Uno de los temas económicos que se encuentra al frente de las preocupaciones de la sociedad es el alza de los precios. La inflación, que en los últimos meses muestra una aceleración –especialmente en materia de alimentos–, impide percibir en forma clara las mejoras distributivas de los últimos años, y genera malestar social al complicar los cálculos de gastos e ingresos de los hogares y empresas. En algunos casos, y en una dinámica que incluye la idea de un acomodamiento del valor del dólar al de los precios (recientemente confirmado por la política cambiaria oficial), induce la fuga de ahorros del sistema financiero local, ya sea por el stockeo de granos, la subfacturación de exportaciones o la compra anticipada de productos del exterior, afectando el nivel de reservas de la autoridad monetaria y la estabilidad económica. También, al no poder establecerse una proyección en el tiempo en materia de ingresos y tasas, complica el desarrollo de créditos a largo plazo en moneda local esenciales para el financiamiento de la inversión y la construcción de viviendas.

Desde la ortodoxia se proclama como generadores de inflación el dinamismo del consumo y los gastos internos, impulsados por los aumentos nominales de salarios y jubilaciones por encima de los precios, y un excesivo gasto estatal, con su demonizado componente financiado vía emisión. La postura se mantiene contra viento y marea, sin importar que la aceleración de la inflación se haya producido entre 2006 y 2008, en un contexto de equilibrio de las cuentas públicas y emisión decreciente. Tampoco parece relevante que en años de desaceleración económica como el 2012, donde las empresas se encontraron con exceso de capacidad ociosa, el alza de los precios no haya disminuido su ritmo. La política de estabilización que se desprende del análisis ortodoxo es una contracción del consumo mediante una reducción del poder de compra de los salarios y las jubilaciones, combinado con un ajuste a la baja del nivel real de gasto público. La consecuencia real de tal programa económico es una reducción de la actividad económica, el empleo y los salarios reales, que impondría un elevado costo social y económico a nuestra sociedad, sin resultados efectivos en materia de estabilidad de precios.

Una visión alternativa de la inflación la considera una construcción histórica generada a partir de fenómenos puntuales como devaluaciones, aumentos de los precios de los alimentos u otros golpes sobre precios claves, que generan posteriores incrementos en los valores nominales de precios e ingresos sectoriales. Bajo ciertas condiciones económicas, esos aumentos de precios e ingresos generan una inflación “inercial”, que permanece en el tiempo al ser incorporada como un piso de inflación por los distintos actores económicos al momento de negociar precios e ingresos.

Desde esa perspectiva, la inflación actual tiene origen en la suba del 60 por ciento en el precio de los alimentos entre 2006 y 2008, causada por el incremento del precio internacional de las materias primas y el desabastecimiento de alimentos en el marco de las protestas de los sectores agroexportadores contra las retenciones móviles. Ese golpe sobre el precio de los alimentos en una economía en expansión, con una industria protegida, y negociaciones salariales institucionalizadas en paritarias, condujo a un salto en las tasas de inflación que pasaron del 10 por ciento en 2006 al 26 por ciento en 2008, según estadísticas provinciales. A partir de allí, los incrementos de precios e ingresos de los distintos sectores económicos en favor de no perder posición en la distribución del ingreso, generaron una permanencia del incremento general de los precios. Esa inflación fue siendo incorporada como un piso de aumento nominal al momento de fijarse precios, negociarse salarios, tomar créditos, y hacia finales del período, al fijarse el tipo de cambio y las tarifas, dando lugar a un componente de inercial en los aumentos de precios e ingresos, de aproximadamente el 20 por ciento anual.

Modelo de simulación

Un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (C.E.S.O.), disponible en la web, propone una política heterodoxa para reducir esa inflación inercial, llevando las tasas de incrementos nominales de precios e ingresos a cifras de un dígito. La misma se trata de un congelamiento momentáneo de precios, salarios, tipo de cambio y tarifas (de 3 meses), y una posterior negociación paritaria de salarios reales (por 9 meses, más 3 meses retroactivos). Al año siguiente, las paritarias deberían volver a negociarse en forma nominal, para evitar indexaciones permanentes que puedan magnificar posteriores variaciones en algún precio clave.

La realización de una paritaria anual que negocie salarios reales, luego de un congelamiento momentáneo de precios, salario, tipo de cambio y tarifas, tiene el efecto económico de incorporar la estabilidad de precios generada por el congelamiento, en la posterior evolución nominal de los salarios y precios y, de allí, en el resto de los precios e ingresos sectoriales. De esa manera, se lograría eliminar el componente inercial que poseía la inflación, quedando un residuo de inflación menor al dígito que tiene otras causas (pujas distributivas, cuellos de botella sectoriales).

La simulación de los resultados de la política propuesta indica fuertes reducciones en las tasas de inflación bajo variados escenarios de evolución de los precios durante el congelamiento y de posteriores remarcaciones de precios en base a la evolución salarial (ver informe y el modelo de simulación en www.ceso.com.ar). En el caso del congelamiento exitoso (con una inflación anualizada durante su vigencia del 5 por ciento), la inflación anual se reduce a cifras menores al dígito (entre 3,9 y 6,4 por ciento). En los demás escenarios la inflación cae en forma relevante, siendo el caso de un fracaso total del congelamiento con una sobrerremarcación de los precios por encima de la pauta salarial, el único que arrojaría una inflación anual superior al caso de una paritaria nominal sin congelamiento previo, como las que se llevan adelante en la actualidad.

A diferencia de las propuestas ortodoxas, la política de reducción de la inflación enunciada no requiere reducir la actividad económica, el empleo, el gasto público, ni una distribución regresiva del ingreso. Sí requiere lograr el mínimo consenso empresarial y sindical, para aceptar un congelamiento temporal de precios y salarios, y luego realizar una paritaria en términos reales. Para ello, se vuelve necesario (entre otras cosas) contar con un índice de evolución de los precios que sea aceptado por las partes como indicador de la inflación. Una posibilidad para ello es aprovechar la reciente publicación del IPC-Nu del Indec y complementarla, de ser necesario, con un monitoreo tripartito (Estado, sindicatos y empresarios) en su elaboración

* Director del C.E.S.O.