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La oposición social al recetario auspiciado por el Consenso Washington fue creciendo desde principios de siglo en la mayoría de los países latinoamericanos. Los tradicionales sondeos del Latinobarómetro fueron dando cuenta de las modificaciones operadas en la opinión pública. El respaldo popular a las privatizaciones se fue reduciendo del 46 al 22 por ciento desde 1998 hasta 2003. Esa tendencia general se acentuó en la Argentina, donde el apoyo descendió del 32 al 18 por ciento. La crisis del proyecto neoliberal y la debacle económico-social sentó las bases para el arribo al gobierno de líderes de cuño centroizquierdista. Ese fue el caso de Hugo Chávez (año 1998), Lula da Silva (2002), Néstor Kirchner (2003), Tabaré Vázquez (2005), Evo Morales (2005), Rafael Correa (2006) y Fernando Lugo (2008), más allá de las lógicas diferencias que puedan señalarse entre los procesos políticos encabezados por esos dirigentes. Emir Sader señaló que “estos gobiernos, en grados diferentes, fueron electos como reacción a los gobiernos ortodoxos neoliberales, y con la fuerza de sus promesas de reinstalar derechos sociales, reducir el poder de mercado y restaurar el rol del Estado”.

La implementación de políticas públicas alejadas del paradigma neoliberal posibilitó una progresiva recuperación del tejido social. Así, el balance económico-social de América latina fue satisfactorio durante la primera década del siglo XXI. La región tuvo un ritmo de crecimiento superior a la media mundial y al promedio de los países desarrollados. El crecimiento económico regional posibilitó la expansión del empleo y la reducción de la pobreza. En un reciente informe sobre el “Panorama Social de América latina”, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó la persistente reducción de la pobreza latinoamericana.

La tasa de pobreza disminuyó un 1,6 por ciento en 2011 con relación al año anterior. En la actualidad, 168 millones de latinoamericanos (el 29,4 por ciento de la población total) se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La principal causa de esa mejora fue el aumento de los ingresos laborales en los hogares pobres. Las políticas de transferencias de ingreso (planes asistenciales) también contribuyeron, aunque en menor medida, a ese descenso.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, sostuvo que “las actuales tasas de pobreza e indigencia son las más bajas observadas en las últimas tres décadas, lo que es una buena noticia para la región, pero aún estamos frente a niveles inaceptables en muchos países. El desafío es generar empleos de calidad en el marco de un modelo de desarrollo orientado a la igualdad y la sostenibilidad ambiental”.

Por su parte, la tasa de desempleo promedio se redujo del 7,3 al 6,7 por ciento con respecto al año anterior. De esa manera, el desempleo se ubicó en los niveles más bajos desde mediados de la década de 1990. A su vez, la recuperación económica provocó un intenso crecimiento de los sectores medios. El Banco Mundial sostuvo que, durante la primera década del siglo, la clase media regional se expandió de 103 a 152 millones de personas.

Esa ampliación de los sectores medios fue liderada por la Argentina (donde involucró al 25 por ciento de la población total), seguida por Brasil (22 por ciento), Uruguay (20 por ciento) y Colombia (16 por ciento).

En algunos países, el crecimiento económico también se tradujo en una reducción de la desigualdad.

Sin perjuicio de eso, la desigualdad en la distribución del ingreso continúa siendo un obstáculo para la conformación de una sociedad más integrada. Las últimas estadísticas disponibles indican que el 10 por ciento más rico de la población latinoamericana recibe el 32 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 40 por ciento más pobre percibe apenas el 15 por ciento. Los mayores niveles de desigualdad se observaban en Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y la República Dominicana.

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