Por Daniel Azpiazu
y Martin Schorr

Las características esenciales de la revisión contractual con las privatizadas que llevó adelante la administración Duhalde (originalmente, 61 contratos) muestran una estrategia dual, no ajena al impacto de los distintos servicios públicos sobre el comportamiento económico y el gasto de los distintos sectores sociales. Cabe identificar, por lo menos, dos grandes lineamientos: el de aquellas actividades en las cuales el Gobierno implementó medidas fuertemente cuestionables en términos procedimentales y, más aún, legales, pero que resultaron plenamente funcionales al proceso de acumulación y reproducción del capital de las compañías prestatarias. Es el caso de las vías fluviales por peaje, los servicios aeroportuarios, el correo postal, las terminales del puerto de Buenos Aires, el transporte ferroviario de pasajeros y el puente Rosario-Victoria. Por otra parte, el de aquellos sectores en los que las firmas privadas no lograron que se les concedieran los desmedidos reclamos que presentaron al inicio del proceso de renegociación. En estos casos la estrategia gubernamental restringió toda la revisión contractual al aspecto tarifario, abandonando los criterios establecidos de manera taxativa por la Ley de Emergencia dejó la renegociación global de los contratos –e, incluso, la tarifaria en las áreas más sensibles socialmente– como una pesada herencia para la nueva administración gubernamental. En esta situación se encuadran los servicios de: agua y saneamiento, corredores viales nacionales, redes de acceso a la ciudad de Buenos Aires, transporte ferroviario de cargas, servicio básico telefónico, y transporte y distribución de gas natural y energía eléctrica.
En el primer caso, donde las acciones implementadas derivaron en incrementos en los ingresos reales o en una reducción en los costos efectivos de las compañías prestatarias (con sus consiguientes impactos positivos sobre la rentabilidad empresaria), se conjugan dos aspectos fundamentales. Por un lado, la sumisión oficial frente a la presencia decisiva en los respectivos consorcios propietarios de algunos de los principales grupos empresarios locales (como es el caso de Eurnekian en Aeropuertos Argentina 2000, de Macri en Correo Argentino, de Techint en la construcción del puente Rosario-Victoria, y de Roggio en los ferrocarriles de pasajeros), junto con un importante número de grandes empresas transnacionales. Por otro lado, el escaso impacto directo sobre los usuarios y consumidores de tales servicios, en general, y sobre los de menores recursos, en particular.
En el segundo caso, queda integrada la mayor parte de los servicios que, de haberse autorizado incrementos tarifarios y de contemplarse los requerimientos originales de los consorcios prestatarios, se hubiera generado una conflictividad social de difícil resolución para un gobierno débil y de transición como el del Dr. Duhalde. Es más, la sanción de los decretos (Nº 2437/02 y 146/03) que aprobaban aumentos en las tarifas de energía eléctrica y de gas natural por redes parecen conformar más a un intento de la Administración Duhalde por demostrar buena voluntad frente a las prestatarias privadas y a los organismos multilaterales de crédito que a una decisión fundamentada que no pudiera ser rechazada en el plano legal –tal como efectivamente sucedió–. De allí que no resulte sorprendente que haya sido el propio ministro Lavagna el que presionara a las firmas eléctricas y gasíferas a que fueran ellas las que recusaran los consiguientes fallos judiciales.
Es indudable que la peculiar estrategia renegociadora que desplegó el gobierno del Dr. Duhalde con las prestatarias privadas de servicios públicos reveló una ostensible subordinación frente al poder de lobbying de las mismas, de los principales grupos económicos del país y de organismos como el FMI y el Banco Mundial. De allí que, en algunos casos, recurriendo a débiles argumentaciones, las renegociaciones se desarrollaron por fuera de la Comisión Renegociadora.
En estas áreas más sensibles, el oficialismo buscó dilatar la renegociación, no obstante sus numerosos, pero poco fundamentados, “intentos” que fueron impugnados en repetidas ocasiones por varios magistrados del Poder Judicial que “hicieron lugar” a los, ahora sí fundamentados, reclamos realizados por las defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires y por diversas asociaciones de usuarios y consumidores.
Sin duda, el impacto de la movilización social que se inició en el país a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001 se hizo sentir en la estrategia de negociación. A pesar de la evidente subordinación del gobierno interino frente al enorme poder de lobbying de las firmas prestatarias y de sus respectivos países de origen, de organismos como el FMI y de los principales grupos económicos del país, éste no pudo concederles los desmedidos ajustes tarifarios reclamados.