Los estudios de coyuntura económica muchas veces ocultan cuestiones ideológicas e intereses particulares, generando una distorsión con lo que sucede en la realidad económica. Por eso se debe ser muy cuidadoso a la hora de leer los análisis sobre todo en temas con tantas aristas como es el de los precios.

Para entender el actual comportamiento de los precios se debe analizar la estructura económica argentina y sus sectores. Asimismo, los actores que se expresaron a lo largo de la historia mediante tensiones cambiarias que tuvieron como objetivo la apropiación de la renta nacional. Nuestra economía se caracteriza por su estructura productiva desequilibrada (EPD), término que desarrolla Marcelo Diamand a mediados de la década del ’60. La EPD está presente en todos los procesos de desarrollo nacional y se hace plenamente visible con la irrupción de la restricción externa. Esta estructura está compuesta, por un lado, por un sector primario con una muy alta productividad. En donde el complejo agroexportador exporta una parte sustancial de su producción, convirtiéndose en la fuente principal de divisas. Por otro lado, la industria es un sector que necesita de insumos importados y es la que, junto con el rubro energético, utiliza muchas de estas divisas. La escasez de divisas funcionó como limitante de los procesos de industrialización.

La consecuencia de esta situación es que el sector agroexportador, como principal proveedor de divisas, detenta un fuerte poder de veto sobre las políticas públicas. Con las nuevas tecnologías, además, tiene rendimientos cada vez mayores y su producción puede ser conservada por años en silobolsas. En los últimos años, las seis empresas más grandes concentraron el 90 por ciento del mercado mediante el acopio y la exportación de la producción.

La Argentina, siendo un productor agrícola importante, tuvo diferentes organismos reguladores para intermediar la actividad. Así, una Junta Nacional de Granos que regulaba la actividad fue reemplazada por el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) y luego nuevamente se reconvirtió en la Junta Nacional de Granos. Más allá de la historia y las sucesivas reorganizaciones, el Estado estaba presente regulando una de sus actividades más importantes que le garantizaba exportaciones y divisas. Pero la oleada de políticas neoliberales de los ’90 mediante el decreto 2284/91 desregularizó el mercado y disolvió todo mecanismo de regulación.

Hoy es necesario debatir la forma de intervención que debe tener el Estado. Dada la necesidad de promover aumentos en la producción y exportación. Todo en el marco de una reforma tributaria más integral que debe promover nuevos instrumentos impositivos que desalienten el acopio con fines especulativos.

En este contexto, es muy importante la intervención del Estado mediante la aplicación de retenciones a las exportaciones porque regulan el precio de los alimentos dolarizados que la población consume con salarios en pesos.

Por el lado de la industria, las políticas implementadas por la última dictadura cívico-militar y su profundización en los ’90 impulsaron un proceso de destrucción del tejido industrial que no ha podido ser revertido en su totalidad. La desindustrialización tuvo consecuencias económicas y sociales. Se cerraron miles de fábricas, se empezaron a importar muchos productos industriales que antes se fabricaban localmente. A su vez, se perdieron miles de puestos de trabajo a partir de una política de disciplinamiento de los trabajadores y sus organizaciones gremiales.

A partir de 2003, se prioriza la política sobre la economía y se implementan políticas económicas con el objetivo de impulsar un proceso de reindustrialización con generación de empleo y muchas políticas neoliberales son desarticuladas. Pese a esto, todavía persiste una economía con muy altos niveles de extranjerización, centralización y concentración del capital a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno.

Los golpes cívico-militares tuvieron como fin revertir los avances en los procesos de distribución de capital en beneficio de los trabajadores, y en los últimos tiempos fueron reemplazados por golpes mediáticos y económico-financieros. La presión que ejercen los sectores de poder concentrado adquiere diferentes expresiones. Algunos productores agropecuarios se han dedicado a retener la cosecha para forzar una devaluación con el único objetivo de adueñarse de una porción mayor de la renta nacional. Las presiones de estos grupos terminaron generando un reacomodamiento del tipo de cambio, que a partir de un conjunto de medidas de política económica el Gobierno pudo estabilizar alrededor de los 8 pesos.

Otra de las expresiones de cómo el poder económico presiona por desestabilizar y condicionar la acción del Gobierno es en la disputa por los precios. Sólo cinco cadenas de supermercados proveen más del 60 por ciento de lo que consume la población. A fines del año pasado, estas cadenas trasladaron a los precios lo que preveían que se iba a devaluar. Luego, cuando se concretó, volvieron a aumentar los precios. Trasladando así dos veces la devaluación. Y en la mayoría de los productos, el ciento por ciento de la variación cambiaria cuando el impacto de los componentes extranjeros es reducido o casi inexistente.

Esto demuestra la necesidad de seguir potenciando el Estado e interpelar sobre el rol que deben tener los consumidores. El Estado debe ponerse al frente de la regulación del mercado de exportación agrícola mediante la regulación del acopio y comercialización. Debe profundizar y ampliar las políticas públicas destinadas a la promoción de la industrialización para poder sustituir importaciones y promover la recuperación de los entramados productivos articulando cadenas que permitan seguir recuperando capacidades productivas de la industria nacional.

Además, es necesario potenciar el rol de consumidores mediante el empoderamiento de las organizaciones de consumidores y usuarios y la creación de nuevas organizaciones que deben cumplir un papel protagónico defendiendo el poder de compra de los trabajadores a través de campañas de difusión que deben publicitar los precios que aumentan injustificadamente y desalentar su consumo.

La institución Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, que en los ’90 fue debilitada por cambios normativos pro mercado, debe recuperarse y en este sentido son muy importantes las modificaciones legislativas que se están impulsando en leyes como la de Abastecimiento.

El rol de los consumidores debe ser complementario de un Estado que regule, controle y castigue con fuertes sanciones los incumplimientos de las empresas porque éste es el único camino para ponerle un límite al poder económico concentrado.

En nuestro país la tasa de ganancia está por encima de la media mundial y son las grandes empresas y el sector agroexportador los que concentran el poder económico que se adueña de la mayor parte de la renta nacional intentando desandar los logros en la participación del ingreso de los trabajadores de esta última década.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).