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Una de las críticas que se le suele realizar al empresariado local es su escaso espíritu innovador. A diferencia de los empresarios exitosos de otros países, el hombre de negocios de la Argentina rehúye la inversión en investigación y de-sarrollo de nuevas tecnologías y, a veces, hasta la mera inversión reproductiva, prefiriendo especular con divisas o propiedades. La falta de empresarios schumpeterianos sería una de las causas de la baja productividad de la economía nacional, atentando contra las posibilidades del desarrollo económico.

Un primer punto a desmitificar es que el espíritu innovador del empresariado de los países poderosos parece haber sido exagerado. En el reciente libro El Estado empresario, la economista Mariana Mazzucato relativiza el papel del empresariado privado norteamericano en las últimas grandes innovaciones tecnológicas. Allí indica que el desarrollo de Internet, el GPS, el reconocimiento de voz, la pantalla táctil o el lenguaje htlm fueron realizados o financiados por el Estado.

La mayor parte de esas innovaciones son el resultado de programas de investigación vinculados con el aparato militar norteamericano, donde el Estado suele poner los fondos para financiar un gran número de instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación y el desarrollo. La aplicación comercial suele ser la última etapa del programa, donde las empresas innovadoras aprovechan el fruto de la inversión pública para capitalizarlo como ganancias privadas.

En Argentina, el Estado ha realizado desde 2003 un gran esfuerzo financiero en materia de investigación y desarrollo, con la creación de un ministerio del área y proyectándose a futuro en el marco del Plan Argentina Innovadora 2020. El camino parece ser el correcto a la luz de la experiencia de los países exitosos, que no deja duda acerca del rol del Estado como centro de los sistemas nacionales de investigación y desarrollo.

Sin embargo, la capitalización local del esfuerzo financiero estatal requiere de ciertas regulaciones en materia de desarrollo nacional de los proyectos y profesionales formados por el sistema público. De esa manera se evitaría la práctica de las grandes corporaciones, que con un bajo gasto de financiamiento de las etapas finales de los proyectos se apropian de sus resultados para desarrollarlos en sus casas matrices. Lo mismo suele suceder con los profesionales capacitados en el sistema educativo público, que son tentados con ofertas laborales en el exterior, lo que implica subsidiar el aparato de investigación y desarrollo que compite con Argentina.

Otro elemento a tener en cuenta es que las principales empresas de la Argentina son multinacionales que tienen en el exterior las oficinas de desarrollo de innovaciones, cuyos frutos luego exportan a sus subsidiarias. Romper con esa dependencia tecnológica, costosa en términos de divisas para importación de nuevos paquetes tecnológicos, a veces incorporados a la maquinaria y equipo, requiere de una nueva regulación del capital extranjero. A modo de ejemplo, la dictadura militar impuso una ley de inversiones extranjeras aún vigente que eliminó los requisitos de desarrollo local de investigación, así como de contratación de personal nacional en las áreas directivas, científicas, técnicas y administrativas. De esta manera, no sólo se perdió una herramienta legal para negociar el desarrollo local de ciencia y tecnología por parte de las principales empresas, sino que el escaso desarrollo que realizan no es asimilado por profesionales del país

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