La reasignación de subsidios dispuesta por el gobierno nacional dio lugar a variadas reacciones. El tratamiento mediático dominante estuvo centrado en los elevados porcentajes de aumentos. Ese enfoque le permitía calificarlo como un “tarifazo”. En cambio, el Gobierno resaltó el reducido piso del que partían los aumentos porcentuales. Así, Kiciloff planteó que “para un lugar de consumo reducido, que representa a 7 millones de usuarios de gas, alguien que paga hoy 20 pesos pasaría a pagar en abril 8 pesos más bimestrales”.

El debate también incluyó significativos giros discursivos. Por ejemplo, el senador radical Ernesto Sanz había expresado tiempo atrás que era “un despropósito subsidiar a los hogares pudientes de la Capital Federal”. Ahora, el titular del radicalismo expresó que, “lo llamen como lo llamen, es un ajuste y el Gobierno lo que no está haciendo es un esfuerzo en muchas otras áreas en las que podría reestructurar el gasto sin necesidad de meter la mano en el bolsillo de la gente”.

La conducción económica rechaza la idea de que la revisión del esquema de subsidios intente resolver un supuesto problema fiscal. Por el contrario, la medida pretende avanzar en el diseño de un sistema más equitativo.

La tradicional receta de recorte del gasto público es rechazada por el oficialismo, tal como lo demuestra el lanzamiento del Plan Progresar.

El kirchnerismo reivindicó desde sus inicios la utilización de la herramienta fiscal como impulso a la demanda doméstica. En ese sentido, la política fiscal siempre mantuvo un sesgo expansivo, aun cuando se registraran cuentas públicas superavitarias.

Esa concepción marcha a contrapelo de las visiones convencionales expresadas en el denominado Nuevo Consenso Macroeconómico (NCM), que desecha las posibilidades de utilización del gasto público (y de sus ingresos) como herramienta de impulso al crecimiento económico.

El investigador del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar) Fabián Amico señala en La política fiscal en el enfoque de Haavelmo y Kalecki que “algunos economistas afirmaron que la política fiscal no fue un factor importante en la recuperación 2002-2003 y que el cambio en el resultado fiscal (de un déficit persistente antes de 2002 a un fuerte superávit –aunque decreciente– desde 2003) sería un indicador de que la política fiscal habría sido ligeramente contractiva al menos hasta 2005. Sin embargo, el resultado fiscal (del déficit al superávit) no es necesariamente un buen proxy de cuán expansiva o contractiva es la política fiscal”.

La usual conjetura de que sólo son expansivos los resultados fiscales negativos fue rechazada hace bastante tiempo por el economista noruego Trygve Magnus Haavelmo. “En una situación con desempleo y recursos ociosos, definitivamente hay un efecto creador de empleo de parte de los gastos públicos, incluso cuando éstos están totalmente cubiertos por impuestos”, explicó.

Amico sostiene que “esta proposición de Haavelno se funda en el hecho de que los gastos y los impuestos afectan la renta agregada de manera diferente. Haavelno distingue la renta bruta (‘la suma de ingresos individuales antes de impuestos’) de la renta neta (‘la suma de ingresos individuales después de pagar sus impuestos’). La cuestión central sostenida por Haavelmo es que, mientras la demanda del sector privado por bienes y servicios depende de su ingreso neto, su empleo depende del ingreso bruto”.

En otras palabras, el incremento del gasto público (financiado con impuestos) aumenta el ingreso bruto, dejando al sector privado con el mismo nivel de ingreso neto. El resultado es mayor actividad económica y crecimiento del empleo. En ese marco, la política fiscal argentina mantuvo un sesgo expansivo desde 2003 a partir de la mayor progresividad tributaria (vía derechos de exportación) y del crecimiento significativo de los principales componentes del gasto público (jubilaciones, transferencias sociales, salarios, consumo e inversión pública).

Los círculos ortodoxos rechazan por igual el déficit fiscal y la suba del gasto financiada con impuestos debido a que, como concluye Amico, “en la medida en que el Estado comienza a influir sobre el nivel de actividad y empleo y socava el poder del sector privado para definir el estado del ciclo económico. Sin dudas, estas razones –no confesadas– están detrás de las ácidas críticas al “populismo” fiscal, al gasto “excesivo” y al peso “insoportable” de la carga tributaria del Estado”.

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