Las causas económicas de la inflación son diversas. Sin embargo, la causa determinante de la inflación no es económica. Se encuentra en la política. La política implica, entre otros aspectos, la lucha por el poder. La resultante del poder es la posibilidad de la toma de decisiones políticas positivas que beneficien a las mayorías nacionales o que –negativamente– acentúen de manera creciente la concentración de la riqueza. Esto último resulta ser la esencia del proyecto político neoliberal. La política determina la economía y en la interrelación entre ambas se decide la mejor o peor suerte de las personas.

Poder y gobierno son dos conceptos distintos. Acceder democráticamente al gobierno significa alcanzar genuinamente el poder político. Pero de ninguna manera esto último supone necesariamente subordinar el poder económico al poder político.

La posibilidad de la regulación y control del poder económico por parte del poder político es el escenario de la lucha por el poder. Es decir, de la política.

El condicionamiento ético, y por ende la legitimidad y la legalidad del poder político, estriba en el acceso y posterior sustentabilidad del sistema democrático. El poder económico, en cambio, no entiende de restricciones éticas y su construcción se concreta exclusivamente en la maximización de beneficios.

El poder político y el poder económico pueden tener coincidencia de intereses. En ese caso, estamos ante alguna de las variantes del proyecto neoliberal, por ejemplo: la dictadura militar surgida en marzo de 1976 y su profundización, el modelo de la convertibilidad, en la década de los noventa. En cambio, si el proyecto político es nacional y popular, basado en la creación de empleo con salarios dignos, el enfrentamiento con el poder económico es inevitable. La inclusión social es posible únicamente a través de limitar las ganancias del poder económico.

El arma fundamental del poder económico para defender el beneficio extraordinario a costa de la inclusión social es la inflación.

La tasa de ganancia se restituye y se acrecienta con la inflación, que afecta fundamentalmente a los ingresos fijos (salario, jubilaciones, pensiones), que deteriora el mercado interno. Si el poder económico no subordina al poder político a su lógica del máximo beneficio a través de variadas presiones –sobresaliendo las mediáticas–, lo mellará a través de la inflación. Los análisis empíricos de fuente ideológica diversa demuestran que los sectores de la economía más concentrados son los que más incrementan los precios –sin relación con los costos– y, por ende, obtienen mayores beneficios.

Por otra parte, el proyecto nacional y popular tiene dos fundamentos básicos: la sustentabilidad del salario real alto y el tipo de cambio real adelantado.

El salario real alto es básico como sostenimiento de la demanda global, del crecimiento económico generador de empleo e inclusión social. El tipo de cambio adelantado para posibilitar saldos favorables de la balanza comercial, única fuente de ingresos de divisas genuinos, para generar reservas y desendeudarse de la herencia neoliberal. Además el tipo de cambio real alto potenciará los bienes transables y con ello la actividad productiva, generadora de empleo e inclusión social.

La inflación a través del tiempo pulverizará ambos pilares y así –paulatinamente– deteriorará la sustentabilidad política del proyecto. Las posibilidades destituyentes se acrecentarán, ya que los propios beneficiarios del proyecto se verán perjudicados por sus inconsistencias, provocadas artificialmente por el poder económico.

Como defensa, las paritarias sostienen al salario real de los embates de la inflación. Son otro soporte muy positivo de un proyecto político. Sin embargo, no debe olvidarse que la carrera acelerada entre precios y salarios siempre será perjudicial para el proyecto nacional.

De manera similar a lo anterior, la devaluación del tipo de cambio nominal puede mejorar el deterioro que provoca la inflación en el tipo de cambio real, pero a costa de generar mayor inflación. El remedio genera enfermedad. El escenario se completa con el mercado de cambio ilegal –turbio e ínfimo–, pero generador de expectativas inflacionarias.

El mercado paralelo como acicate de la inflación induce a la devaluación oficial controlada a costa de reservas. Se parece a la paradoja de Aquiles y la tortuga. Por más que avance el oficial, siempre avanzará más intencionalmente el paralelo y mayor será la inflación. La devaluación informal o no implica la inflación, por ende en el marco legal vigente el paralelo no tiene techo y la inflación tampoco.

El acuerdo de precios tratando de establecer la relación costos-beneficios de cada rama de la producción y la comercialización es necesario. Sin embargo, está lejos de ser suficiente dentro del marco legal vigente. Más aún, con un Poder Judicial proclive a favorecer al poder económico. El acuerdo de precios, para ser necesario y suficiente, requiere de una intensa movilización popular y reformas legales para judicializar con éxito a quienes en actitud destituyente generan inflación y devaluación.

No estamos desarrollando una teoría conspirativa. No hace falta teoría. La conspiración es inherente al poder económico. Se trata de una interpretación de la realidad con el objetivo de no soportar socialmente crisis económicas intencionalmente construidas.

Las políticas neoliberales han generado intensas crisis económicas y éstas han provocado, como resultante, la concentración de riqueza. Argentina desde 2003 y algunos países latinoamericanos intentan un camino distinto del proyecto neoliberal de la concentración de la riqueza. Esto para el establishment nacional e internacional implica políticas que deben ser desprestigiadas primero y destituidas después, para que no cunda el mal ejemplo a nivel global.

En nuestro país, dadas las circunstancias históricas que conforman la idiosincrasia de sus habitantes y el modelo de inclusión social vigente, el arma fundamental para socavar y en su caso anular los intentos de limitar la concentración de la riqueza es la inflación.

En otros países, donde la relación salarios-beneficios se encuentra estructurada de tal manera que la tasa de ganancia se restituye y crece a costa de los salarios, el desempleo y la exclusión social, la inflación tiende a minimizarse. Es más, el arco político opositor al proyecto político actual en nuestro país repite que la inflación es un proceso monocausal, desatado por el Gobierno por emisión desmedida. Y su solución sería la disminución del gasto público. Disminuir el gasto, traducido a lenguaje sin eufemismos, significa eliminar o recortar la Asignación Universal por Hijo o reducir la inversión pública generadora de empleo. El verdadero objetivo de la propuesta de disminución del gasto público se expresa, por ejemplo, en el proyecto de ley del Frente Renovador, cuyo referente es Sergio Massa, por el cual se eliminarían parcialmente las retenciones al sector agrario. El costo fiscal de ese proyecto oscilaría de 8000 a 10.000 millones de pesos, que pasarían a engrosar –en su mayor parte– las abundantes y concentradas arcas del poder económico. Copia del modelo norteamericano de desfinanciar al Estado –según la curva de A. Laffer– a costa de eximir de impuestos a los sectores más concentrados de la economía. Es decir, desfinanciando al Estado se fuerza obligatoriamente la disminución del gasto.

En definitiva, están proponiendo la receta neoliberal típica del FMI que, aplicada en España, Grecia, Portugal, tiene una inflación menor al dígito pero omitiendo intencionalmente que será a costa de la concentración de la riqueza, que implica reducción de salarios, desempleo, pobreza, indigencia y, en definitiva, exclusión social

* Docente. Integrante del Club Argentino Arturo Jauretche.

[email protected]

profrobertobriscioli.blogspot.com