En los últimos años, diversos sectores repiten esta zoncera, amplificada por no pocos medios de comunicación, sobre el manejo de los fondos de la Anses. Según cuestionan, esos dineros suelen ser aplicados a destinos reprobables, algo que supuestamente no ocurría en épocas de las AFJP. De paso aprovechan para meter el bocadillo de siempre: que esto colabora para generar déficit fiscal.

Un repaso histórico ayudará a desentrañar el tema. En 1993 se sancionó la ley 24.241, que estableció un desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones en un régimen mixto: el anterior esquema público (llamado “de reparto”) pasaba a convivir con otro privado (“de capitalización”). El nuevo modelo comenzó a funcionar en julio de 1994, cuando se puso en marcha el sistema de aportes a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

La reforma significó una de las mayores transferencias de recursos del Estado a compañías privadas de la historia argentina, ya que la parte más significativa de los aportes y contribuciones originados en el trabajo fue a parar a las AFJP, mientras el Estado debía seguir pagando las jubilaciones preexistentes y gran parte de las nuevas, ya que a quienes tenían mayor edad no les convenía afiliarse a las AFJP porque lo que podrían capitalizar era muy poco. Se violaba entonces una regla básica del sistema: que los haberes de los jubilados se financien con los aportes de los trabajadores activos. El Estado debía pagar casi todas las jubilaciones, pero ahora sin recibir la mayoría de los ingresos por los aportes. Esto originó un deterioro del déficit fiscal, obligando al Estado a tomar préstamos, que eran concedidos en gran medida por... las AFJP.

Paradójicamente, los ingresos que el Estado cedió a las AFJP volvían en forma de préstamos que estas mismas entidades les daban, por supuesto que cobrando intereses jugosos. No recuerdo haber escuchado en aquella época a estos mismos que hoy critican a la Anses decir algo al respecto de estas cuestiones.

Por si esto fuera poco, las comisiones que cobraban las AFJP por administrar las carteras eran de tal magnitud (alrededor del 30 por ciento) que rozaban la estafa. Se calcula que por este concepto se apropiaron de unos 10.000 millones de dólares, constituyéndose en la parte más importante del negocio.

Mientras tanto, ¿en qué invertían las AFJP?: en depósitos a plazo fijo, bonos, acciones y otras inversiones, todo muy parecido a lo que hoy se hace. La parte de acciones merece una aclaración muy especial: cuando la Anses se vuelve a hacer cargo de la totalidad del sistema recibe los activos que esos fondos tenían. Entre ellos acciones, que se encontraban distribuidas entre las distintas entidades, pero que una vez consolidadas en manos del organismo originaron que el Estado nacional pasara a ser propietario de partes significativas de 41 empresas. Por ejemplo, del 25 por ciento de Telecom Argentina, 9 del Grupo Clarín, 31 del Banco Macro, 26 de Siderar, 15 del Banco Patagonia, 20 del Grupo Galicia, entre otras. Muchos de los casos de compras de acciones de estas empresas fueron efectuados a precios sobrevaluados y generándose importantes pérdidas (que eran finalmente un perjuicio para los jubilados).

Estos son sólo algunos de los ejemplos que se pueden dar acerca de las inversiones que hicieron las AFJP. Con la vuelta al régimen estatal, el sistema se fue afianzando de manera muy marcada, a la vez que se produjo un incremento notable en la cantidad de beneficiarios. En forma paralela (y no por casualidad), volvió el debate acerca del uso de “la plata de los jubilados”, otra tremenda zoncera.

* Docente UNLZ y UNQ

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