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En Argentina, el tema del endeudamiento externo ha retornado a la agenda política y al debate económico a partir de las gestiones que se están haciendo para la resolución de los conflictos que el país acarrea con los acreedores internacionales y de la siempre latente necesidad de asistir con divisas el crecimiento basado en la producción y el consumo, en una economía que no termina de superar su estrangulamiento externo. Esta cuestión presenta el desafío de eludir discusiones puramente ideológicas, al mismo tiempo que abre la oportunidad de dialogar en torno de la cuestión de fondo, que nunca debería estar ajena: esto es, que más allá de las teorías y de las ideas, las medidas de política económica deben propender al bien común, abarcando la dimensión interpersonal e intertemporal de la justicia distributiva.

Es cierto que al analizar los antecedentes del endeudamiento externo argentino se puede observar la estrecha relación que tuvo con la corrupción y las crisis macroeconómicas. Desde su origen, con el famoso empréstito solicitado en 1824 por el gobierno de Rivadavia a la Banca Baring para la realización de obras (que nunca se realizaron), hasta la fuerte expansión de la deuda externa que impulsaron las administraciones de neto corte neoliberal (que condujeron al estallido de 2001), resulta lógico asociar endeudamiento externo con crisis, depresión y dependencia.

Pero si se observan los criterios de endeudamiento y el uso de los fondos obtenidos durante los últimos 40 años, queda claro que el problema no radica simplemente en “tomar deuda”, sino más bien en las condiciones y consecuencias de estas operaciones. Parafraseando a un ex presidente argentino, no son de temer los de afuera que nos quieren comprar, sino los de adentro que nos quieren vender. En efecto, tanto durante el gobierno de facto, desde 1976 (cuando la deuda externa comenzó a aumentar exponencialmente) como durante el régimen de Convertibilidad (que encontró en la toma de deuda su única vía de supervivencia), el crédito externo fue mayormente improductivo, contribuyó al enriquecimiento de unos pocos y careció de la legitimidad debida, tanto es así que dificultosamente los argentinos puedan identificar en qué ha redundado tanto esfuerzo en materia de trabajo para generar aquellas divisas destinadas a pagar deuda externa.

A pesar de todo ello, la Argentina ha logrado dar una notable vuelta de página a partir de la salida de la convertibilidad y su posterior canje de deuda, iniciando un proceso de desendeudamiento relativo que dio como resultado que los niveles de deuda pública neta actuales se encuentren en el orden del 17,9 por ciento del PBI, y aunque todavía la deuda pública total asciende al 45,6 por ciento del PBI, está muy por debajo del 166 por ciento de 2002 (Informe Trimestral de Deuda del Ministerio de Economía de la Nación).

El escenario actual de liquidez de los mercados internacionales y las necesidades de divisas del país recrea el debate entre quienes adhieren al endeudamiento externo y quienes lo rechazan; sin embargo, mientras se discute, los nuevos trenes que vienen de la China a cubrir un déficit histórico de rodantes para mejorar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros llegan en virtud de un compromiso de pago en divisas asumido por el país. Esto podría significar un ejemplo práctico de que el crédito internacional puede servir a fines productivos o de infraestructura, y que determinadas operaciones pueden resultar ventajosas para el país, según el propósito y el éxito de la negociación.

Cualquier solución para el crecimiento de largo plazo está inexorablemente relacionada con la incorporación de valor agregado en los procesos productivos, con la educación, la innovación científico-tecnológica y con una infraestructura acorde con los de-safíos que ello plantea. Si bien se ha avanzado mucho en los últimos años, todavía quedan cuestiones pendientes; por lo que, sea con endeudamiento externo o sin él, esta generación y las futuras demandan una solución.

Por lo tanto, se debe considerar el tema y reflexionar sobre sus alternativas, porque eludir este compromiso conduce a dos extremos cuanto menos peligrosos: por un lado, al descartar de plano las alternativas crediticias, las posibilidades de financiar una estrategia de crecimiento quedan sujetas a la capacidad actual de obtener divisas, dilatando el desarrollo en caso de estrangulamiento o escasez. Por el otro, la posibilidad de que en un futuro se tome deuda discrecionalmente, sin el debido involucramiento de la comunidad acerca de las condiciones y uso de los fondos, podría repetir experiencias nefastas en materia de pérdida de la soberanía política y económica, exclusión y pobreza.

En consecuencia, superar la discusión ideológica es dar el debate, abierto y sin prejuicios; es evaluar en términos del bien común si el país debe o no endeudarse, considerando pormenorizadamente las condiciones crediticias, el uso productivo de los fondos y el impacto social e intergeneracional que genera el compromiso de repago. Más allá de defender un “modelo”, es importante discernir el “momento” económico y aprovechar las circunstancias, usando las herramientas disponibles que permitan alcanzar los objetivos de crecimiento y desarrollo pensando siempre y primeramente en el bien común, tanto de las generaciones futuras como de la presente

* Fundación Pueblos del Sur.

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