El tema de la informalidad laboral es uno de los problemas más importantes que afectan a nuestro mercado de trabajo, ya que involucra a una proporción significativa de personas empleadas. Muchos de los trabajadores precarios, junto a los desocupados, pueden ser incluidos dentro de la problemática de la exclusión social. De ahí la importancia de profundizar en el diseño de políticas públicas que ayuden a reducir la informalidad.

Se trata de un fenómeno complejo que requiere la adopción de políticas específicas que reconozcan la realidad. Existen marcadas diferencias de productividad entre los distintos sectores productivos y dentro de cada uno de ellos, así como entre las empresas. Esta heterogeneidad estructural denota la existencia simultánea de sectores de productividad laboral media y alta junto a otros donde la productividad del trabajo es muy baja. En muchos casos la respuesta de estos últimos sectores es sobrevivir en base a la informalidad y de allí la necesidad de llevar adelante políticas específicas para cada sector. Por otro lado, las diferencias tan marcadas en la calidad y productividad de los puestos de trabajo ayudan a explicar la existencia de la desigualdad.

Es obvio que las políticas de largo plazo deben apuntar a reducir esas asimetrías a partir de políticas que alienten el aumento de la productividad de los sectores rezagados. Pero mientras tanto, desde la perspectiva de promover el desarrollo del trabajo formal puede ser acertado sincerar esta realidad ofreciendo incentivos especiales a las pequeñas empresas a través de la reducción de sus cargas sociales.

Una mención especial debe plantearse para el caso de las organizaciones sin fines de lucro (ONG). Estas organizaciones encuentran, muy frecuentemente, trabas en su accionar por los altos costos que representa el pago de las cargas sociales de su personal rentado. Es que estas cargas para las ONG son hoy iguales a aquellas que alcanzan a las empresas extranjeras o nacionales de alta tecnología y con alto poder de mercado. De allí que creemos que la ley que está siendo discutida en el Congreso debe considerar en forma especial la reducción de las cargas sociales para las ONG, así como una correcta fiscalización de su accionar para confirmar la efectiva realización de su trabajo social.

Nos parece que la discusión de esta ley puede ser una oportunidad de apoyar la acción de las ONG, sobre todo si entendemos que hay muchas tareas específicas que no siempre puede asumir el Estado y que el logro de una sociedad más justa requiere del involucramiento del conjunto de la sociedad civil

* Investigadora del Conicet y de la UBA y presidenta de la Asociación Civil Avanzar por el Desarrollo Humano.