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Por Guillermo Wierzba * Como ha sido frecuente en el debate sobre las cuestiones económicas, hoy se despliega un velo encubridor de lo político por parte de los economistas que adhieren a la vertiente ortodoxa. Y no sólo por parte de ellos, sino también de aquellos que, adhiriendo al pensamiento heterodoxo, se centran en una discusión sobre los instrumentos de la política económica, al subordinar y relegar la cuestión política central que subyace en lo sustancial del debate económico: la puja de intereses contrapuestos, de proyectos de país antagónicos y de disputa entre sectores sociales en sociedades con estructuras de alta concentración del ingreso y de la riqueza. La cuestión del velo es advertida por Axel Kicillof en el texto De Smith a Keynes... (Eudeba, 2010): “La producción de nuevas teorías económicas, lejos de estar exclusivamente impulsada por el afán de acceder al conocimiento verdadero o de corregir errores empíricos, formales o conceptuales de las teorías aceptadas, tiene un origen mucho más complejo y, por así decir, oscuro, pues el nacimiento de las ideas económicas se encuentra íntimamente vinculado con las necesidades de cada época histórica. De manera que la representación de la historia de la economía como una desinteresada búsqueda de la verdad está por completo desprovista de realismo”. Es precisamente la disputa de proyectos políticos contrapuestos lo que descarnadamente se expresa hoy en el forcejeo cambiario y en la confrontación por los precios de los productos esenciales. Justamente todas las presiones sobre el tipo de cambio que derivaron en su suba y que ahora persisten para seguir elevándolo (para provocar un ajuste a favor de los sectores concentrados de la economía y deteriorar el nivel de ingresos de los asalariados) provienen de las patronales agrarias que defienden la apropiación de la renta por parte de poderosos propietarios, asociados a empresas del complejo agroindustrial y a un puñado de comercializadoras que controlan el negocio exportador de granos. Este es el desafío que el Gobierno está encarando al resistir las embestidas por una escalada devaluatoria. A su vez, mediante la política de precios cuidados, el objetivo es evitar actitudes empresarias que buscan maximizar el traslado a precios de la devaluación para convertir a esta última en una herramienta de despojo de los sectores de ingresos fijos. Hay un planteo que insiste desde vertientes economicistas, especialmente ortodoxas, que profetizan el fracaso de la intervención pública en el seguimiento de precios a través de las cadenas de valor y de las políticas de administración del tipo de cambio por parte del Estado. El vaticinio es que la lógica del “mercado” se impone inevitablemente, pretendiendo una “neutralidad científica” para un planteo de orden político. Contrariamente, la intervención estatal extramercantil representa la voluntad de las instituciones elegidas por el voto popular, mientras en el mercado y, sobre todo en los que existe alta concentración (como ocurre en nuestro país), predomina la ley del más fuerte. Por eso sostener la ampliación de la esfera pública y de su potencia de intervención significa ampliación de la democracia, mientras que sentenciar la imposibilidad de modificar las decisiones de los agentes privados y las señales mercantiles es una forma de promover su restricción. El velo de lo político también está presente cuando se reclama tanto la reducción del gasto público como el de la presión tributaria. Las políticas de ajuste del gasto limitan el poder de intervención del Estado y quitan recursos para los objetivos y programas de reducción de la pobreza y la promoción de la justicia social, algunos de éxito notable como la AUH y el plan Pro.cre.ar, a las que se agregará el plan Progresar. Reducir el peso de los impuestos implica estrechar la posibilidad de financiamiento del gasto. El acento que ponen los voceros de las corrientes ortodoxas en señalar el crecimiento del gasto como determinante de la inflación y de “desequilibrios” macroeconómicos oculta el objetivo siempre presente en los economistas del establishment de pregonar planes de estabilización como medio de introducir la lógica del ajuste. Por eso otra de las batallas necesarias es la resistencia –en la que está empeñado hoy el equipo económico– a estas presiones por reducir el gasto, muchas veces concurrentes con el resucitar que ha tenido el monetarismo de viejo cuño, el que vincula el aumento del gasto con mayor emisión y señala a ésta como determinante de la inflación. Por el contrario, las teorías heterodoxas progresistas modernas afirman que los objetivos de la política fiscal son esencialmente redistributivos y de promoción del desarrollo, midiéndose su éxito en función de esas metas y no del equilibrio en las cuentas públicas, habiéndose producido una seria e interesante literatura económica al respecto. En su nota “Una nueva actitud”, Horacio González (Página/12 del 2/2/2014) hace una convocatoria al reconocimiento, como actitud autorreflexiva que no requiere autojustificaciones. El aporte del texto resulta pertinente para reconducir la discusión sobre la problemática situación económica que estamos atravesando. Una pléyade de economistas, algunos de un nunca renunciado cuño ortodoxo y otros que se reclamaban por convicción u oportunismo como heterodoxos –incluyendo algunos que ocuparon cargos durante los gobiernos de la última década–, diagnostica un final de época y recupera viejas ideas de los noventa y/o de la historia de los ajustes clásicos en los países periféricos: contención del gasto, liberalización de mercados, devaluaciones en serie, restricción de la cantidad de dinero asociada al diagnóstico monetarista de la inflación, retorno a la relación estrecha con los organismos financieros internacionales subordinándose a sus políticas. Frente a esta tendencia regresiva resulta necesario oponer otro debate que implique la reflexión sobre las carencias e insuficiencias que tuvo la gestión de la política económica de esta década. Su signo democrático, nacional y popular –es decir, su sentido esencialmente justo– no impide un recorrido autocrítico del período respecto de la característica y profundidad de la política de administración de precios y de las insuficiencias de la política de industrialización que no devino en cambios estructurales que mejoraran el resultado del balance de divisas de ese sector. También sobre las reformas institucionales de fondo no acometidas como los cambios en las leyes de inversiones extranjeras y entidades financieras (que completara la positiva reforma de la Carta Orgánica del BCRA) y de las necesarias modificaciones en el régimen de exportación de cereales que le hubieran dado al Estado una participación decisiva en ese ámbito. Introducir esta autorreflexión como debate es un desafío para desplazarlo de una estrategia simplemente defensiva respecto de las opciones restauracionistas. No se trata de una programática taxativa sino del debate ante la dificultad, incorporando a todas las opiniones que, aun con diferencias en temas específicos, se alineen con la consolidación, continuidad y profundización del proyecto. Hoy ya no se trata de un debate entre vertientes ortodoxas y heterodoxas en una disputa teórica de ideas. La razón, el sentido y la mística de los agrupamientos –también en el caso de las propias opiniones económicas– reconocen la raíz de su opción en ubicarse del lado de la defensa dramática de un proyecto de autonomía nacional, hoy atacado por poderes oligárquicos, u optar en sumarse a la prédica de esos factores de poder que proclaman y militan un fin de época * Economista, profesor de la UBA y director del Cefid-AR.