El proyecto de ley anunciado por el Gobierno y explicado por el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, supone un salto cualitativo en la consideración de los servicios públicos. Esta ley, en caso de ser aprobada, representa el cambio más importante en la situación de legal e institucional de un servicio público desde los años ’90.

En efecto, desde aquella década, en la cual se institucionalizó un esquema de privatización de esos servicios, mayormente frustrado en sus resultados, no se había instrumentado a través de la legislación una modificación de aquellos presupuestos que supusiera un nuevo modelo de prestación de alguno de los servicios públicos existentes. Por lo menos no en esta magnitud y trascendencia.

No es que no hubiera modificaciones en varios de ellos, muy importantes en algunos casos, comprendiendo obras, como también modalidades actualizadas de funcionamiento.

Lo que ahora vemos con este proyecto es un conjunto de normas y previsiones que asumen en un todo orgánico varias realizaciones y acciones previas en el mundo de las comunicaciones, concretadas en los últimos diez años, que hallan aquí una institucionalización que le dan sustento y futuro. Porque no hay cambios que tengan trascendencia cuando no son institucionalizados: es una enseñanza de la historia en todos los ámbitos.

Pero hay más: este proyecto de ley anuncia además un modelo de funcionamiento de las comunicaciones que introduce transformaciones sustanciales. Uno de ellos es abrir las redes a todos los operadores, modificación esencial que no sólo incentiva la competencia sino que opera como un gran mercado que permite la entrada al sistema de pequeños actores de las comunicaciones, democratizando su desarrollo. En ese sentido debiera garantizarse, si alguna modificación al proyecto es posible, que los actores menores como las cooperativas no sean avasallados por los que tienen poder de mercado, respertando así el espíritu de la propuesta.

A ese cambio trascendente suma la declaración de servicio público, con todas sus consecuencias legales y sociales, de esa apertura de las redes entre todos los actores.

Al obligar a una nueva licencia de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones (TIC), a todos los operadores les requiere también facilitar el acceso mutuo a través de la arquitectura que permita funcionar el modelo. La intervención del Estado también se institucionaliza en la fijación de la tarifa de los peajes que haga posible esa modalidad.

El Estado se reserva la tutela de los servicios del espectro radioeléctrico, de la órbita-espectro y del uso satelital, dando también aquí un salto institucional que consolida logros anteriores.

Este proyecto garantiza el acceso del usuario a todos los servicios de información (voz, datos, texto, video, imágenes) a través de un solo cable, aunque a través de distintos prestadores, si así lo prefiere.

La norma contiene otras consideraciones de la máxima importancia en el mundo de las comunicaciones, que hacen que su sanción oportuna sea un hito en la prestación nacional de los servicios públicos.

* Especialista en servicios públicos, energía y recursos naturales.

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