Por Claudio Scaletta

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados presentó a la Ufitco, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, una denuncia por la presunta existencia de una organización mafiosa dentro de la Aduana dedicada a defraudar al fisco en cifras millonarias. Las operaciones detectadas consistirían en cargar al Sistema Informático María (SIM) datos falsos sobre las posiciones arancelarias de las importaciones. Además, las mercancías serían ingresadas al país a través de firmas fantasmas o de terceros que desconocían las transacciones. Solamente en el período investigado se habrían evadido cerca de 400 millones de dólares. Según consta en la denuncia, el titular de la AFIP, Alberto Abad, se habría negado a escuchar la explicación de los diputados.
La Comisión de Economía detectó, en un período de poco más de tres años, la entrada de más de 3 millones de kilos de talco en alrededor de 500 contenedores, a razón de 6 toneladas por embarque. Distintas denuncias recibidas por la misma Comisión permitieron establecer que en lugar de un aumento promedio para la higiene de los argentinos, estas operatorias eran utilizadas para el ingreso de cigarrillos, entre otras mercancías de mayor valor. El cambio en el tipo de mercancía declarada era utilizado para disminuir la carga tributaria. Cada contenedor ingresado, en vez de pagar un promedio de 750 mil dólares de impuestos, abonaba entre 1500 y 2500 dólares. Una cuenta simple indica que la cifra evadida alcanzaría un piso de 374 millones de dólares.
El alerta de la operación llegó a la Comisión de Economía de la Cámara baja a través de la denuncia del despachante Eugenio Cosentino, quien descubrió que su firma estaba siendo utilizada para compras al exterior que él mismo desconocía. El problema fue que, a pesar de que se comprobó que el embarque no le pertenecía realmente, la policía aduanera comenzó a hacer pasar por canal rojo todas sus operaciones. Según denunció el importador en sede judicial, ante su queja las autoridades de la Aduana le habrían dicho “que se quede en el molde”. Luego de intentar ser recibido por el titular de la DGA, Cosentino optó por llevar su denuncia a la Comisión de Economía de Diputados.
En una reunión realizada en septiembre del 2002, los legisladores de la Comisión de Economía –según relatan en la denuncia presentada ante la Ufitco con las firmas de Guillermo Corfield, actual presidente de la Comisión, y de Luis Trejo– intentaron explicar al titular de la AFIP, Alberto Abad, y al entonces titular de la DGA, Mario Das Neves, la existencia de una organización ilícita dentro de la Aduana. Siempre según el texto de la denuncia, en la reunión “no se permitió que el asesor de la Comisión de Economía, Jorge Safe, realizara una explicación del circuito informático por el cual podrían haberse cometido ilícitos aduaneros aun no detectados por la AFIP”.
Ante la falta de respuesta de los organismos del área que deberían haber tomado el caso, la Comisión decidió presentar la investigación a la Ufitco sin que hasta la fecha, transcurridos casi nueve meses, haya habido novedades. La explicación que Abad no quiso escuchar fue realizada sobre la base de información que no resultó difícil encontrar. Figuraba en la propia página web de la AFIP (SIM en línea). El camino fue simplemente seleccionar las operaciones de importación de talco entre el 1º de enero de 1999 y el 30 de septiembre de 2002 (lo que indica un agregado de datos entre el período que va desde la frustrada reunión con la cúpula del organismo recaudador y la presentación a la Ufitco). Del relevamiento surgió que la mayoría de las operaciones, salvo unas pocas excepciones, habían sido realizadas por firmas que, si bien estaban registradas, no existían o sus propietarios, como en el caso del denunciante Cosentino, no estaban enterados. En muchos casos, cuando los investigadores llegaban a los domicilios de los titulares, se encontraban con viviendas residenciales en zonas modestas del Gran Buenos Aires. La eficiencia de la organización mafiosa surge así del freno que lograba establecer cuando la aceitada maquinaria fallaba. En diferentes denuncias que involucran a algunas de las firmas investigadas, el final del proceso parece ser siempre el mismo. Cuando eran convocadas porque se detectaba alguna irregularidad, sus asombrados titulares simplemente negaban haber hecho la operación y allí moría el caso.
Según consta también en una denuncia realizada ante el juez Julio Cruciani, un fraude similar se habría realizado con importaciones de textiles, las que habrían ingresado como vidrio molido, planchas de poliéster y otros insumos de bajo valor.
La conclusión de la investigación fue la “presunción de un megacontrabando escalonado”. La comisión legislativa encontró elementos suficientes para presumir la existencia, dentro de la Aduana, de “una organización ilegal, constituida por auxiliares aduaneros, funcionarios de la AFIP y terceros particulares”. Una organización que había sido denunciada incluso por la propia cámara de importadores y exportadores que en, septiembre del 2002, publicó un informe reconociendo que la Aduana se encontraba “desbordada por el accionar mafioso”.