A medida que se avanza en el proceso electoral, distintos economistas neoliberales anticipan en diversos medios de prensa sus propuestas para el nuevo período que se iniciará en diciembre de este año.

En el espectro opositor está circulando un conjunto de ideas que se podría calificar como un “consenso” que es del agrado del gran empresariado local.

Uno de los aspectos salientes de estas propuestas es el nivel que debería tener el tipo de cambio oficial.

Todos parten de la base de que debería ser mucho mayor al actual, y realizan diversos cálculos en los que arriban a cifras estratosféricas o, en los casos más moderados, a 13 o 15 pesos por dólar.

Si ningún otro precio cambiara, equivaldría a una devaluación real del 50 al 65 por ciento.

La reiteración y difusión de este tipo de análisis en numerosos medios masivos y también especializados va generando, a su vez, un “consenso” en la opinión pública, sobre el valor futuro de la moneda extranjera, y promoviendo expectativas en ese sentido. Este acto de creación de “convicciones” sociales, no es neutral y se combina con la difusión de diversas especulaciones sobre la endeblez de las reservas del Banco Central y listados inflados de los presuntos pagos masivos de deuda externa a afrontar en 2016. No cabe duda de que toda esta “información” converge en un objetivo nada ingenuo, que es la creación de expectativas devaluatorias en la población. Nada más agradable, desde la perspectiva financiera, que las abultadas ganancias que se pueden obtener en corto tiempo, sin tener que pasar por el arduo esfuerzo productivo.

Pero el punto que reviste un especial interés para el análisis político-económico es lo que podríamos denominar el “Plan Económico Inocencia”, que consiste en el siguiente postulado: “Pongamos el tipo de cambio en 15 y listo”.

Lo que sorprende es que en estos bocetos de plan económico del gobierno conservador que surgiría a fin de año se proponen medidas (devaluación, ajuste fiscal, reendeudamiento, caída salarial), como si la sociedad no constituyera un cuerpo vivo y complejo, sino una ecuación a resolver en pocos minutos.

“El tipo de cambio oficial deberá ubicarse en torno a los 15 pesos” parece ser más la respuesta de un estudiante de finanzas o comercio exterior en un examen parcial de su carrera, que la propuesta de un economista situado en la Argentina actual, y conocedor de las características específicas del país sobre el cual está opinando.

¿Cómo puede ser que pretendientes al cargo de ministro de Economía de un nuevo ciclo neoliberal propongan un número determinado para el dólar, sin aclarar cómo piensan el conjunto de precios relativos de la economía, en otros términos, quién ganará y quién perderá con el nuevo gobierno?

La experiencia histórica argentina nos da algunas lecciones en ese sentido.

En 1989, en el peor mes de la hiperinflación, el gobierno entrante de Carlos Menem intentó fijar el tipo de cambio en 650 australes por dólar, produciendo una gran devaluación del tipo de cambio oficial, y le pidió al gran empresariado que frenara las remarcaciones, para establecer un tipo de cambio real alto. La respuesta de ese sector fue impactante: continuaron remarcando a tal velocidad, que destruyeron en pocos días el esquema económico que un ministro proveniente de su mismo sector había propuesto. El capital concentrado, intentando elevar la tasa de ganancia en un contexto socialmente catastrófico, fue el que impidió la estabilización cambiaria con un tipo de cambio alto.

En 2002, en cambio, se pudo lograr una devaluación real de la moneda. El “pequeño truco” fue que se frenó parcialmente al alza de precios posterior a la gran devaluación, gracias a contar con un escenario social dantesco, cifras abrumadoras de desempleo y miseria, que hicieron inviable el acostumbrado ejercicio remarcador –en proporción a la devaluación o aún más–, que se ha convertido en una suerte de “derecho adquirido” de las grandes empresas locales. La única forma que se encontró en la Argentina en las últimas décadas para realizar una devaluación real fue destruyendo hasta tal punto el poder adquisitivo de las mayorías que las empresas debieron resignarse a no acompañar al dólar en la medida que lo hubieran deseado. Los salarios de miseria fueron el “ancla” que logró separar la evolución de los precios internos de la del dólar.

La política económica reciente recompuso el mercado laboral en relación a esa realidad terrorífica de 2002. Mejoró los salarios reales, restituyó derechos laborales y convirtió al consumo masivo en un elemento central de la política económica oficial. Fortaleció al polo del trabajo, y acostumbró a procesar el conflicto distributivo en forma democrática y sin violencia. Se recuperó algo del equilibrio social perdido.

¿Qué pasaría si llega un aprendiz de brujo en el Ministerio de Economía, con el Plan Económico “Ingenuidad” bajo el brazo? Como el “consenso” conservador lo viene indicando, procedería a fijar el tipo de cambio oficial en 15 pesos. Dado que este “experto” cree en el mercado, no tomaría ninguna medida precautoria para evitar lo que parece ser un reflejo pavloviano del gran empresariado: trasladar la totalidad de incremento cambiario a precios, como si no pudiera distinguir sobre cuáles son sus costos en pesos y cuales en dólares.

Es decir, en muy pocas semanas, nos encontraríamos de vuelta en el mismo o peor punto de partida cambiario en términos reales (al que tanto se critica por inconsistente y anticompetitivo), pero con mayor inflación, mayor conflictividad social –justificados reclamos sindicales mediante– y mayor incertidumbre económica. Si entonces se repitiera el experimento con más vehemencia, con una nueva meta actualizada de “dólar oficial a 30”, se produciría una segunda ola inflacionaria, más aguda, con crecientes efectos recesivos. Aumentaría el desempleo, provocando creciente debilitamiento sindical, acompañado por mayor malestar social. Ante el desconcierto social, presenciaríamos un despliegue mediático enorme para instalar “nuevas” ilusiones neoliberales, explicar que aún no se ha hecho la cirugía sin anestesia “necesaria” y direccionar el malestar hacia el Estado y los políticos.

Una paradoja interesante de esta situación es que quien reclama una fuerte devaluación de la moneda es el gran empresariado, pero es al mismo tiempo el responsable histórico de destruir los efectos competitivos reales de la medida con su comportamiento rentista a través de las remarcaciones especulativas.

¿Cómo separar los ajustes de precios por mayores costos de aquellos que surgen de una práctica rentista que pretende obtener ganancias en dólares no importa cuál sea el escenario social? Si el propio sector empresario no es capaz de realizar esa tarea, se requeriría de un fuerte poder regulatorio estatal.

Pero debemos recordar que el proyecto conservador que pretende reemplazar al kirchnerismo supone una restauración política del gran empresariado en la conducción de los principales resortes de la economía. Eso significa que jamás podría asumir un autodisciplinamiento del propio sector para lograr un comportamiento compatible con las necesidades básicas del conjunto de la sociedad.

Entonces ¿cuál es el significado de la propuesta “técnica” de fijar en 15 pesos el dólar oficial?

No hay que tomarla literalmente. En realidad expresa la puesta en marcha de un proceso político-económico de drástica modificación de la correlación de fuerzas sociales. No deberíamos sorprendernos: en el tramo declinante del alfonsinismo y en el tramo “exitoso” del menemismo, lo que presenciamos –y sufrimos– fue un dramático juego dialéctico entre las medidas económicas, sus efectos contractivos, y la modificación sistemática de los consensos sociales, gracias al influjo masivo del aparato comunicacional conservador y de la inexistencia de un discurso alternativo con capacidad de interpelar a la sociedad.

En realidad, toda la reconducción neoliberal de la Argentina hacia una estructura más subdesarrollada fue un proceso de años, en el cual se fueron creando paso a paso las condiciones políticas y económicas para la etapa siguiente. El avance hacia el pleno despliegue de las reformas neoliberales fue paulatino, con pruebas y errores, encontrando resistencias y venciéndolas, quebrando luchas y cooptando dirigentes y partidos. Desmoralizando y desorientando a la población con un proceso económico tan perverso como “incomprensible” para las mayorías.

Nadie puede pensar que estas medidas que se están esbozando tienen una dimensión exclusivamente “técnica”. Apuntan a corroer políticamente –vía la “economía”– a determinada correlación de fuerzas sociales, que por razones tanto deseadas como fortuitas se constituyó en torno al kirchnerismo y ha persistido hasta hoy. El arribo al aparato del Estado de representantes directos del gran capital es un hecho político clave para iniciar la reversión de la presente correlación de fuerzas. El personal político que se ocupe de esta misión es irrelevante, y podrá ser descartado oportunamente.

Poner en marcha un proceso de devaluaciones que no funcionen, inflación inmediata, conflictividad social creciente, desaliento y saturación comunicacional en torno a “la herencia recibida” sería solamente la transición necesaria –en términos de desmovilización y desaliento social– hacia “el verdadero plan” que sí debería contemplar medidas drásticas contra el mercado interno y por la elevación en dólares de la ganancia empresaria.

La “ingenua” estrategia devaluadora no apunta a la famosa competitividad externa de la economía –que sólo se podría sustentar en serio en un proceso inversor genuino– sino a un ajuste de cuentas interno con el sector asalariado. Más específicamente, voceros empresarios vienen sosteniendo que “el salario debería bajar en dólares”. Pero como la anhelada “baja del salario en dólares” va acompañada con la pretensión de que la ganancia empresarial debe aumentar en dólares, el resultado implícito es evidente: el salario deberá caer en términos reales, no importa en qué moneda.

De todas formas, la idea de una política económica al servicio de maximizar la tasa de ganancia en dólares de las grandes empresas, como fue la convertibilidad, no parece fácil de implementar políticamente en la Argentina de 2015. ¿Lo será en la Argentina del 2017?

Eso dependerá de la dinámica económica y política que pueda poner en marcha el “Plan Económico Inocencia”, y de la comprensión política de las mayorías para no caer en la misma trampa.

* Economista. Investigador-docente de la UNGS.