“A los trabajadores hay que sacarles el Impuesto a las Ganancias, mientras no lo pague yo.”

Héctor Méndez,presidente de la UIA

Desde las usinas del esta-blishment se suele cuestionar la excesiva “presión fiscal” que ejerce el Estado sobre los contribuyentes. En este sentido, los debates en relación con el aumento del mínimo no imponible han sido una nueva oportunidad para la demonización de la “presión fiscal”, soslayando a la vez la cuestión de la progresividad, elemento clave para avanzar hacia un sistema tributario más equitativo.

La composición de la recaudación estatal en el caso argentino, resultante del modelo de valorización financiera, depende fundamentalmente de la imposición indirecta (sobre todo IVA e Ingresos Brutos), antes que de la imposición directa (Impuesto a las Ganancias), persistiendo además gran cantidad de exenciones fiscales al tiempo que han sido eliminados impuestos claramente progresivos (a las rentas de capital, a la herencia). La focalización en la “presión fiscal” oculta que Argentina ha atravesado un proceso de deterioro constante de la estructura fiscal desde hace cincuenta años. En 1974, Argentina ostentaba el mayor nivel de distribución funcional del ingreso de su historia, cercana al “fifty-fifty”. Con el golpe de 1976 y la implementación del patrón de valorización financiera se desencadena la “anomalía argentina”, expresada en un increíble retroceso en materia de progresividad tributaria y de participación de los trabajadores en el ingreso.

Asimismo, a partir de la implementación de las reformas neoliberales, el sistema tributario sufrió de insuficiencia en su capacidad recaudadora, especialmente por la creación del régimen mixto de capitalización en 1994 y la reducción de aportes patronales. Durante el período comprendido entre 1994 y 2001 se estima que el Estado dejó de percibir unos 63 mil millones de pesos constantes, equivalente a un promedio anual de 2,8 puntos de PBI. Este proceso comenzó a revertirse desde 2003, con la reactivación económica y el aumento del empleo formal, sumándose a ello la recuperación del sistema previsional.

El discurso ortodoxo, frecuentemente sostenido por economistas admiradores de los países centrales, suele olvidar la presión tributaria existente en éstos, la cual a su vez habilita la implementación de amplios sistemas sociales y de protección. Según la OCDE, Suecia y Dinamarca ostentan una relación PBI/impuestos cercana al 50 por ciento, seguido por otros países también denominados “infiernos fiscales”, como Bélgica y Noruega, que rondan el 45 por ciento. Por su parte, Holanda, uno de los países que han reducido su presión fiscal en los últimos años, aún se encuentra en cifras cercanas al 40 por ciento. En Argentina esta relación fue del 26,5 por ciento en 2012, habiendo alcanzado sus mayores picos en 2010 y 2011, con cifras del 33 por ciento.

El recurrente latiguillo en torno de la presión fiscal tiene la finalidad de hacer mella en el legítimo rol del Estado en materia de recaudación tributaria, afectando, de este modo, la posibilidad de financiamiento del aparato estatal y canalización de estos recursos a través del gasto público. No sólo se trata de vetar la injerencia estatal en nombre de la “libertad” de los ciudadanos, sino que se cuestiona que el Estado disponga de cuantiosos recursos y los use con finalidad redistributiva: ha sido ampliamente conocida la queja hacia la financiación de planes sociales con “impuestos de todos” o de la Asignación Universal con “la plata de los jubilados”. Se refuerza, así, el discurso neoliberal antiestatal y se desdibuja el concepto de solidaridad social, que plantea en su sentido más amplio una relación directa entre lo que los ciudadanos aportan y lo que reciben. Son parte del “sentido común” las críticas hacia las transferencias de ingresos vía planes sociales, a la vez que se soslaya la incidencia del “salario indirecto” en el conjunto de la población, producto de numerosos subsidios a las tarifas (de agua, de gas, de electricidad, al transporte) y de los servicios gratuitos de salud, educación y seguridad, entre otros, brindados por el Estado.

El análisis del Impuesto a las Ganancias y su reciente actualización debe efectuarse en el marco de la necesaria profundización en materia de progresividad tributaria y no a partir de la reducción de la “presión fiscal”, como proponen los medios hegemónicos y sus referentes políticos.

En primer lugar, la actualización del Impuesto a las Ganancias es una decisión en línea con la política económica y laboral adoptada desde 2003: forma parte del fortalecimiento del rol de los trabajadores, la protección social y una mayor distribución del ingreso. En este sentido, tanto la reducción del pago del Impuesto a las Ganancias como el aumento de los topes para el cobro de asignaciones familiares y sus sucesivos aumentos, lejos de constituir una respuesta electoralista, son elementos constitutivos de la recuperación del salario de gran parte de los trabajadores registrados de Argentina, cuya negociación se efectúa en paritarias año tras año desde 2004.

Resulta preciso relativizar los cuestionamientos al gravamen como “impuesto al trabajo”, ya que afecta sólo a una porción de los trabajadores, que son los que reciben altos ingresos. El Impuesto a las Ganancias de la Cuarta Categoría era tributado por más del 20 por ciento de los asalariados, y desde septiembre sólo se verán alcanzados el 10,2 por ciento de los asalariados (955.527) y el 0,7 por ciento de los jubilados (39.649). Cabe recordar también que como resultado de la marcada heterogeneidad y fragmentación de la clase trabajadora a partir de la valorización financiera, proceso parcialmente revertido en los últimos años, más de un 30 por ciento de los trabajadores no se encuentran registrados y por tanto no resultan beneficiados ni por las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias ni por la celebración de paritarias.

En línea con lo anterior, es necesario tener en cuenta que cualquier política fiscal debe considerar la sustentabilidad macroeconómica de mediano y largo plazo. En este sentido, las propuestas opositoras han carecido de sustentabilidad dado que evitaban describir los mecanismos de financiamiento y compensación de los fondos que el Estado dejaría de percibir. En esta dirección, resulta significativo el reciente envío al Congreso del proyecto de ley para incorporar nuevas imposiciones a la compraventa de títulos y acciones que no cotizan en la Bolsa y a la distribución de utilidades.

En los últimos lustros, la incidencia del Impuesto a las Ganancias ha crecido por el desempeño macroeconómico, superando hacia el 2007 los 5 puntos del PBI. Representa cerca de un tercio de la recaudación total correspondiendo un 13 por ciento a la Cuarta categoría. No obstante, la mayor parte es tributado por las sociedades comerciales antes que por personas físicas. Esto limita la progresividad del impuesto en tanto las grandes empresas, por su capacidad como formadoras de precios, pueden trasladar la carga a los consumidores. Si observamos los casos de Chile y Brasil, se observa que prácticamente dos tercios de la recaudación de este impuesto procede del gravamen a las personas físicas, de la misma forma que es mayor su peso respecto del PBI.

A ello se agregan los altos niveles de evasión y elusión fiscal, que se estiman cercanos al 50 por ciento sin discriminar sociedades y personas físicas, según un documento de Gómez Sabaini y Ro-ssignolo publicado por PNUD.

En este contexto, es fundamental que el gravamen recaiga con fuerza sobre las personas físicas, fortaleciendo así su carácter personal; y también su carácter global a través de la ampliación de la base imponible y eliminación de exenciones, entre las que se encuentran las actividades financieras como las rentas provenientes del capital, generadas por inversiones financieras, dividendos, intereses de títulos públicos. En consonancia con la reciente suba del mínimo no imponible, es también necesario aumentar su progresividad, a través de un incremento del escalonamiento y de las alícuotas correspondientes a medida que se asciende en la escala de ingresos.

En definitiva, no hay forma de mejorar los niveles de desigualdad si los recursos son escasos y los mecanismos de recaudación limitados, pero fundamentalmente, si estos mecanismos carecen de progresividad

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).