Si se tiene en cuenta que la mayoría de los argentinos en edad adulta pasa una parte importante de sus días en el trabajo, se puede decir que el empleo no registrado es la principal causa de falta de “seguridad jurídica”, más allá que éste es un reclamo que en general parte de sectores empresariales concentrados, siempre gustosos de actuar sin limitación ni regulación por parte del Estado, salvo cuando el accionar de éste es funcional a mantener su alta rentabilidad. Claro que cuando estos sectores reclaman seguridad jurídica, entre otras cosas lo que están reclamando no es justamente por la precariedad de sus puestos de trabajo, de la cual son ellos los principales responsables, sino que se quejan por el alto costo laboral.

El empleo no registrado tiene consecuencias perjudiciales tanto para los trabajadores y sus familias como para la sociedad en su conjunto. Por un lado, impide el reconocimiento de derechos laborales: los trabajadores no registrados no tienen aportes jubilatorios, ni asignaciones familiares, ni obra social, ni cobertura por desempleo o accidentes de trabajo. Además tienen salarios considerablemente más bajos, estando por debajo del salario mínimo, vital y móvil en muchos casos. Por otro lado, limita la capacidad del Estado para recaudar recursos, el alcance de la seguridad social y la viabilidad de encaminar la economía en una senda de desarrollo.

Si se mira la actual situación de la Argentina, se observa que para fines de 2013 una cantidad de 3,35 de cada 10 trabajadores asalariados posee un empleo no registrado. Si bien el porcentaje es alto, hay que destacar que a partir de 2003 se ha producido una importante mejora, ya que el 25 de mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner comenzaba una nueva etapa de la historia nacional, el empleo no registrado era de casi 4,92 de cada 10 asalariados. Estos números dicen que si bien son muy importantes los logros de esta etapa, todavía queda un largo camino por recorrer, de ahí la importancia de que la problemática se encuentre en el lugar de protagonismo que ocupa hoy en la agenda del gobierno nacional, y es lamentable que no tenga un mayor protagonismo en la agenda de otros actores de la vida política y económica del país.

La informalidad laboral es un fenómeno que ha crecido en forma ininterrumpida desde 1976, acelerándose sobre todo entre 1990 y 2004, año en que se logró un cambio de dirección. Ha sido muy importante el conjunto de políticas que se llevó a cabo tanto para poder revertir esta situación como para ampliar derechos a sectores víctimas de situaciones de informalidad:

- En el plano macro, el reemplazo de un modelo económico de especulación financiera por un proyecto político con objetivos económicos de crecimiento del mercado interno, de recuperación del empleo y de redireccionamiento del excedente de la exportación de bienes primarios para la recuperación de la industria.

- En el plano estrictamente laboral, se llevó a cabo un conjunto de políticas tendientes a revertir la situación: se restableció la negociación colectiva y se acordaron convenios colectivos de trabajo que establecieron reglas de funcionamiento y derechos laborales por encima de la Ley de Contrato de Trabajo en la mayoría de los sectores de la economía, se amplió el número de inspectores del Ministerio de Trabajo de 20 a 450, se creó el Sistema de Trabajo Registrado Digital, que facilita la inscripción de trabajadores a través del uso de Internet y se dictaron leyes para formalizar el empleo doméstico, el empleo agrario y el de trabajadores migrantes.

- A través de la Asignación Universal por Hijo se permite que la asignación familiar que cobran los trabajadores en relación de dependencia registrados se pueda extender a los desempleados y a los trabajadores informales. A la vez, el Plan de Inclusión Previsional permitió incluir a quienes por no tener aportes suficientes, por años de trabajo no registrado, puedan obtener el beneficio previsional.

Si bien estas medidas han logrado importantes avances, la reducción de la informalidad se desaceleró en los últimos años y es muy alta aún, siendo una cuenta pendiente.

En este sentido, es más que auspicioso el proyecto del gobierno nacional que comenzó a debatirse en el Congreso. La iniciativa contempla la reducción de contribuciones patronales sólo para microempresas, el fortalecimiento de la fiscalización e inspección y la creación de un registro de empresas que violen la legislación laboral. El Ministerio de Trabajo estima que, con los nuevos instrumentos, se logrará regularizar a alrededor de 650 mil asalariados no registrados en un plazo de dos años, reduciendo la informalidad al 28 por ciento.

* Docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA.