La corrida cambiaria constituye el principal foco desestabilizador de la economía argentina. Apelando a diversos instrumentos, el Gobierno sofocó el frente de tormenta de comienzos de año. La estabilización del mercado cambiario continuará siendo un desafío para la conducción económica. La caída tendencial de reservas responde a cuestiones estructurales y coyunturales. Entre estas últimas, el stockeo realizado por el sector primario (exportadores y productores) fue una de las causas que forzaron un salto devaluatorio. En ese marco, la recreación de una Junta Nacional de Granos (JNG) fue propuesta por diversos dirigentes políticos, sociales e intelectuales. Por ejemplo, el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, propuso crear un Instituto Nacional de Comercialización Agropecuaria. Ese organismo intervendría “en el mercado estableciendo reglas, precios convenientes, garantía de comercialización, y mantener a los productores viviendo en el campo”, precisó.

La historia de la JNG se remonta a 1933. En noviembre de ese año, el gobierno conservador de Agustín P. Justo creó la Junta Reguladora de Granos. Ese organismo compraba la producción agraria (trigo, maíz, lino) a precios superiores a los vigentes en el mercado internacional. Dos años más tarde, la fusión de la Junta Reguladora de Granos y la Comisión Nacional de Granos y Elevadores dio origen a la JNG. El primer gobierno peronista la reconvertiría en el IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio). La apropiación parcial de la renta agraria permitió financiar el desarrollo industrial y la redistribución progresiva del ingreso. La caída del peronismo trajo aparejada la desaparición del IAPI. Por su parte, la JNG continuó funcionando con disímiles niveles de protagonismo. Durante el tercer gobierno peronista, la Junta comercializaba un poco más de la mitad de trigo y el 60 por ciento de la producción maicera. La dictadura cívico-militar redujo al mínimo sus actividades, en consonancia con la prédica librecambista.

El programa agropecuario alfonsinista (Pronagro) preveía un fortalecimiento de la JNG. Sin embargo, la oposición de las tradicionales entidades gremiales sectoriales (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas) frustró esa iniciativa. Finalmente, el organismo sería eliminado en el marco del programa menemista de reforma del Estado.

La recreación de la JNG permitiría, además de la apropiación parcial de la renta agraria, limitar el poder de veto de un puñado de exportadores e implementar diferenciaciones de precios en beneficio de los pequeños productores. Lo que no podría evitarse, por lo menos en el corto plazo, es la retención especulativa de granos en los establecimientos rurales. La dirigencia oficialista coincide en que no existe margen político para elevar las retenciones. Esa dificultad conspira contra el diseño de un sistema de tipos de cambio múltiples que disocie los precios internos de los internacionales.

En ese contexto, ¿es posible la recreación de la JNG? En otras palabras, ¿si no se pueden elevar las retenciones –que sería lo menos–, se podrá lo más? La respuesta depende de una cuidadosa ponderación de ventajas y dificultades. Esas últimas incluyen desde una correcta evaluación de correlaciones de fuerza (acompañamiento social, aliados sectoriales) hasta aspectos asociados a su posible implementación (capacidad de almacenaje, logística). De todos modos, la disyuntiva excede una lógica reduccionista de todo (nacionalización del comercio exterior) o nada (monopolio privado). La articulación de una empresa estatal de comercialización que compita contra los actuales actores privados sería una alternativa factible y deseable.

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@diegorubinzal