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La divulgación de información reservada se ha hecho habitual en el último tiempo. Palabras como Wikileaks se han popularizado rápidamente y personajes como Julian Assange son reconocidos en todos los rincones del planeta. Similar publicidad ha recaído en el experto en informática y ex agente de inteligencia de la NSA (National Security Agency) de los Estados Unidos Edward Snowden, hasta hace unos años un ilustre desconocido. Antes de transformarse en una celebridad global, Snowden pasó momentos más propios de una película de espionaje de la época de la Guerra Fría. De Hawai, su residencia y lugar de trabajo, voló a Hong Kong. Allí, divulgó información secreta de la NSA. Por último, se dirigió a Moscú en cuyo aeropuerto permaneció retenido hasta que le fuera otorgado el asilo por parte del gobierno ruso, pese al reclamo de extradición de las autoridades estadounidenses. En Moscú se encuentra aún oculto Snowden y se espera que esté allí por mucho tiempo más.

En días recientes, el gobierno nacional ha denunciado ante la Justicia argentina una trama ilegal para realizar fuga de divisas y evasión fiscal a cuentas secretas en Suiza, por parte de más de cuatro mil personas y empresas. La información fue suministrada a la AFIP por la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia, a raíz de una filtración de datos realizada en 2008 por un ex empleado del HSBC de Ginebra, el ítalo-francés Hervé Falciani. La totalidad de personas físicas y jurídicas figurantes en la lista completa obtenida por Falciani alcanza a más de 130 mil clientes, incluyendo en ella a argentinos, españoles y franceses, entre otras nacionalidades. En la actualidad Falciani colabora en España con la Fiscalía Anticorrupción y está amparado por un programa de protección de testigos, auspiciado por Naciones Unidas en su Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).

Tras la denuncia realizada por la AFIP, Falciani ha recibido un trato áspero por parte de representantes de la prensa hegemónica. Así, en un editorial del diario El Día de La Plata considera que “esa información, que data de 2006, fue filtrada por un empleado infiel del banco HSBC”. Además, Jorge Lanata desde Clarín afirma que “el Gobierno decidió traer la manada de elefantes para ocultar el elefante propio: denunció la existencia de unas cuatro mil cuentas en Suiza que habían sido reveladas por un empleado infiel del HSBC en Europa”.

Por otra parte, en el sitio web de Marcelo Longobardi podemos anoticiarnos de que “lo que hubo es la existencia de un presunto empleado infiel en el HSBC. Se robó información que no sabemos si es cierta o ha sido manipulada”.

Como vemos, el hilo conductor del argumento de los voceros del establishment argentino apunta a una deslegitimación de Hervé Falciani, al que unánimemente se considera como un empleado infiel, autor de un robo inexcusable. Sin embargo, si queremos ser serios en el análisis, tendríamos que preguntarnos si lo realizado por Snowden, Falciani y tantos otros puede ser estudiado desde otra perspectiva. La respuesta es sí.

En el idioma español no existe un término unívoco que referencie el acto de divulgar al público o a la Justicia la información de proyectos o actos cuestionables, ilegales o faltos de ética realizados por una organización. Términos como soplonaje, buchonaje o entregador tienen una carga peyorativa notoria. Con menos agresividad está la figura del informante o denunciante. La palabra topo, muy frecuentada en las notas periodísticas, está más relacionada con el espionaje tradicional, pues hace referencia a alguien que, trabajando en una organización, actúa camuflado sirviendo a otra organización o país. Sin embargo, hay una expresión que es utilizada con amplitud y adecuación en la disciplina de la ética aplicada (principalmente en la ética de la ingeniería, en la ética de las organizaciones o en la ética de los negocios): whistleblowing. Traducida literalmente significa “soplar el silbato” y con ello hace referencia al acto de llamar la atención o señalar públicamente una falta.

Una definición más precisa indica que un whistleblowing es el acto realizado por un individuo perteneciente a una determinada organización y que consiste en divulgar, por fuera de los canales propios, aquellos actos impropios o ilegales cometidos por la propia organización o por personas en posiciones de autoridad dentro de ella. Cabe aclarar que no toda acción puede justificar el whistleblowing sino sólo aquella que pueda entrañar daños a la población, sean éstos físicos, psicológicos o financieros. Un whistleblowing implica para el agente que lleva adelante la divulgación la existencia de un dilema ético a resolver, puesto que colisionan el cumplimiento de la lealtad hacia la institución en la que presta servicios, por un lado, con los principios, virtudes o deberes que el mismo agente considera como constituyentes genuinos de su moralidad.

Se han propuesto diversos criterios para justificar un whistleblowing y, por tanto, dar una cobertura ética que sustente la acción llevada a cabo por el denunciante (whistleblower). Uno de ellos, ya clásico, fue elaborado en su momento por Richard De George en su texto Business Ethics (1986). Un enfoque diferente es sostenido por Michael Davies en su trabajo “Some Paradoxes of Whistleblowing” (Business and Professional Ethics Journal, 1996). El modelo de Davies –conocido como la teoría de la complicidad– enumera ciertas condiciones a cumplimentar, a saber:

a. lo divulgado debe provenir de la institución en donde el agente trabaja;

b. el agente debe ser una persona que voluntariamente trabaje en la institución;

c. la organización, aun siendo legítima, practica acciones que son éticamente muy cuestionables;

d. el agente considera que será cómplice de actos moralmente inaceptables si no los divulga públicamente.

Davies considera que, además, los puntos c y d sean entendidos como conocimiento concreto, es decir que el agente las considere creencias justificadas y verdaderas (para ello debe poder contar con evidencias sólidas que avalen su accionar).

Es pertinente mencionar aquí, además, que en varios países se ha legislado con variado y desigual impacto lo concerniente al whistleblowing, en particular en lo referente a la protección de las personas denunciantes (Whistleblowers Protection Act, Australia, Public Interest Disclosure, Nueva Zelanda o el Public Sirvants Disclosure Protection Act, en Canadá). En los Estados Unidos existe el Whistleblower Protection Act desde 2007. Asimismo, la gubernamental OSHA (Occupational Safety & Health Administration, Estados Unidos) tiene su propio manual dedicado a los actos encuadrados en el whistleblowing, en particular para la tramitación de denuncias por represalias. Así, en su capítulo 14 (dedicado a las empresas financieras) establece: “Ninguna empresa, incluyendo cualquiera o cualquier funcionario, empleado, contratista, subcontratista o agente de dicha empresa puede despedir, degradar, suspender, amenazar, acosar, o de cualquier otra manera discriminar contra un empleado en los términos y condiciones de empleo debido a cualquier acto que, realizado por el empleado, proporcionara información sobre cualquier conducta que el empleado cree razonablemente constituya una violación del marco legal, cualquier regla o regulación de la Comisión de Bolsa y Valores, o cualquier disposición de las leyes federales en materia de fraude contra los accionistas”.

Entendemos que, tanto en el plano de la ética (por ejemplo, apego al modelo de Davies) como también en la jurisprudencia de diversos marcos legales que regulan la divulgación de información clasificada, las acciones realizadas por individuos como Hervé Falciani están plenamente justificadas. Falciani pudo encontrar con su acción la respuesta adecuada para su dilema ético: ¿qué prevalece en la balanza, la lealtad a tal o cual compañía o el bienestar de la comunidad?

Ricardo Maliandi, una de las voces más autorizadas de los estudios éticos en Argentina, nos recuerda que la cuestión del conflicto moral representa efectivamente una especie de núcleo de donde derivan todas las cuestiones éticas. Citando a Antonio Machado, en Etica, conceptos y problemas (Buenos Aires, 2009), Maliandi agrega “¿Se vive de hecho o de derecho? He aquí nuestra cuestión. Comprenderéis que éste es el problema ético por excelencia, viejo como el mundo”.

* Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue.

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