Por Fernando Krakowiak

Carlos Tomada aseguró, en un reportaje exclusivo con Cash, que el aumento del salario mínimo será el punto de partida de una política de redistribución de ingresos tendiente a reactivar la economía. El ministro de Trabajo sostuvo que esta medida va a repercutir en toda la escala salarial y, junto con la incorporación de los 200 pesos no remunerativos al salario, servirá para impulsar la generación de empleo a través del consumo. En la charla reveló que “nuestro objetivo es llevar la desocupación a un dígito” hacia el final del mandato de Néstor Kirchner. Aunque se negó a hablar de la cifra exacta de desocupación que difundirá esta semana el Indec, adelantó que la tasa “puede caer un poco más de un punto”.
¿Qué resultado va a dar la última medición del índice de desocupación?
–Creemos que va a haber un punto de inflexión que marcará el inicio de la curva descendente en los niveles de desocupación, pero preferimos no hacer suposiciones sobre el nivel de caída porque es un tema muy delicado para la gente.
Algunas proyecciones privadas pronostican una caída de un punto.
–Puede caer un poco más, pero lo importante, más allá de que la desocupación sigue siendo alta, es que empieza a haber más empresas que apuntan a mantener o incorporar trabajadores en lugar de despedirlos.
¿Cuánto tiempo se va a tardar en llevar la desocupación a un dígito?
–Depende de demasiadas variables como para poder hacer una estimación. Las proyecciones cambian en función de cuál sea la locomotora para la generación de empleo. La dinámica del sector de servicios es muy distinta a la que puede generar la construcción. Todavía es muy temprano como para saber por dónde puede venir el mayor impulso. No hay que olvidarse de que hace apenas sesenta días que estamos en el gobierno.
Pero creen posible bajar la desocupación a un dígito durante el gobierno de Kirchner.
–Depende de cuándo deje Kirchner la presidencia. Puede ser dentro de cuatro u ocho años (sonríe).
Pongamos como horizonte la finalización del mandato actual.
–Nuestro objetivo es llevar la desocupación a un dígito al finalizar el mandato, pero no estamos en condiciones de hacer una proyección. La difusión de un número preciso nos podría hacer pecar de optimistas o de excesivamente realistas.
Usted afirma que las expectativas empresarias mejoraron, pero el empleo en un sector clave como el de la construcción sigue disminuyendo.
–Lo que pasa es que todavía no se empezó a implementar activamente la política de inversión pública. Hace treinta días se anunció la reactivación de los planes provinciales del Fonavi y recién se están realizando las primeras licitaciones de obras. Todavía falta una serie de anuncios de obras públicas para completar la primera parte del plan. Sin duda, la generación de empleo va a estar impulsada por la inversión pública en infraestructura y vivienda y por la reactivación del mercado interno a través del consumo.
¿En qué medida el reciente aumento del salario mínimo puede incentivar mayores niveles de consumo?
–Durante la década del ‘90, el salario mínimo, vital y móvil fue la señal permanente que permitió ajustar los sueldos hacia la baja. Nosotros quisimos convertirlo en uno de los impulsores de la reactivación del consumo al mismo tiempo que establecimos un piso de protección salarial. Recuperamos una palabra desprestigiada, en la Argentina y en el mundo, y la retomamos como punto de partida de una política de redistribución de ingresos que apunta a mejorar la situación de los trabajadores, empezando por los que cobran salarios más bajos. Sabemos que desde muchos sectores se puede llegar a criticar el piso de 300 pesos por ser insuficiente, peroen un principio nuestra idea fue ubicar al salario mínimo como un protagonista de la política salarial. El piso se puede volver a revisar más adelante.
¿Cuántos trabajadores se vieron beneficiados por esta suba?
–Cerca de 150 mil, pero más allá de los trabajadores directamente afectados la suba va a repercutir en toda la escala salarial y también va a beneficiar a los empleados en negro, porque el salario mínimo sirve de referencia para todos los trabajadores, no sólo para los registrados. Además, va a impulsar a muchos empresarios a blanquear la parte del salario que estaba en gris impulsando una mejora en la recaudación. Esto forma parte de un conjunto de medidas dirigidas a transformar la estructura ocupacional y a revertir la distribución del ingreso. La doble indemnización, el salario mínimo y la incorporación de los 200 pesos no remunerativos al salario apuntan en esa dirección. Avanzamos con modestia, porque el Palacio de Invierno nos queda lejos.
¿Van a convocar a paritarias para asegurarse de que el aumento se traslade a toda la escala salarial?
–Si fuera necesario lo haríamos porque la idea es que el instrumento para recomponer salarios sea la negociación colectiva, pero cuando un sindicato quiere negociar le manda una carta documento a la empresa y se empieza a negociar.
La Unión Industrial afirmó que muchas empresas no están en condiciones de incorporar los 200 pesos al salario, ¿van a aplicar sanciones a las que no lo incluyan?
–Sí, va a ser un dato más que va a formar parte de las obligaciones empresariales que vamos a exigir que se cumplan, pero todavía no está definido cómo se van a combatir los incumplimientos.
El ministro Lavagna señaló que los aumentos salariales deben estar relacionados de modo directo con los aumentos de la productividad, ¿usted parece no compartir esa postura?
–Lo que dijo el ministro de Economía es que una de las formas de traslado eficiente es que sea por mejoras en la productividad, pero no es la única alternativa. Al Gobierno también le interesa utilizar la política salarial como un elemento de reactivación de la economía y lo está demostrando.
En los últimos días se anunció que se incorporará a los beneficiarios del Plan Jefes en el programa de obras públicas, ¿quienes se sumen van a seguir cobrando el plan?
–La intención es que durante los primeros seis meses el Estado siga pagando el subsidio y el complemento hasta el salario mínimo lo deberá pagar el empleador. Luego debe quedar en manos del empleador la totalidad de la remuneración. Vamos a promocionar el uso de este instrumento para que los jefes y jefas de hogar se reintegren a tareas productivas.
¿Cualquier tipo de empresa va a poder recibir esta ventaja?
–La idea es trabajar con las pequeñas empresas del interior con perspectivas de viabilidad en el mercado interno o en el mercado exportador. Nos parece que tiene que estar dirigido al sector que es generador de empleo y que tiene dificultades, sobre todo en estos momentos de escasez de crédito, para obtener capital de trabajo como para arrancar. Van a tener la prioridad las empresas que tengan hasta 40 trabajadores porque lo que no queremos es subsidiar con este apoyo a grandes empresas como Fiat, tal como se lo hizo en el pasado.
Si se les sigue pagando el subsidio a los trabajadores la desocupación no descendería porque los beneficiarios ya figuran como ocupados.
–El hecho de que los receptores del plan se incorporen a distintas empresas nos parece un avance para el mercado de trabajo, aunque no nos dé resultados de impacto mediático.
¿Encontraron irregularidades en la asignación de los planes Jefas y Jefes?
–Estamos tratando de reordenar un subsidio que se otorgó a 2,3 millones de personas y que cumplió una función muy importante. Un número de semejante magnitud admite algunos desvíos, pero el volumen de denuncias por irregularidades no es significativo.
Usted criticó duramente las reformas laborales de la década del 90, ¿por qué se descarta entonces la posibilidad de impulsar una nueva reforma laboral que restituya los derechos laborales perdidos?
–Todo se puede revisar, pero les tenemos alergia a las grandes reformas laborales aunque vayan en el sentido correcto. Creemos que hay instituciones que pueden revisarse y regularse mejor, pero es un trabajo de mediano plazo. Lo primero que tenemos que hacer es restablecer el funcionamiento del mercado de trabajo recomponiendo la situación de los trabajadores ocupados y de los desocupados. Esto se va ir dando junto con la reactivación de la economía. Recién entonces podemos pensar en reformas de la legislación.