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La reciente trayectoria económico-social latinoamericana ha sido auspiciosa. El ritmo de crecimiento económico fue superior al promedio mundial y mejoraron todos los indicadores sociales. Este período también fue testigo de la irrupción y consolidación de diversas instancias de integración regional. El 23 de mayo de 2008, doce países suda-mericanos (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) suscribieron el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Otro paso en ese sentido fue la creación de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), en febrero de 2010, en la cumbre realizada en territorio mexicano. Treinta y tres naciones latinoamericanas y caribeñas, incluyendo a Cuba, conformaron ese nuevo organismo. La inclusión cubana fue tan relevante como el apartamiento de Estados Unidos y Canadá. Los ambiciosos objetivos planteados por la Celac incluyeron desde el desarrollo de políticas sociales inclusivas y prácticas educativas de calidad hasta la integración energética.

La incorporación de Venezuela al Mercosur, en julio de 2012, fue un espaldarazo adicional a la integración regional. La capacidad energética y gasífera venezolana potenció a un bloque convertido en quinta potencia económica mundial. El Mercosur engloba un territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados, una población de más de 270 millones de habitantes y más del 80 por ciento del PIB sudamericano.

Esos activos regionales conforman una importante plataforma para el desarrollo económico-social. La recuperación de la idea de Patria Grande tiene un significado que trasciende el plano simbólico. Sin embargo, la intensificación de los lazos regionales es aún insuficiente. Las intenciones escritas deberían plasmarse en herramientas concretas. La demorada puesta en funcionamiento del Banco del Sur es uno de los ejemplos de las dificultades prácticas que enfrenta la construcción suda-mericana.

El débil crecimiento brasileño es un obstáculo para transitar ese camino y está muy lejos de asumir el rol de “locomotora” regional. En ese marco, el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, denunció la “inacción del Mercosur”. A su vez, el dirigente frenteamplista manifestó su deseo de que el Uruguay ingrese como miembro pleno de la Alianza del Pacífico (AP). Un detalle no menor es que la última cumbre de la AP acordó el ingreso de Paraguay en calidad de miembro observador. La injerencia de Estados Unidos en el armado de ese bloque (conformado por Colombia, México, Chile y Perú) es indisimulable. La potencia mundial suscribió tratados de libre comercio con todos sus países miembro y pretende transformar a la AP en la quinta columna del proyecto integrador latinoamericano. Eso no es motivo de preocupación para Danilo Astori, quien sostuvo: “Hoy somos Estado observador, pretendemos llegar cuanto antes a Estado candidato a miembro pleno y ojalá pueda darse lo antes posible la calidad de miembro pleno para Uruguay”.

Esa posibilidad fue rechazada por el alto representante brasileño ante el Mercosur, Iván Ramalho, quien sostuvo que Uruguay no puede contar con una doble membresía y que, en todo caso, las negociaciones con la AP deberían entablarse en forma conjunta. Las opiniones de Astori no fueron compartidas por todo el arco frenteamplista. El presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, José Bayardi, aseguró que la prioridad estratégica continúa siendo el Mercosur

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