Por Daniel Azpiazu y Martín Schorr *

La peculiar estrategia renegociadora que ha venido desplegando el gobierno de Duhalde con las privatizadas ha revelado una ostensible sumisión frente al poder de lobbying de las empresas. Y también a la presión de los organismos multilaterales de crédito y de los propios gobiernos de los países de origen de esas compañías. Así, mientras que en varios sectores se mantuvo la dolarización de parte sustantiva de los ingresos empresarios, en otros no se encaró una revisión integral de los contratos, tal como hubiera correspondido de haberse respetado el “espíritu” y la “letra” de la Ley de Emergencia. En realidad, toda la renegociación terminó focalizándose casi de manera exclusiva en la cuestión tarifaria.
El Gobierno desplegó una estrategia consistente, en muchos casos, en dilatar todo lo posible el proceso de renegociación, dejando así una pesada herencia para la próxima administración. Esta deberá encarar una ardua tarea que, no obstante, según sea la forma en que se la realice, permitirá revertir –o no– una de las mayores inequidades económico-sociales a las que asistió la Argentina en los últimos años: los desmedidos privilegios de que gozaron las privatizadas.
En tal sentido, la primera e insoslayable tarea a encarar por el nuevo gobierno debería ser la de postergar, por la vía parlamentaria, la vigencia de la Ley de Emergencia en todos aquellos artículos que, directa o indirectamente, se vinculan con la actividad de las privatizadas. En principio, muchas de esas firmas han hecho reserva de sus derechos y, de no mediar alguna ley específica, podrían llegar a reclamar el retorno a la –privilegiada, para sus intereses– situación vigente antes de la sanción de la Ley de Emergencia. Previo a encarar un replanteo integral de la relación Estado-privatizadas en el campo normativo y regulatorio, es indispensable contar con el contexto legal que permita desarrollar todas aquellas acciones tendientes a la formulación de una nueva y distinta política en torno del papel que se le asigne a las empresas privatizadas en el escenario de la posconvertibilidad.
En paralelo, y contraponiéndose a la debilidad estatal puesta de manifiesto durante las renegociaciones encaradas por Duhalde, se torna imprescindible la revisión integral de todos los incumplimientos empresarios registrados en los ‘90. Ello adquiere particular trascendencia en aquellos casos que justifican sobradamente la caducidad o la rescisión de los respectivos contratos. Ante tal circunstancia cabría convocar a un plebiscito de forma que sea la sociedad la que defina qué empresas/servicios se reprivatizan o si, por el contrario, retornan a la conducción estatal. Esto último, bajo condiciones muy distintas de las de otrora, donde el gerenciamiento calificado y un estricto control por parte de los trabajadores y de los consumidores subordine por completo los espurios intereses políticos y económicos que, en su momento, aportaron argumentos sólidos a los promotores de las privatizaciones.
Esta eventual recuperación, por parte del conjunto de la sociedad, del control sobre las estratégicas prestatarias de servicios públicos se contrapone con las propuestas realizadas por varios candidatos presidenciales que propugnan la reestatización de diversas compañías privatizadas. Las mismas han sido alentadas por un número importante de los actuales agentes privados propietarios, licenciatarios o concesionarios de las ex empresas públicas que, ante el nuevo escenario que se configuró en el país a partir del abandono de la convertibilidad, proponen terminar de cerrar el privilegiado proceso de acumulación y reproducción del capital que registraron durante la década de los ‘90, mediante una peculiar reestatización de los servicios privatizados. Se trata de una propuesta por la cual los privados no se harían cargo de los incumplimientos contractuales verificados, al tiempo que el Estado tendría que asumir como propios los fenomenales niveles de endeudamiento externo de las compañías. Ello no constituye un dato menor si se considera que, en el marco de la crisis más aguda y prolongada de la historia contemporánea del país, el Estado se encuentra virtualmente quebrado, con lo cual difícilmente cuente con los recursos necesarios para hacerse cargo de empresas que, en muchos casos, están contablemente quebradas y que prestan los servicios con niveles de calidad muy inferiores a los acordados contractualmente.
En definitiva, antes de encarar cualquier propuesta vinculada con la problemática regulatoria en su sentido más estricto, se torna indispensable la revisión de todo lo actuado en la materia. Es más, la misma debería retrotraerse al inicio de actividad de cada una de las empresas prestatarias de los servicios de forma de identificar –y sancionar, cuando así correspondiere– todos los incumplimientos, ilegalidades y conductas que presupongan el abuso de posición dominante o el ejercicio de prácticas desleales y/o anticompetitivas que contravengan las disposiciones legales. Recién después de haber avanzado en ese terreno se contará con suficientes elementos de juicio como para avanzar en la necesaria redefinición de todo el entramado normativo y regulatorio relacionado con los servicios públicos y, eventualmente, en la revocación de los contratos con varias de las actuales empresas prestatarias.

* Investigadores del Area de Economía y Tecnología de la FLACSO-Sede Argentina.