La Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, recientemente sancionada por el Congreso argentino, constituye una reforma a la Ley de Abastecimiento de 1974. La nueva ley apunta a defender a los consumidores de los abusos del poder corporativo, dadas las asimetrías existentes entre aquéllos y el establishment económico concentrado y que se traducen, entre otras cosas, en el abusivo aumento de los precios. La ley consagra la presencia de un Estado activo dedicado a “garantizar que los consumidores accedan a los bienes y servicios en cantidades, calidades y precios razonables”. En concreto, la flamante legislación instala la regulación estatal en la cadena de producción - distribución - comercialización, donde la concentración es particularmente elevada en el rubro de la alimentación y en la producción de bienes de uso difundido.

Como era previsible, la ley fue cuestionada por las franjas corporativas del empresariado: la tildan de inconstitucional, de avasalladora del ámbito de la empresa privada, de contribuir a afianzar la intervención estatal en el mercado y de ahuyentar a futuros inversores por la inseguridad jurídica que genera. Desde entonces se instaló un escenario de confrontación entre el poder político en procura de proteger al consumidor, inerme frente al alza de los precios, y el poder corporativo cuyo propósito es asegurar el máximo de ganancia. La responsabilidad empresaria frente a la sociedad se esfuma frente al objetivo supremo: la ganancia.

Uno de los antecedentes internacionales de la Ley de Regulación podemos encontrarlo precisamente en los Estados Unidos cuando, a fines del siglo XIX, con la Ley Sherman se establecieron regulaciones para ilegalizar los acuerdos entre empresas competidoras para fijar precios, arreglar licitaciones y repartirse clientes, y el monopolio de cualquier parte del comercio, de manera de proteger a los consumidores y a los pequeños productores. En 1914, la Ley Clayton prohibió las fusiones y adquisiciones entre empresas competidoras, cuando tales fusiones o adquisiciones tuvieran el efecto de restringir la competencia o de formar un monopolio en perjuicio de los consumidores.

La aplicación de esta legislación antitrust llevó a varios ejecutivos de grandes empresas a permanecer transitoriamente en cárceles comunes. Por ejemplo, a principios de los años ‘60 del siglo pasado, General Electric, Westinghouse, Allis Chalmers, Ingersoll-Rand y otros fabricantes de equipos eléctricos sufrieron la persecución judicial por conspirar para fijar los precios de sus productos. Este hecho como la posterior fijación de precios por parte de varias acerías inquietó a la sociedad norteamericana.

En un período caracterizado por las grandes ganancias empresariales, fue un ciudadano estadounidense el que trascendió a la popularidad y mereció el respeto de sus conciudadanos por su lucha contra las grandes corporaciones y en defensa de los derechos del consumidor, llegando a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 1996, 2000, 2004 y 2008. Se trata de Ralph Nader, un abogado graduado en Harvard, austero y riguroso en sus investigaciones, que a mediados de los años ‘60 del siglo pasado comenzó denunciando la industria automotriz, en particular a la General Motors –por entonces la sexta empresa en el mundo– acusándola por lanzar al mercado el modelo Corvair, cuyo diseño era defectuoso y provocaba accidentes mortales. A juicio de Nader, los ejecutivos lo hicieron a sabiendas de que era inseguro y con el único propósito de obtener ganancias. La empresa, buscando desacreditar al denunciante, emprendió una investigación para conocer los antecedentes de Nader, entre ellos quiénes lo apoyaban, sus ideas políticas, su relación conyugal, su vida sexual, sus amigos, sus mujeres, si era dipsómano o drogadicto o era antisemita.

El investigado denunció la intrusión de GM en su vida privada y la demandó solicitando una indemnización de 26 millones de dólares. La empresa llegó a un acuerdo extrajudicial, le abonó 426.000 dólares y su presidente pidió disculpas públicamente. Por otra parte, como consecuencia del accionar de Nader, se aprobó una ley de seguridad automotriz que obligó a los fabricantes a instalar parte del equipo de seguridad que había subestimado constantemente. A partir de entonces, la industria automotriz perdió la potestad de decidir sin interferencia del Estado lo referente a seguridad en los automotores. Finalmente, luego de una abrupta caída de su venta, el Corvair fue retirado del mercado.

A partir de entonces, Nader aglutinó a un grupo de colaboradores dispuestos a investigar, bajo su conducción, la corrupción empresaria y a imponer marcos regulatorios. En esta oportunidad, el presidente de la GM acusó a estos críticos: “Luchan por cambios radicales en nuestro sistema de propiedad empresaria, cambios tan drásticos que destruirían la libre empresa tal como la conocemos”. La ultrasensibilidad del ejecutivo apelaba a un argumento transitado por los empresarios de otros lares ante toda interferencia que pudiera interpretarse como un palo en la rueda en la búsqueda de su indeclinable objetivo: la ganancia.

Los naderistas impulsaron campañas que dieron lugar a otras leyes regulatorias: de las radiaciones, de las cañerías de gas, de la industria de la carne y de la industria textil. Asimismo, Nader denunció la situación sanitaria y de seguridad que afectaban a los trabajadores de las minas y los métodos de procesamiento y envasado de la industria del pescado. A él se le deben los cinturones de seguridad en los coches, parabrisas a prueba de choques, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la Ley de Libertad de Información, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, la demanda por monopolio contra Microsoft y decenas de otras medidas protectoras de los consumidores. A juicio de Nader, había “que fortalecer los instrumentos tradicionales que han frenado el crimen, el fraude, la violencia, los abusos, la intolerancia corporativos. Y son la regulación, la oportunidad adecuada para la litigación. Son las leyes contra los monopolios, que han sido caricaturizadas, pero que constituyen instrumentos poderosos si son correctamente aplicadas”.

También condenó la doble vara que implicaba el discurso de cierto sector empresarial: “Esos capitalistas corporativos deberían ser denunciados cuando siempre dicen que el gobierno es el problema cada vez que actúa para ayudar a la gente de a pie con regulaciones sanitarias y de seguridad, por ejemplo, pero que el gobierno es maravilloso en cuanto llama a los burócratas (gubernamentales) a realizar misiones para rescatarlos de su propia codicia y demencia”.

A principios de 1967, Nader acusó a la corporación automotriz de presionar sobre el presidente Johnson para obtener un desmesurado aumento de los precios de los automotores nuevos. Poco antes, formuló un pronóstico inquietante a partir de las tendencias que pudo relevar en sus investigaciones: “A menos que se emprenda el desafío de la reforma de las empresas, el país se verá llevado a elegir entre un Estado corporativo o un Estado socialista. Los indicios actuales señalan que vencerá el Estado corporativo”.

Cuatro décadas después, cuando el vaticinio se materializaba, recordaba los dichos de un ex presidente que lidió con las corporaciones, y denunció la trama de poder construida por éstas: “Estamos en una etapa avanzada para convertirnos en un Estado corporativo, en el que –como advirtiera Franklin Delano Roosevelt en 1938– el gobierno esté controlado por el poder económico privado... (Roosevelt) consideraría que el control actual por el poder económico privado –es decir, las corporaciones gigantes montadas a horcajadas sobre el mundo– es una forma aún más avanzada de lo que llamó fascismo: control del gobierno por intereses corporativos... la definición clínica de ‘fascismo’ es cuando el poder económico privado concentrado le quita el gobierno al pueblo, convierte al gobierno en un garante, un subvencionador, una cobertura del poder corporativo. Y las corporaciones tienen ahora sus ejecutivos en altas posiciones del gobierno. Tienen aquí 35.000 grupos de presión a tiempo entero, como las compañías farmacéuticas, que obtienen toda clase de subsidios del Congreso. Y tienen 10.000 comités de acción política”.

De esta manera, Nader nos muestra la diversificación de los métodos del poder corporativo. Sabemos de sus prácticas mafiosas en áreas sensibles de la economía para chantajear y presionar al poder político, o para desestabilizarlo o derrocarlo cuando se entromete en el sacro funcionamiento de los mercados.

* Docente de posgrado de la FCE (UBA) e investigador del Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social (IHES).