchos se agolparían en Ezeiza pero no para irse de vacaciones como lo hacen actualmente (aun con las restricciones), sino para escaparse de la crisis y probar suerte en otro lugar, tal como sucedía hace apenas diez años

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