Por Fernando Krakowiak

En el ballottage del 18 de mayo compiten dos modelos económicos que no proponen grandes transformaciones sociales. El “neokeynesianismo” light de Néstor Kirchner y el “liberalismo” de Carlos Menem podrían ser vistos como las dos caras de un mismo sistema basado en una distribución desigual de la riqueza que dejó al 57 por ciento de la población sumergido en la miseria. Ninguno de los candidatos propuso medidas de fondo para revertir esa situación. Ambos coinciden en la necesidad de consolidar un superávit fiscal y generar crecimiento para que luego se “derrame” sobre los trabajadores, en lugar de incentivar mejoras concretas en materia laboral y de ingresos para tratar de invertir los términos de la ecuación. No obstante, los matices son mayores de los que podrían haber surgido de una “interna liberal” entre Menem y Ricardo López Murphy. En el programa de gobierno presentado la semana pasada por Néstor Kirchner, que en la parte económica tendrá como ejecutor a Roberto Lavagna, se reivindica la política industrial sustitutiva de importaciones que se viene desarrollando y el tipo de cambio alto necesario para sostenerla. Se reniega de las reformas laborales “dirigidas a debilitar a los actores sociales”, al mismo tiempo que se propone un impuesto a la renta financiera. También se resalta el rol de la banca pública, se anuncia que se permitirá el traspaso del sistema de capitalización al de reparto y se confirma la necesidad de obtener una quita de capital en la renegociación de la deuda externa. Por el lado de Menem, las propuestas todavía no terminan de definirse porque durante la semana el economista Pablo Rojo quedó desplazado de la conducción del equipo económico al confirmarse al consultor de empresas Carlos Melconian como ministro de Economía en caso de que el ex presidente triunfe en el ballottage. Melconian detalló su plan en el libro Recuperar la ilusión, que presentó hace pocos días junto a su colega Rodolfo Santangelo. Allí figuran los lineamientos básicos que debería incluir una política económica para generar crecimiento. En la propuesta reivindica un “capitalismo progresista” que privilegie el superávit fiscal, la estabilidad monetaria, una mayor apertura económica y la confianza en los mercados para asignar recursos. Se remarca la necesidad de “honrar los compromisos asumidos” en materia de deuda externa, pero teniendo en cuenta la "real capacidad de pago del sector público"; se propone eliminar el régimen previsional de reparto y se insiste en la necesidad de concretar una reforma laboral que incluya “la derogación de las restricciones vigentes para el despido de personal”. Melconian estuvo entre los candidatos a ocupar el Ministerio de Economía cuando Jorge Remes Lenicov fue desplazado de su cargo en abril de 2002. En aquel entonces, el presidente Eduardo Duhalde optó por Lavagna. Ahora ambos economistas volverán a competir en el marco de una disputa entre “neokeynesianos” light y “liberales” que garantiza mayores continuidades que sobresaltos.

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Carlos Melconian   Carlos Menem

Capitalismo progresista

- Política fiscal. En la propuesta de Carlos Melconian se afirma que cualquier reducción impositiva quedará subordinada a la obtención del superávit fiscal primario. Por lo tanto, las retenciones a las exportaciones no se eliminarán en el corto plazo, aunque se propone establecer un cronograma de reducción a partir de 2004. En el caso del IVA, la tasa de 21 por ciento es considerada “muy alta”, pero se remarca que sólo se podría bajar ante aumentos reales en la recaudación. Para ello se propone un plan para combatir la evasión basado en la instrumentación de un sistema informático tributario integral, la simplificación de los trámites y la definición de una estrategia de fiscalización que “intimide” a los evasores. La intención es reducir la evasión en un 50 por ciento para generar 15.000 millones de pesos adicionales de recaudación.

- Política monetaria y cambiaria. Se mantendrá un régimen de flotación cambiaria con una política fiscal estricta. Si se revierte la salida de capitales, el peso se apreciará en relación con el dólar a partir de “una combinación de inflación y apreciación nominal”. La libertad cambiaria se restablecería para las operaciones de pagos de bienes, servicios, rentas y amortizaciones de deudas financieras en el exterior porque “hay que comenzar a diferenciar fuga de capitales de pagos externos”. Se prohibirá el financiamiento del sector público a través de la emisión monetaria, para lo cual se busca fortalecer un Banco Central “independiente” del poder político y con un directorio profesionalizado.

- Deuda externa. Melconian propone reestructurar la deuda a partir de una oferta que tenga como objetivo “honrar los compromisos asumidos”, pero teniendo en cuenta “la real capacidad de pago del sector público”. El superávit fiscal que se genere con el crecimiento de la economía se destinará al pago de la deuda pública para poder alcanzar los niveles de deuda pública/PBI previos al default.

- Sistema financiero. Se busca revitalizar el mercado de capitales para canalizar el ahorro y la inversión, fundamentalmente a través de la banca privada. La banca pública se ocuparía de operaciones transaccionales y de servicios, reduciendo su participación en el otorgamiento de créditos. Entre las regulaciones sobresale la necesidad de limitar el financiamiento al sector público y el otorgamiento de crédito en dólares a residenteslocales, con excepción para exportadores y otras actividades con ingresos dolarizados.

- Servicios públicos. Se impulsará una renegociación de los contratos de servicio público tratando de favorecer un mayor grado de competencia, flexibilidad en los marcos regulatorios, nuevas metas de calidad y una reformulación de los entes reguladores. En relación con el aumento de tarifas, Melconian señaló que las medidas mencionadas “pueden ayudar a sincerar los niveles de las tarifas públicas, pensando no sólo en los consumidores residenciales sino también en la incidencia de las mismas en los costos productivos y el rol de las empresas privatizadas como dinamizadoras de la inversión”.

- Empleo y salarios. Se destaca la necesidad de concretar una reforma laboral para reducir la informalidad y precariedad de las condiciones de trabajo. Entre las medidas concretas se incluye la derogación de las restricciones vigentes para el despido de personal, la igualación del empleo público al privado y la flexibilización del régimen sindical para facilitar la negociación a nivel de empresas. Pablo Rojo, principal referente económico de Menem hasta mediados de semana, había propuesto reducir los impuestos al trabajo para aumentar los salarios, pero Melconian relativizó la propuesta al afirmar que “se debe avanzar en la reducción de los impuestos al trabajo en la medida que las condiciones fiscales lo permitan”.

- Política social. Todas las políticas que se implementen para el combate de la pobreza se concentrarán en el Ministerio de Desarrollo Social para lograr mayor eficiencia. Entre las ventajas de unificar todos los programas sociales se destaca la reducción de costos burocráticos para disponer de mayores recursos destinados a la asistencia y la posibilidad de facilitar el control de las prestaciones para evitar la duplicación de beneficios.

- Reforma del Estado. Se reducirá la cantidad de ministerios, secretarías y subsecretarías para evitar superposiciones y favorecer una mayor eficiencia en la gestión pública. Además, se implementará un nuevo régimen laboral que fijará una evaluación de desempeño para los empleados estatales, no sólo para la promoción de sus carreras, sino como condición para mantener sus empleos.

- Seguridad social. Se propone eliminar el régimen de reparto para consolidar el sistema de capitalización individual. En lo que refiere a la regulación, se impulsarán cambios para reducir los costos y brindarles mayor seguridad a los aportantes de las AFJP a través de una modificación del sistema de comisiones (se aplicarán sobre el stock y no sobre el flujo) y de la cartera de inversiones, hoy compuesta en su mayoría por títulos públicos. Por último, quienes lleguen a la edad jubilatoria sin alcanzar los 30 años de aporte previsional recibirán una proporción de la PBU de acuerdo con su aporte, fijando un mínimo a partir del cual la prestación será cubierta con un subsidio.

- Apertura e integración regional. Se remarca la necesidad de revisar los aranceles extrazona respetando al Mercosur, pero teniendo como objetivo una política comercial abierta al libre comercio con el mundo, que se complementará avanzando “en la desregulación total de la actividad económica y en las privatizaciones pendientes brindando nuevas oportunidades de inversión”. El Mercosur es resaltado como una instancia fundamental que se debe profundizar “para utilizar como instrumento negociador activo en el ALCA”.

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Roberto Lavagna   Néstor Kirchner

Neokeynesianismo light

- Empleo y producción. En la propuesta electoral se afirma que la crisis del empleo se resolverá mediante la aplicación de un plan económico “neokeynesiano” sin déficit fiscal. El Estado actuará como “complemento” del mercado porque se descree de la lógica del mercado como único mecanismo de asignación y distribución de recursos. También se aclara que “rechazamos las soluciones basadas en reformas laborales dirigidas a debilitar a los actores sociales”. Para generar empleo se promoverá la inversión pública y privada en viviendas y obras de infraestructura y seapostará a la recuperación de los sectores productivos que resurgieron con la devaluación. El objetivo es aumentar la masa salarial a partir de un descenso de la desocupación, pero no a través de un aumento generalizado de salarios. Los planes sociales serán mantenidos para solucionar la emergencia coyuntural, con la promesa de ser reemplazados por trabajo “lo antes posible”. Desde la página web del candidato se pronosticó la creación de 5 millones de empleos, pero en su plan de gobierno no se arriesgan cifras y se cuestionan las “propuestas irresponsables que sugieren la creación mágica de millones de puestos de trabajo”.

- Política industrial. Se promete instrumentar una política de reindustrialización mediante un proceso de sustitución de importaciones que tendrá al mercado interno como demanda de base para impulsar, a partir de él, una “agresiva estrategia exportadora”. Se producirá lo que al país “le conviene por tener ventajas comparativas y/o competitivas”. Los objetivos se concretarán a partir de la fijación de aranceles, el tratamiento del tipo de cambio, la promoción de exportaciones y el apoyo a las pymes.

- Política fiscal. Se propone lograr la “solvencia fiscal intertemporal” siguiendo el camino inverso al de las “recetas convencionales”. Esto es, “aumentar la calidad de los servicios a cargo del Estado nacional como forma de fortalecimiento de la ciudadanía fiscal, exigiendo como contrapartida el aporte correspondiente”. En política tributaria se promete aplicar un impuesto a las rentas financieras, revisar algunas de las exenciones al impuesto a las Ganancias, rebajar progresivamente el IVA “de acuerdo al cumplimiento de las metas fiscales” y combatir la evasión y el contrabando. En el programa no se aclara cuál será el futuro de las retenciones a las exportaciones, pero el ministro Lavagna confirmó que en el corto plazo se seguirán aplicando.

- Mercado cambiario. Se mantendrá el régimen de flotación cambiaria y se afirma que la paridad del peso con el resto de las monedas (dólar, real, euro) debe guardar una relación tal que incentive las exportaciones y la sustitución de importaciones. Algunos de los técnicos que participaron en la redacción del plan sostienen que, si la inflación permanece contenida, el dólar en términos nominales debería costar entre 3,20 y 3,50 pesos.

- Deuda externa. La renegociación de la deuda con los acreedores privados incluirá una quita de capital, bajas en las tasas de interés y prórrogas en el vencimiento de los bonos. Con los organismos multilaterales se pronostica un esquema diferente “dada la imposibilidad de imponer quitas a préstamos regidos por normas y acuerdos internacionales diferentes”. En este caso se negociará un “período de gracia” que facilite la recuperación de la economía. En el programa se afirma que en los próximos cuatro o cinco años Argentina “tiene pocas o nulas posibilidades de pagar los montos perseguidos por el FMI”.

- Banca pública. El plan de Kirchner apunta a consolidar una banca pública especializada en el sector minorista que atienda a segmentos no bancarizados, a través de pequeños créditos para consumo y servicios, y a proyectos de inversión privada, pública, de desarrollo social y de comercio exterior. Roberto Lavagna se comprometió ante el FMI a favorecer la apertura del Banco Nación a los capitales privados, pero en la plataforma de Kirchner el tema no se menciona.

- Servicios públicos. En el programa se afirma que con el sector productor de gas y con el generador de energía eléctrica se acordará un “sendero de precios” que, en el término de 12 a 18 meses, permita una “rentabilidad razonable, sin que necesariamente esto signifique un incremento tarifario para la totalidad o una parte de los usuarios residenciales”. También se promete una redefinición del régimen tarifario vigente para los distintos peajes.

- Seguridad social. Se propone ordenar el sistema vigente de AFJP y otorgar libertad de opción con el régimen de reparto, “readecuar” los aportes patronales, revisar los criterios de otorgamiento de las pensiones no contributivas y propiciar la regulación, recaudación y fiscalización previsional a manos del Estado.

- Comercio exterior. Se buscará mantener el superávit comercial externo por encima de los 13 mil millones de dólares, con el propósito de reemplazar en el corto plazo “los ingresos de capitales especulativos por recursos genuinos producidos por nuestra economía”. Se pronostica un crecimiento del 15 por ciento anual del flujo comercial exportador.

- Integración regional. Se buscará fortalecer el Mercosur a partir de la creación de un parlamento regional y de la armonización de las políticas macroeconómicas para instituir una moneda única. También se negociará con Chile, para lograr su plena integración al bloque, y con los estados de la Comunidad Andina. En relación con el ALCA, se afirma que “toda negociación se basará en el principio de equidad, la cual deberá propiciar la plena libertad de comercio, incluyendo la eliminación de las barreras arancelarias y paraarancelarias que aplican Estados Unidos y Canadá”.