Las doctrinas conservadoras acerca de la sociedad capitalista asumen que el ejercicio de la libertad individual es no sólo un derecho personal, sino también la forma de lograr lo mejor en términos del bienestar colectivo. Este ha sido históricamente un principio básico de la formación estándar de los economistas: la libertad económica es lo más deseable en términos de eficiencia, hasta tanto se demuestre lo contrario.

Pero aun en sus formulaciones actuales, este argumento se vuelve fácilmente en contra de la libertad económica: las condiciones que deben cumplirse para obtener este resultado eficiente –formuladas para un contexto altamente estilizado y poco realista– son sencillamente inalcanzables en la práctica. Las intervenciones correctivas desde el Estado son entonces inevitables.

La segunda línea de defensa del pensamiento conservador es el argumento de que el Estado no representa necesariamente algún “interés colectivo”, sino el de los agentes que lo gestionan: políticos y burócratas que persiguen sus propios objetivos. No tenemos garantías, entonces, de que su intervención vaya en el sentido deseable. Entramos así en el campo complejo de la lógica del accionar estatal, y cuál es el control que los demás individuos hacen del accionar del Estado.

Las sociedades capitalistas son extremadamente complejas, y además evolucionan; de manera que es difícil entenderlas, por lo que no caben afirmaciones simplistas. Pero si hay algo que está claro es que deben ser monitoreadas colectivamente, tanto en lo referido a los mercados como al Estado.

Lo ocurrido en estos últimos tiempos con el tema de la producción de soja retenida con fines especulativos es un buen caso donde aplicar estos conceptos. Según estimaciones publicadas, si el año pasado se había liquidado el 78 por ciento de la cosecha a esta altura del año, hoy sólo se lo ha hecho con el 50 por ciento; en términos relativos, se estaría reteniendo cerca del 25 por ciento de lo producido, por obra y gracia del silobolsa. Se trataría de unos 13 millones de toneladas.

Entre junio y octubre, el precio ha sufrido una abrupta caída, de 528 a 336 dólares por tonelada. De manera que, en términos de los dólares a recaudar, la espera se ha traducido en una pérdida, y hay quien argumenta que esta caída era esperable.

Podemos valuar la producción retenida a partir del promedio de ambos precios; esto arroja un monto de 5600 millones de dólares. Está claro que el país enfrentaría una situación algo más desahogada si hubiera dispuesto de esta masa de dólares. Ella representa aproximadamente un 25 por ciento de las reservas actuales. Esto habría permitido, por ejemplo, aligerar el control sobre las importaciones de insumos, dando aire a la actividad productiva, hoy día estancada o en declinación. Además, ese monto alimentaría la demanda agregada, en una economía hoy estancada.

El principio de que el interés individual es lo mejor para el interés colectivo claramente ha fallado. El beneficio de quienes especulan con la retención de la producción dista de ser comparable con el prejuicio que ocasionan, porque sencillamente impiden que haya divisas –y también demanda– para la producción del país.

Se requiere entonces alguna intervención correctiva por parte del Estado. Se pueden discutir las motivaciones de quienes lo conducen, pero no caben dudas de que forzar la liquidación de estos productos almacenados sería beneficioso, aunque no tanto como lo habría sido de haberse liquidado con anterioridad.

¿Cómo hacerlo? Una medida posible, quizás insólita pero creemos que plena de fundamento, es declarar la producción almacenada de utilidad pública y sujeta a expropiación, al precio de mercado vigente. Esto sería fiscalmente neutro para el Estado, porque se compraría al productor y se vendería al mercado nacional o internacional al precio vigente para la soja puesta en puerto argentino. Los productores no pueden alegar un quebranto, por cuanto se está pagando por el bien lo que vale, y siempre que haya un interés colectivo de por medio, una expropiación se encuentra plenamente justificada.

Cierta prensa seguramente calificaría esta acción como una confiscación, pero no lo es en absoluto. Así fue en el caso de la compra del paquete accionario mayoritario de YPF, antes tildada de confiscación, y luego criticada por el precio pagado, supuestamente excesivo.

* Cespa-FCE-UBA.