El economista de la Cátedra Jauretche, Rodrigo López, suele decir que así como los esquimales distinguen entre varios tonos de blanco de tanto vivir entre la nieve, los economistas argentinos distinguimos entre diversas causas de presión alcista de precios, de tanto convivir con la inflación. A las tradicionales de demanda y de costos, el ojo especializado del economista nacional le agrega la inflación cambiaria, inercial, por puja, importada, estructural, entre otras. No conformes con tanta diversidad teórica, desde dos extremos aparentemente opuestos del arco político se ha dado curso a una nueva y original teoría: la inflación por corrupción.

En un video disponible en la web, el candidato Jorge Altamira señala que “el motivo principal de la inflación es la forma en que el Gobierno gasta el dinero público”, ya sea por el pago “de la deuda externa a los usureros internacionales”, porque le “da plata a Cirigliano que la invierte en Miami” o porque “pagan sobreprecios”. Similar argumento había esbozado tiempo atrás en un programa televisivo el ex ministro de la Alianza, Ricardo López Murphy, al indicar que la inflación se debía al “excesivo gasto público financiado con emisión”. Al ser consultado sobre si pretendía combatir la inflación con un ajuste del gasto en educación como el que intentó durante su efímera gestión, el economista liberal señaló que había que bajar el gasto que financia “negociados como el de Ciccone”. Al respecto, y sin menospreciar el posible impacto de los mencionados hechos sobre el desvío de los dineros públicos de mejores finalidades, su carácter inflacionario es bastante controvertido.

Comenzando por el pago de la deuda externa como la plata que Cirigliano “invierte en Miami”, son usos del dinero público que no afectan el nivel de gasto en la economía nacional, por lo que, en todo caso, podrían alterar la estabilidad de precios de la península de Florida o del lugar donde gasten sus ingresos nuestros acreedores. Respecto de los sobreprecios en la obra pública o los obtenidos supuestamente en forma indebida por Ciccone, para analizar si pueden ser fuente de inestabilidad de precios habría que conocer en qué fueron reinvertidos esos ingresos y ver, en todo caso, si generaron un exceso de demanda sobre la capacidad productiva de algún sector que se haya traducido en remarcaciones de precios.

Para no comprar teorías disparatadas, hay que saber que la inflación por emisión monetaria, sea para financiar gasto genuino o desviado por hechos de corrupción, es una versión particular de la inflación de demanda. Esta última sostiene que el aumento del nivel general de precios se debe a que el gasto excede la capacidad productiva de una economía que utiliza al máximo sus recursos productivos, dada la tecnología disponible. En el caso particular de que ese exceso de demanda se deba a un incremento del gasto público financiado con créditos del Banco Central, se habla de inflación por emisión.

Al respecto, la economía argentina mantiene un nivel moderado de utilización de la capacidad productiva de las empresas y un nivel aún importante de trabajadores desempleados o en actividades de baja productividad que pueden contribuir a expandir la oferta de bienes y servicios. En ese sentido, plantear que hay que reducir el nivel de gasto para estabilizar los precios, aunque se esconda el pedido de ajuste bajo el manto de un reclamo contra la corrupción, parece un error de diagnóstico que puede afectar la actividad económica y el empleo, conduciendo a la economía a una recesión

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