La historia de los procesos de industrialización argentina puede escribirse a partir del devenir de una problemática: la restricción externa. En la actualidad, los recurrentes planteos acerca del impacto económico de la escasez de divisas, sostenidos tanto desde el establishment económico como de parte de algunos sectores de izquierda, confirman la existencia de un proceso sustitutivo que demanda insumos, bienes de capital y energía de manera creciente.

El impulso del proceso de industrialización se tradujo en un mayor dinamismo de las importaciones sobre las exportaciones, reflejado particularmente en tres sectores fuertemente demandantes: energía, sector automotriz y bienes de capital, con incidencia de la industria electrónica del régimen fueguino.

Si bien se deben encontrar propuestas para enfrentar esta cuestión, es indispensable hacerlo sin modificar la decisión gubernamental de no devaluar ni endeudarse. En esa línea, es imprescindible considerar los cambios estructurales de la etapa, que han modificado la evolución de las principales variables la economía, con importante gravitación sobre los componentes de la balanza de pagos.

Política de desendeudamiento. Se sustentó en la reestructuración de la deuda, el pago al FMI y la no toma de nueva deuda. La posibilidad de implementar políticas económicas de corte heterodoxo sin someterse a las presiones y condicionamientos de los organismos multilaterales de crédito, a la que se suma la sensible reducción del peso de la deuda en dólares (tanto en capital como intereses) sobre el producto, ha expresado un cambio de época. La relación deuda externa/PBI pasó de representar el 166 por ciento (2002) al 44 por ciento (2013), mientras que la deuda externa con privados en moneda extranjera pasó de significar el 92 por ciento del PBI (2002) al 8,4 por ciento en (2012).

Impulso a la sustitución. La nueva estructura de precios relativos conformada tras la devaluación de la moneda, junto con la reducción de la tasa de interés, potenció el desarrollo de los sectores productores de bienes al encarecer las importaciones y hacer más competitivas las exportaciones. Ese reposicionamiento, junto con el impulso al mercado interno y con eje en el salario como componente clave de la demanda agregada, refleja un cambio en el patrón de acumulación.

Para algunos economistas, este proceso es resultado de lo que denominan “viento de cola”. Si bien se alteraron los términos del intercambio no sólo para Argentina sino para toda América latina, ello no explica por sí solo el gran crecimiento de la economía argentina, al que han contribuido fuertemente el incremento del consumo doméstico, tanto público como privado, y de la inversión. De hecho, las exportaciones para el período 2003-2010 representaron sólo el 9,4 por ciento de la demanda agregada, en contraste con el 46,8 por ciento para el período 1993-2001. Es importante destacar además que, cuando se analiza la composición de las exportaciones, se visualiza un incremento de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) en relación con las Manufacturas de Origen Agropecuaria (MOA), tanto en cantidad como en precio. Las MOI registraron un crecimiento muy fuerte, cercano al 260 por ciento en el decenio 2003-2012, y actualmente representan un tercio de las exportaciones totales (34 por ciento).

Balanza comercial y transformación de la cuenta capital. A diferencia de los ’90, en esta etapa el superávit de la balanza comercial ha sido una herramienta fundamental para financiar el proceso económico. Esto ha permitido la reversión del esquema noventista donde la cuenta capital, a través de venta de activos, deuda e IED, financiaban una cuenta comercial negativa (síntoma de un proceso económico desindustrializador) y la persistente fuga de capitales.

Política energética. El incremento de la energía requerida por el sector industrial en esta etapa, combinado con la tendencia declinante de la producción de hidrocarburos, produjo un gran déficit energético, que fue deteriorando los saldos de la balanza de pagos. La reestatización de YPF en 2012 significó el incremento de la producción: según datos de septiembre de la Secretaría de Energía, fue de 7 por ciento en lo que va del año. Este dato contrasta con la declinación de la producción de crudo de 2011, todavía bajo la administración Repsol, de 6,5 por ciento. Para 2012, el déficit energético alcanzó los 2568 millones de dólares, reduciéndose levemente en 363 millones de dólares respecto de 2011.

La nueva política energética no fue solamente la expropiación de YPF. Significó también la definición del petróleo no como commodity sino como bien público, y comenzar a desandar la desregulación planteada por el modelo neoliberal a través de la eliminación de la libre disponibilidad de hidrocarburos y la libertad de precios. De esta manera, se recuperó una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo productivo.

Fuga de capitales y remisión de utilidades. Hubo un cambio sustancial de la política económica en relación con esta problemática. El control de cambios implementado en 2011 ha logrado disminuir significativamente la formación de activos externos (de 21 mil millones de pesos en 2011, a 3 mil millones en 2012 y 261 millones hacia el primer trimestre de 2013), condicionando la lógica histórica de valorización y fuga de los excedentes. Asimismo, y si bien no se modificó la ley IED y la incidencia de la extranjerización continúa siendo alta, los condicionamientos a la remisión de utilidades al exterior así como las exigencias de reinversión de las mismas a partir de la participación de directores del Estado en varias empresas han reducido la salida de divisas por este rubro (en 2011 representó 5 mil millones de pesos, 401 millones hacia 2012 y para el primer trimestre de 2013 sólo 13 millones).

Frente a este escenario, desconocer las transformaciones estructurales o pontificar el “fin de ciclo” son más bien definiciones políticas que no tienen correlato con la realidad económica experimentada en el país en la última década.

Y es precisamente la decisión política de fortalecer la participación del Estado en la economía un cambio estructural que posibilita enfrentar las actuales dificultades que derivan del proceso de industrialización. Esta creciente intervención ha permitido recuperar mayores grados de soberanía económica, en función de la cual resulta necesario resolver la restricción externa avanzando en formas de ampliación y profundización del proceso sustitutivo.

Así entonces, resulta pertinente ponerle nombre a este proceso político y económico, atendiendo a que el concepto de “postconvertibilidad” nos lleva a reducir las transformaciones de la etapa a la alteración del régimen cambiario, y desconocer, por ende, las modificaciones estructurales y las pujas políticas experimentadas en el patrón de acumulación. Excediendo los marcos del frente devaluacionista del 2001/2 y con una clara impronta política y distributiva que supera los efectos lineales y automáticos del “viento de cola”, se trata de un proyecto que ha revalorizado la producción y la inclusión como bastiones medulares de una sociedad más justa.

* Economistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).