Con el objetivo de trazar un certero diagnóstico sobre la economía actual, el investigador de la Facultad Flacso y el Centro de Estudios Cifra de la CTA, Pablo Manzanelli, editó en 2011, en coautoría con los investigadores Martín Schorr y el fallecido Daniel Azpiazu, el libro Concentración y extranjerización. La argentina en la posconvertibilidad (Capital Intelectual).

Pese a ser un trabajo que buscaba brindar conclusiones para el debate sobre la economía actual, el mismo fue también utilizado por gran parte de los opositores y la prensa hegemónica para desacreditar sin más al actual gobierno. “El dato empírico se puede interpretar de múltiples formas, y en este momento de polarización política y mediática es inevitable que cuando uno busca plantear un razonamiento sobre el proceso económico y social aparezcan quienes busquen usar eso de una forma que no es fiel a las interpretaciones del autor. En el área de economía de Flacso y en Cifra se busca complejizar el análisis de la posconvertibilidad para entender los nudos de los problemas y proponer ejes de intervención, con el objetivo de avanzar en políticas que tiendan a revertir esos problemas en un sentido progresivo. Los que tomaron este trabajo con otro sentido posiblemente tengan otros intereses”, sostiene Manzanelli.

Yendo a la investigación, ¿cuál es hoy el nivel de concentración y extranjerización de la economía argentina?

–El nivel de concentración dio un salto muy fuerte en la crisis de la salida de la convertibilidad, y luego se estabilizó en un nivel muy superior al de los noventa. Estimamos que la cúpula empresaria, conformada por las 200 empresas más grandes del país, explica el 28 por ciento de la producción nacional, lo cual es muy elevado en términos históricos para la Argentina. Además, a partir de mediados de la década del noventa se experimentó un creciente peso de las empresas extranjeras en esta cúpula, principalmente porque los grupos económicos nacionales vendieron su participación accionaria en las empresas privatizadas a los capitales extranjeros. De esta forma, de las 56 empresas extranjeras que integraban la cúpula de las 200 más grandes a comienzos de la década del noventa, se llegó a 92 en 2001. Y lejos de revertirse este fenómeno, se acentuó en la posconvertibilidad, a punto tal que en 2010 cerca de 115 firmas de las 200 más grandes del país estaban controladas por inversores foráneos.

¿En cuánto influyó el proceso de globalización en este cuadro?</p>

–No hay estudios que comparen la concentración argentina con la que experimentaron otros países, pero dudo de que el aumento de la misma en nuestro país sea un fenómeno generalizado o que forme parte de la tendencia inmanente del capitalismo. Concretamente, las 200 empresas más grandes pasaron de representar del 16 al 28 por ciento del valor de producción nacional entre 1993 y 2010, lo que arroja un aumento del 75 por ciento en el grado de concentración.

¿Cuáles son las principales dificultades que acarrea este cuadro para el país?

–La concentración económica no es en sí misma ni buena ni mala, es una tendencia propia del modo de producción actual, pero en un contexto específico, como el de la Argentina de la posconvertibilidad, no trajo aparejados importantes beneficios para el conjunto de la sociedad, como podría haber sido el alza del grado de inversión o el aumento de la productividad a través de la incorporación tecnológica, y ése es uno de los principales efectos perniciosos que tiene la concentración económica en nuestro país. Esas grandes empresas no han invertido proporcionalemente las abultadas ganancias que obtuvieron en este período, y han tenido además una influencia muy elevada en el incremento de los precios en los últimos años. Si bien el problema de la inflación es multicausal, en la Argentina ha tenido dos factores principales: la inflación importada, principalmente por los fuertes incrementos de los alimentos y la energía, así como también la producida por el papel que desempeñaron los oligopolios en la intensificación de la puja distributiva. De hecho, a partir de 2007 las dos terceras partes del aumento de los precios industriales están explicadas por las ramas altamente concentradas.

¿Qué cambios se produjeron en la economía para que los sectores concentrados modifiquen su estrategia?

–Se puede decir que existieron dos etapas. Entre 2002 y 2007 los intereses de los grandes grupos económicos eran compatibles con los objetivos económicos del Gobierno –el cual buscaba aumentar el empleo y los salarios–, entre otras cosas porque había un elevado crecimiento, capacidad ociosa instalada y salarios muy atrasados. Pero a partir de 2007 la progresividad en la distribución del ingreso se estanca, con una participación de alrededor del 40 por ciento de la masa salarial en el producto bruto nacional. Ese parecería ser el límite distributivo que toleran los grandes grupos en la Argentina, aunque más interesante aún es que en las grandes compañías la participación del salario es de un 25 por ciento. En ese marco, se intensifica la puja distributiva, con una economía que –crisis mundial mediante– de-sacelera su crecimiento, agota la capacidad ociosa, acelera el aumento de precios y aprecia el tipo de cambio. Allí, las fracciones dominantes de capital plantean una devaluación para reeditar el proceso de reducción de salario real de 2002, lo que entra en tensión con la política de ingresos del kirchnerismo. Por eso el Gobierno empieza a enfrentar a los sectores dominantes, y a plantear, en lugar de una devaluación, la reinversión de las utilidades para apuntalar la competitividad, el crecimiento y resolver los problemas de “restricción externa”.

¿Cuáles son, en esta disputa, las principales diferencias entre los grupos concentrados nacionales y extranjeros?

–Este patrón de comportamiento de elevadas ganancias y bajas inversiones tiene estrecha relación tanto con el capital extranjero concentrado como también con los grandes grupos trasnacionalizados argentinos, por lo que no parecería haber diferencias importantes. No estamos en presencia de una burguesía nacional –al menos dentro de la cúpula empresaria–, con sus intereses volcados en el mercado interno, por lo que creo que en este momento la disyuntiva no pasa por grupos locales o extranjeros sino por la capacidad del Estado de regular la operatoria de las grandes empresas, de impulsar a actores medianos que diversifiquen la producción, y de avanzar en su inserción en la producción directa.

¿Qué riesgos pueden acarrear aumentar estas regulaciones?

–Si tomamos el conflicto agrario por la resolución 125, las estatizaciones de las AFJP e YPF, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central –a partir de la cual se obligó a los bancos a destinar una parte de su cartera a inversiones productivas– y finalmente la negociación de facto para que las empresas extranjeras reinviertan sus utilidades, lo que podemos observar es que a partir de 2008 el Gobierno desafía la hegemonía política del capital concentrado, es decir, su capacidad de tener injerencia en las políticas públicas. Sin embargo, estos capitales continúan teniendo el predominio económico, lo que no es menor, ya que enfrentar al poder económico es absolutamente complejo y lo estamos viendo en la actualidad, por ejemplo, en la fuga de capitales por múltiples vías o en el impulso del dólar paralelo. También las presiones internacionales son muy fuertes, pero de todos modos no menos riesgoso es evitar las regulaciones, en la medida en que esto implicaría una profundización de los problemas que hoy enfrenta la Argentina para avanzar en un modelo inclusivo en lo socioeconómico.

¿Qué medidas considera más urgentes para este avance?

–Creo que el desafío de fondo es que las políticas mencionadas se encaucen en una estrategia de desarrollo, aún ausente, que tienda a apuntalar el proceso de sustitución de importaciones, y en el mediano y largo plazo a complejizar la matriz industrial con productos más complejos en lo tecnológico y con mayor valor agregado elaborado en el país. Hoy los principales problemas se relacionan con la demanda de divisas que implican la importación de autopartes, el sector energético, químico y de bienes de capital, entre otros, y por lo tanto parece necesario implementar políticas que contemplen alianzas políticas, económicas y sociales, para definir una estrategia de desarrollo que tienda a revertir esta situación. En relación con la estrategia de desarrollo, que debería contemplar las alianzas políticas, económicas y sociales que la hagan posible, el acuerdo con Chevron marca un interrogante.