El superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, defiende las recientes modificaciones del sistema, pero advierte que “no fue una reforma integral sino una reforma al régimen resarcitorio, que era uno de los rincones más oscuros que tenía el sistema”. Reconoce que todavía es necesario avanzar en aspectos vinculados con la prevención de accidentes, calidad de las prestaciones médicas y regulación de las ART. La nueva legislación incrementó el monto de las indemnizaciones por accidentes laborales, estableció su actualización automática dos veces al año y redujo los plazos para cobrar. Las críticas se concentraron en el establecimiento de una opción excluyente entre cobrar por el sistema de riesgos del trabajo y la acción judicial. Con la nueva ley, los trabajadores que decidan cobrar de la ART no podrán ir a la Justicia a pedir una reparación mayor. En medio de los preparativos para la 10a Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que se realizará esta semana en Tecnópolis, Gaviola afirma que “tenemos que destruir la lógica de que las ART son un seguro, las ART tienen que ser mucho más que eso”. En la entrevista de Cash, el funcionario que también fue superintendente del desaparecido sistema de AFJP anticipa que se regularán las alícuotas que cobran las aseguradoras y se mejorará la calidad de las prestaciones médicas que ofrece el sistema.

¿Por qué se modificó la Ley de Riesgos de Trabajo?

–Era imprescindible modificarla porque se trata de un sistema que nació con muchos pecados originales que la Corte Suprema declaró inconstitucionales en 2004. El sistema estaba enfermo. La ley discriminaba a los trabajadores, ponía techos al pago de prestaciones e indemnizaciones que eran miserables y generó que gran parte de las reparaciones de los accidentes se resolviera en la Justicia. Al lado de los juicios legítimos se instaló un negocio de inventar enfermedades aprovechando debilidades de la Justicia, fundamentalmente en el sistema pericial, que terminaba pagando enfermedades inexistentes. No fue una reforma integral sino al régimen resarcitorio, que era uno de los rincones más oscuros que tenía el sistema. El objetivo del sistema es que el trabajador no se accidente, si accidenta que sane, y si no sana que cobre bien, rápido, sin ir a la Justicia, ni compartir la indemnización con nadie. Nosotros creemos que es una buena ley para los trabajadores, aunque tal vez no lo sea para algunos abogados que hacían mucha plata con eso.

¿Cómo evolucionaron los accidentes laborales en la última década?

–La mejora en el mercado de trabajo tiene que estar acompañada por empleos más saludables y seguros. Hoy tenemos cerca de nueve millones de trabajadores cubiertos por el sistema, alrededor de 600 mil accidentes al año, que van desde el corte de un dedo hasta el fallecimiento, de los cuales unos 50 mil se transforman en incapacidades permanentes. En las primeras etapas del proceso de reconstrucción después de la crisis de 2001-2002, con la incorporación de empresarios nuevos y la fuerte creación de puestos de trabajo, hubo un incremento en la siniestralidad. A partir de 2005-2006 se comenzó a amesetar la cantidad de accidentes y desde 2008 se observa una baja significativa. Tenemos más trabajadores con menos accidentes. Entre 2005 y 2012 las muertes por accidentes laborales bajaron más de 36 por ciento y los accidentes 25 por ciento. Hay que seguir mejorando pero, hoy se registran aproximadamente dos muertes diarias de trabajadores, cuando hace algunos años la cantidad de fallecidos llegaba hasta tres personas.

Los accidentes en trayecto desde y hacia el lugar de trabajo siguen siendo elevados.

–Los índices de accidentes in itinere siguen subiendo. A pesar de las mejoras en el consumo de combustibles, records de ventas de autos cero kilómetro, usados y motos, con más inversión vial, los accidentes en trayecto desde y hacia el trabajo todavía tienen una incidencia elevada. Esos accidentes están cubiertos por el sistema de ART.

Desde muchas organizaciones sindicales y asociaciones de abogados laboralistas consideran que las modificaciones a la ley implicaron un retroceso, porque sólo se ocuparon de la reparación del daño y no de la prevención de accidentes y la seguridad laboral.

–En Argentina en los últimos años avanzamos en que el trabajo sea más sano, menos peligroso y la gente se accidente menos. No necesitábamos una nueva ley para hacer prevención porque tenemos todos los elementos, lo que tenemos que lograr es hacer cumplir la regulación. Si en algún momento nos queda corto, vamos a ir por más aunque no necesariamente se debe reformar la ley. Este año vamos a trabajar con las doce actividades con más siniestralidad para lograr mejoras en las políticas de prevención a través de mesas cuatripartitas. La idea es terminar el año con manuales de buenas prácticas, diagramas de flujo de riesgo y si es necesario haremos decretos y normas como las que ya existen para el agro y la construcción.

¿Cuáles son las actividades con las que comenzarán a trabajar?

–Petróleo, minería, automotriz y la industria cárnica, entre otras actividades donde vamos a generar comisiones con la representación sindical y empresarial, el Estado y las ART. Por ejemplo, en la industria cárnica la mayor cantidad de lesiones son cortes de manos, en los tendones por movimientos repetitivos, problemas auditivos, afecciones por el frío. Hasta ahora, el sector empresario utiliza el sistema de riesgos de trabajo como un arma defensiva y creo que tenemos que pasar a que sea un arma ofensiva en la búsqueda de competitividad, productividad.

El sistema de ART, como está planteado, no apunta en ese sentido.

–En Argentina se pierden en forma directa por accidentes 18 millones de jornales al año, una cifra muy grande. Tenemos un promedio de 30 días de recuperación de accidentes, fundamentalmente traumatológicos, y el empresario no se preocupa porque tiene un seguro y termina siendo más caro el collar que el perro. Estamos tratando de que el sector empresario entienda que el sistema de riesgos de trabajo no es un sistema de seguro, como fue pensado inicialmente. Hay que replicar las prácticas de las empresas multinacionales, que no piensan que la seguridad sea un gasto; saben que es una inversión que se transforma en mayores ganancias.

Las multinacionales tampoco son ejemplos en términos de seguridad e higiene, como quedó demostrado con los casos de reducción a la servidumbre de muchas grandes empresas agropecuarias como Nidera.

–En general, muchas multinacionales tiene estándares más elevados que los de las pymes, pero es cierto que muchas otras tienen dobles estándares. En el caso del agro, que es un sector altamente rentable, hay muchísimo por hacer porque es uno de los sectores con mayores niveles de informalidad. Después de las denuncias, muchas multinacionales se pusieron a tono en materia de condiciones mínimas de vivienda, lo cual fue un avance.

Las pymes se quejan por los elevados costos que les imponen las ART para asegurarse. ¿Están evaluando algún tipo de regulación para la política de alícuotas?

–La alícuota promedio asciende al 3,2 por ciento de la masa salarial. Queremos ir hacia un régimen donde tienen que ser premiados con alícuotas menores quienes tienen menos accidentes. Estamos trabajando con la Superintendencia de Seguros porque observamos excesos de las ART en algunas actividades, que por ser muy riesgosas les fijan alícuotas exageradas. Por ejemplo, pueden llegar a reclamar alícuotas del 40 por ciento de la masa salarial, lo que implica cerrar la empresa. Hay que reducir los accidentes en ese lugar de trabajo, pero no puede ser que les cobren esas alícuotas. Además, el sistema de alícuotas está muy sucio por el componente de la litigiosidad. En muchos casos la alícuota no depende de los siniestros sino también de los juicios, que muchos no están fundados en accidentes reales. Queremos que el componente litigioso en la alícuota no sea relevante. Va a haber novedades pronto. En la última modificación a la ley, limitamos los costos comerciales y administrativos de las aseguradoras.

¿Hay espacio para mejorar la calidad de las prestaciones médicas que ofrece el sistema?

–El “Plan A” es que con la prevención primaria no haya lesiones ni enfermedades yendo a esos lugares de trabajo para lograr mejoras en materia de seguridad. Si falla ese plan, y el trabajadores se accidenta, entonces las prestaciones médicas deben ser de calidad y oportunas. La mayoría de los trabajadores está cubierta por 7 u 8 ART, sobre un total de 23, que tienen sistemas de soporte de prestaciones médicas poderosos.

¿Qué significa eso?

–Así como las obras sociales tienen sus PMO –Programas Médicos Obligatorios–, nosotros vamos a protocolizar el tratamiento médico de las diferentes lesiones y enfermedades para exigir que las ART, a través de sus prestadores, no puedan hacer menos que eso en los tiempos que nosotros fijemos. La atención es de regular para arriba, pero debe mejorarse y mucho.

Según datos de la OIT, el 38 por ciento del total de siniestros laborales son enfermedades profesionales, pero en nuestro país la cifra es muy baja porque el sistema de riesgos del trabajo no los reconoce.

–Esa es otra deuda del sistema. El no diagnóstico como enfermedad laboral implica que esos trabajadores no son cubiertos por el sistema. La responsabilidad de hacer el examen periódico es de la ART, pero ponerse a disposición es la del empleador y ahí surgen tensiones que tenemos que solucionar