El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) es una organización autónoma, creada en 1966, que opera dentro de la órbita del Banco Mundial. El Ciadi forma parte del andamiaje institucional neoliberal diseñado para proteger a las inversiones extranjeras. Los laudos emitidos por ese tribunal, constituido ad hoc para cada caso en particular, son inapelables. Ese organismo tuvo muy poca actividad hasta la difusión de los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) y los Tratados de Libre Comercio (TLC). Esos convenios legitimaron a los tribunales arbitrales internacionales.

Argentina firmó 55 TBI durante en los noventa. Esos convenios incluyeron fuertes garantías al capital extranjero: trato no discriminatorio, libre disposición y remisión de utilidades, libre repatriación de capitales, imposibilidad de establecer limitaciones al desempeño productivo (por ejemplo, exigencia de un mínimo de proveedores locales), indemnizaciones por pérdidas sufridas por diversos motivos (conflicto armado, emergencia nacional, desastre natural), limitaciones a las expropiaciones y el reconocimiento de tribunales arbitrales internacionales.

De esa manera, la firma de los TBI abrió las puertas para que Argentina fuera el país que acumulara mayor cantidad de demandas ante el Ciadi (48 casos) luego de que aprobara la Ley de Emergencia Pública. Más de la mitad de los casos ya se resolvieron favorablemente para las pretensiones argentinas debido a la decisión arbitral o el desistimiento de la demanda. Uno de ellos fue el de Siemmens. La compañía alemana había sido adjudicada para la ejecución de un contrato, valuado en 1260 millones de dólares, destinado a la provisión de los documentos de identidad e informatización de los movimientos de pasajeros y cargas en los pasos de frontera. En febrero de 2000, el gobierno de De la Rúa rescindió el contrato debido a las notorias irregularidades observadas en el trámite licitatorio.

En 2007, el tribunal del Ciadi condenó a la Argentina a pagar 208 millones de dólares por haber violado el tratado firmado con Alemania sobre protección recíproca de inversiones. A pesar de eso, Siemmens retiró la demanda dos años más tarde. Esa decisión estuvo determinada por el acuerdo alcanzado entre el grupo alemán, el Departamento de Justicia y la comisión de valores norteamericana, en donde la compañía reconoció haber violado la ley de prácticas de corrupción en el extranjero debido al pago de sobornos a funcionarios de distintos países (entre ellos, la Argentina).

En la actualidad, los veintidós juicios pendientes contra la Argentina acumulan un monto demandado de 20 mil millones de dólares. En algunos, el Ciadi ya emitió una resolución contraria a las pretensiones argentinas. La falta de cumplimiento de esos fallos fue la excusa utilizada por los representantes norteamericanos ante organismos financieros internacionales (BID, BM) para votar en contra del otorgamiento de préstamos al país. El gobierno argentino argumenta que la ejecución del laudo debe solicitarse ante los tribunales locales. El diputado nacional (FpV) Eric Calcagno entiende que la prórroga de jurisdicción a los tribunales del Ciadi es inconstitucional debido a que no fue aprobada por el Congreso. Por eso, Calcagno sostiene que cualquier arbitraje del Ciadi respecto de la Argentina es nulo.

El cambio de época que registra Latinoamérica podría implicar una revisión del rol conferido a los tribunales arbitrales internacionales. Algunas versiones indican que Cristina Fernández de Kirchner evalúa retirarse del Ciadi y denunciar los TBI

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