El reciente y profundo cambio de gabinete de ministros de la presidenta chilena Michelle Bachelet obedeció a la crisis de confianza y credibilidad que afectó a su gobierno a partir del descubrimiento de esquemas de financiación irregulares desde las grandes empresas a los partidos políticos. Pero si bien golpeó a los que integran la Nueva Mayoría gobernante, en rigor ese dineral puesto por los grupos económicos se dirigió en forma preferencial al partido más pinochetista, la UDI (Unión Democrática Independiente), según dijo a Cash una de las mayores investigadoras del poder económico en Chile, María Olivia Mönckeberg.

Dos de los mayores grupos involucrados son Penta y Sociedad Química y Minera, Soquimich, ambos surgidos tras el golpe de 1973 contra Salvador Allende y con intereses en las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) y las Instituciones de Salud Previsional (Isapre), que desde la dictadura de Augusto Pinochet y sus “Chicago boys” convirtieron en dos negocios fabulosos áreas que deberían ser de derechos colectivos, como los sistemas de jubilaciones y de salud.

“Penta tiene una relación directa con la UDI y el negocio de las boletas ahora ‘descubierto’ benefició muy especialmente a ese partido de la derecha, el más ideologizado y pinochetista. Y Soquimich, si bien nació bajo el ala del yerno de Pinochet, Ponce Lerou, financió en forma irregular ya no sólo a la UDI sino también al otro partido de la derecha, Renovación Nacional, y a partidos de la alianza del gobierno”, dijo la autora de, entre otros libros, El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, que acaba de ser reeditado y ampliado, e investigadora de la Universidad de Chile.

En Chile rige desde 2003 una ley de financiamiento de partidos. Pero evidentemente fracasó. Y ahora se anunciaron proyectos para cambiarla. El esquema trucho de fondear a políticos, multimillonario en dólares, consistió básicamente en que las empresas aceptaban facturas de dirigentes políticos, o más bien de personas vinculadas a ellos o con nombres de fantasía, por servicios que en rigor no hacían. Eso costeó campañas y acciones que luego obviamente se cobraban en iniciativas legislativas o de gobiernos, nacional, regional o locales. Afectó a todo el arco político chileno y forzó a Bachelet al cambio en su equipo de gobierno. Pese a que en apenas 14 meses de su segundo mandato Bachelet logró más cambios que en todo su gobierno anterior (en educación, impuestos, sistema electoral), su imagen quedó debilitada por los casos de corrupción y motivó los cambios de ministros.

Penta fue fundado por dos nuevos ricos de la dictadura pinochetista (1973-90), Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, exponentes de ese nuevo empresariado que necesitó el régimen para montar su poder (y viceversa). Iniciaron su fortuna alzándose con aseguradoras. Ambos empresarios fueron detenidos y el Servicio de Impuestos Internos (SII) los acusa de “perjuicio fiscal producto de las irregularidades” a través del uso de manera indebida de “boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del impuesto a la renta”, además de las causas para financiar a partidos a cambio de favores. El grupo factura alrededor de 30.000 millones de dólares. Uno de los favorecidos es el dirigente de la UDI Joaquín Noboa. Penta ya no maneja las AFP que luego de los seguros de origen engrosaron su fortuna a partir de 1973, pero sí otros negocios en los sectores asegurador, financieros e inmobiliarios, y gerencia la Universidad del Desarrollo, reducto de muchos ex funcionarios pinochetistas como Hernán Büchi.

Soquimich, por su parte, perteneció a la estatal Corfo hasta que privatizó Pinochet para entregársela a su yerno Julio Ponce Lerou. Tiene negocios en minerales como litio y otros, de los cuales exportó por casi 4000 millones de dólares en las últimas dos décadas, y según la revista El Periodista “invirtió” en los últimos tiempos 11 millones de dólares en financiar a partidos de todo el arco político, incluido el oficialista.

Muchos de los negocios de concesión y exportación mineras deben pasar por el Parlamento. Uno de los presos por estos escándalos recientes es quien fuera subsecretario de Minería del anterior presidente Sebastián Piñera, Pablo Wagner. Hasta dirigentes de partidos aliados del gobierno y luego alejados como los ex candidatos presidenciales Andrés Velasco (él mismo en ese caso) o el de Maro Enriquez Ominami, a través de operadores, se vieron involucrados en las denuncias y debieron hacer descargos.

Según dijo Mönckeberg a Cash, “las Isapre y las AFP fueron pasando de mano varias veces desde que Pinochet las creó. Al principio las AFP pertenecieron a los llamados ‘grupos pirañas’, más bien locales, beneficiados con el golpe, y luego de las gran crisis de 1982 y de una transición a la llamada ‘área rara’ de la economía, en general pasaron a manos internacionales, aunque con socios locales. Las Isapre sí siguen en manos mayormente de grupos chilenos. Por ejemplo Penta tuvo una muy importante como Vida Tres, que luego vendió a capitales del Opus Dei manejados por el empresario Eduardo Fernández León; también Banmédica y las mejores clínicas de Santiago. Una ironía es que manejan salud privada y también cementerios privados”.

Penta y Soquimich son ejemplos de la cría pinochetista, nuevos millonarios nacidos tras el bombardeo a La Moneda que acabó con un largo ciclo democrático en Chile. Pero grupos más antiguos, ideológicamente conservadores pero más centristas, como el Angelini, de origen italiano y dedicado a pesca (la gigante Corpesca), celulosa, energía y agro, también empiezan a verse envueltos en el actual escándalo. En especial desde la actual gestión de Roberto Angelini, sobrino del fundador Anacleto. Se investigan también aquí financiamientos irregulares de legisladores.

La investigadora chilena hizo una última reflexión sobre el rol de los medios en Chile. “Es un problema. Están ligados a los grandes grupos lo cual hasta ahora limitó la posibilidad de avanzar en la Justicia. Pero las nuevas redes sociales, los medios online y la cantidad de nuevos egresados de escuelas de periodismo ahora encontraron algo en lo que vale la pena meterse. Es un escándalo nacional. No se podrá tapar”, señaló.