› Por Claudio Scaletta
Tras la intervención del Indec y la pérdida relativa de credibilidad en las estadísticas públicas, los números de variables macroeconómicas como el nivel de pobreza se convirtieron en un escenario más de la lucha política. El primer resultado es que se repiten, no sin azoramiento, cifras de pobreza que van del 13 al 35 por ciento de la población (ver aparte). Los especialistas, en tanto, se enfrascan en aburridas discusiones metodológicas y desde el Ministerio de Economía piden paciencia hasta tanto se logre empalmar las viejas series tomando ahora como referencia el nuevo IPCNu (Indice de Precios al Consumidor Nacional urbano), de alcance nacional, que se publica desde febrero de 2014.
Luego, al margen de la mayor o menor credibilidad de los números, está el pensamiento lógico: ¿es posible que en un país donde, vía paritarias y crecimiento económico sostenido durante más de una década, se empoderó a los trabajadores, con el consiguiente aumento continuo del empleo y los salarios desde la salida de la crisis de 2001-2002, la pobreza se haya mantenido estable o crecido? ¿Es esto posible si, además, se establecieron múltiples vías de transferencias sociales y prácticamente se universalizaron los beneficios previsionales? ¿La desafortunada intervención del Indec significa que sus números ya no miden nada y que en adelante sólo deberá creerse en las cifras proporcionadas por consultoras, legisladores creativos o universidades privadas?
La pobreza en Argentina se mide en términos absolutos. El método consiste en determinar cuánto cuesta comprar una Canasta Básica Alimentaria (CBA), la que marca la línea de indigencia, y cuánto una Canasta Básica Total (CBT), que a la CBA agrega bienes y servicios como indumentaria, transporte, salud, educación, esparcimiento, y determina la línea de pobreza. Si el ingreso no alcanza para adquirir la CBA, se es indigente; si no alcanza para comprar la CBT, se es pobre. Lo primero que se advierte es que para determinar estadísticamente el número de pobres e indigentes resultan clave tres elementos: la composición de las canastas, la variación de los precios de los bienes y servicios que la integran (de aquí la importancia del nuevo IPCNu) y los cambios en el nivel de ingreso de la población. Todas las discusiones metodológicas que explican la dispersión de los números de pobreza señalados son debates en torno de estos tres elementos.
La metodología señalada es simple, pero habilita múltiples frentes de ataque. Por ejemplo, podría decirse que la medición de pobreza que dejó de difundirse hasta el empalme de series se referenciaba en una CBT elaborada en 1980, es decir con la composición de necesidades y demandas de bienes y servicios de hace 35 años, y en una encuesta de gastos de los hogares de 1985. Luego está la cuestión de los precios de referencia para valorar las canastas. No es lo mismo la inflación Patio Bullrich que la de la canasta de Precios Cuidados. Cualquiera sea el caso, debe reconocerse que el problema deriva fundamentalmente de haber perdido la referencia universal que proporcionaba la credibilidad en el Indec para establecer unívocamente los precios de referencia, la que se espera comience a saldarse tras el nuevo IPCNu. En cuanto a los ingresos, una crítica central es la presunción de la subdeclaración en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Los frentes de ataque son múltiples y, sin justificar intervenciones innecesarias del pasado, resulta evidente que la metodología demandaba actualización y ajuste. Sin embargo, todo lo expuesto no quiere decir que no pueda lograrse una correcta medición estadística de la pobreza absoluta sobre la base del sencillo método descripto. El punto es que hoy esta medición continúa en revisión, no existe un número oficial y habilita a que se diga cualquier cosa.
Pasando de la metodología a la coyuntura, es esperable que después de una devaluación, como por ejemplo la de enero de 2014, con aumento de la inflación, los salarios se contraigan en términos reales, al menos hasta el momento de los reajustes, y que sean menos quienes pueden comprar la CBA y la CBT. ¿Significa esto que aumentaron la pobreza y la indigencia? En términos estadísticos, evidentemente sí, pero tan obvio como esto es que ni pobreza ni indigencia son en la realidad fenómenos de corto plazo ni determinables solamente por una variación coyuntural de ingresos originada en turbulencias macroeconómicas. Para comprender estructuralmente el fenómeno es necesario recurrir a otros indicadores complementarios y que continúan siendo medidos por el Indec, en particular el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), lo que incluye a su interior factores como hacinamiento, más de tres personas por ambiente, vivienda precaria o no, condiciones sanitarias (como la existencia de baño en la vivienda), asistencia escolar y capacidad de subsistencia de los integrantes de las familias.
Mirando las series largas de NBI se tiene que en las dos décadas que van de 1980 a 2000, los hogares con NBI se redujeron el 35,9 por ciento, mientras que entre 2001 y 2010, la baja fue del 36,4 por ciento. Dicho de otra manera: en la primera década del siglo, las NBI se redujeron al doble de velocidad que en las dos anteriores. Y un dato más, los hogares con NBI estuvieron en 2010 por primera vez por debajo de los dos dígitos, con 9,1 por ciento del total. De acuerdo con datos provisorios, para 2013 los hogares en esta situación se habían reducido al 7,5 por ciento.
Comparando los datos del censo 2010 con el de 2001 se tiene que 1,4 millones de personas dejaron de tener NBI. Abriendo el detalle se destaca una caída del 12 por ciento en las personas hacinadas, una baja del 21 por ciento de los residentes en viviendas precarias y una contracción del 51 por ciento de las personas con déficit sanitario. En cuanto a las personas en hogares donde al menos un niño no va la escuela, la reducción fue del 7 por ciento. Finalmente, las personas en hogares con problemas de subsistencia se redujeron en un 14 por ciento.
A la clara reducción de la pobreza estructural reflejada por la caída del número de personas con NBI pueden sumarse algunos indicadores indirectos. Uno potente fue la caída de la desigualdad, que según el coeficiente de Gini se redujo el 20 por ciento entre 2003 y 2014. Otro indicador fue la baja de la mortalidad infantil, que pasó del 12,5 por mil en 2008 al 11 por mil en 2013.
Finalmente, existen tres datos imposibles de soslayar en materia de ingresos y que explican algo más que la reducción de las personas con NBI: el aumento del empleo, las transferencias sociales y la extensión de los beneficios jubilatorios. Algunos números:
- Desde 2003 se crearon 2 millones de puestos de trabajo, lo que llevó la cifra de empleados a casi 11 millones, de los cuales 8,4 millones están registrados.
- El sistema jubilatorio incluyó a casi 3 millones de beneficiarios.
- Desde 2003 el número de destinatarios de transferencias públicas pasó de 5,3 a 16,2 millones, y 7,7 millones de niños, niñas, adolescentes y embarazadas reciben asignaciones familiares.
- La disminución de la pobreza desde 2003 significó para 2014 el ingreso de 18,9 millones de personas a la clase media.
La conclusión provisoria en materia de pobreza, entonces, enfrenta las dificultades de su medición estadística, de las cuales es íntegramente responsable la administración iniciada en 2003. Pero con el pensamiento lógico, entre 2003 y 2014 y al margen de las variaciones de corto plazo, se registra una significativa baja del desempleo, un aumento constante de los salarios y en la calidad del empleo, una universalización de los beneficios previsionales y un aumento vía transferencias de la inversión social, factores que también son íntegra responsabilidad de la actual administración y que determinaron una considerable caída del número de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, una disminución de la desigualdad y un aumento de las clases medias. Es decir, una disminución consistente de la pobreza estructural.
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