El rol del peronismo en la creación del Estado moderno suele ser reducido por la historia liberal a la esfera de los derechos sociales. Su papel en el área económica fue analizado en forma estrecha, como una continuidad de la industrialización de la Década Infame, con ciertas menciones al proteccionismo comercial y las estatizaciones de empresas de servicios públicos. Hacen un detallado estudio respecto de supuestos sobreprecios o ineficiencias en tal o cual caso, ocultando el abordaje del papel jugado en el replanteo de la estructura económica y social de aquellos años.

La creación del Consejo Nacional de Estadística y Censos, primer antecedente del Indec, que realizó el cuarto censo nacional tras 30 sin estadísticas en materia poblacional y abordó, por primera vez en la historia nacional, la elaboración de estadísticas periódicas en materia de producción y empleo, es por lo general desconocida. Tampoco han sido estudiadas en profundidad la elaboración y realización, por primera y única vez en la historia, de un plan económico quinquenal. O la innovadora regulación del sistema financiero que ponía bajo el control del Banco Central la creación del crédito, sin alterar el régimen de propiedad de la banca, ni requerir de costosas expropiaciones. El enfoque económico-legal sobre el rol social del capital o la propiedad estatal de los recursos naturales de la Constitución de 1949 son pocas veces mencionados aun por aquellos que reivindican el nuevo constitucionalismo social emergente en varios países de la región.

Otras cuestiones vinculadas con el desarrollo científico-tecnológico, como la creación de las escuelas técnicas, la gratuidad de la enseñanza universitaria (hasta entonces sólo accesible para una minoría) o la creación de la Comisión Nacional de la Energía Atómica, han sido olvidadas, cuando no tergiversadas, como en el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que habiendo sido fundado durante el primer gobierno de Juan Perón, fue rebautizado por la dictadura militar que lo derrocó. Una situación similar a la de este último organismo ha sucedido con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que según la propia página web de su organismo habría sido fundado el 5 de febrero de 1958, por un decreto-ley de la dictadura de Aramburu, poniendo a su frente a Bernardo Houssay (que accedió al cargo gracias a una pareja combinación de prestigio profesional y rabioso antiperonismo).

En realidad, el instituto encargado de “promover, coordinar y orientar las investigaciones en el campo de las ciencias puras y de las aplicadas” (decreto-ley 1291/58) ya existía desde que el 7 de mayo de 1951 se creara el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (Conityc), que había congregado científicos de la talla de José Balseiro o Enrique Gaviola. La dictadura militar, en un acto de tergiversación de la historia científico-técnica, cerró el organismo creado durante el gobierno de Juan Perón, para volver a crearlo a los pocos años. La debilidad de la historia oficial del organismo queda delatada ya en su nombre, donde en una muestra de falta de imaginación tan sólo se alteró la posición de las dos últimas palabras respecto de su precedente.

El mito fundacional del Conicet se inscribe en el intento del conservadurismo argentino de contraponer el desarrollo de la ciencia y la técnica al del avance en los derechos sociales de las mayorías, menguando el apoyo de la comunidad científica a los gobiernos de base nacional y popular.

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