El Gobierno oficializó esta semana la estructura orgánica y funcional de la Agencia Federal de Inteligencia, que reemplaza a la disuelta Secretaría de Inteligencia. Dentro de la nueva doctrina se incluyó el objetivo de evitar corridas y golpes de mercado de bancos y empresas, además de situaciones de desabastecimientos, según consta en el decreto publicado en el Boletín Oficial. Las atribuciones de la Agencia se complementarán con los cambios introducidos en la Ley Antiterrorista, tanto a nivel político como económico, a partir de la creación de la figura de “alteración al orden económico y financiero”. Desde el establishment anticiparon una escalada en el precio del dólar informal, que finalmente no ocurrió. Desde el Gobierno señalaron que no irán a “cazar arbolitos o entrar a las cuevas donde venden dólares en forma ilegal”. Para este tipo de delitos ya trabaja de manera coordinada organismos de regulación financiera, como el Banco Central, la Unidad de Información Financiera, Procelac y la Comisión Nacional de Valores.

En un encuentro de la Comisión de Economía de Carta Abierta, Mario Rapoport, señaló que una interesante forma de analizar la restricción externa argentina podría ser estudiar el capital que se fue, en lugar de la que es necesario ingresar. El último stock de capitales fugados del que se tiene estimación corresponde a 2012, previo a que se acotaran los canales de acceso a la moneda extranjera, alcanzó a los 374 mil millones de dólares. Lo que equivale a un 62 por ciento del Producto Interno Bruto que está fuera del sistema, según un trabajo realizado por los investigadores del Cefid-Ar Magdalena Rua y Jorge y Alejandro Gaggero. Se trata de un stock de divisas, que representa once veces el actual stock de reservas –en torno a 33.820 millones de dólares–, con potencial de desestabilizar la economía argentina.

El informe de Cefid-Ar estima que los residentes argentinos sólo declararon una décima parte del total de activos incluso que calcula el Indec (205 mil millones). Destacan también la imposibilidad de conocer los capitales ilícitos que se fugan. El Balance Cambiario sólo registra las divisas de origen lícito a través de las transacciones que se realizan en el mercado de cambios. Esta enorme masa de dinero fuera del sistema explica la presión alcista que siempre existe sobre el tipo de cambio y las nueve corridas cambiarias que se sucedieron desde hace ocho años hasta última de octubre pasado.

La coordinación que se recuperó a fin del año pasado entre los distintos organismos de regulación permitió descomprimir esa última pulseada. El mes pasado se anticipó una potencial corrida reforzando los operativos y allanamientos y sancionando a las entidades. Esta actividad, aseguran, se mantendrá para contener al mínimo la presión sobre el tipo de cambio, lo que debería ser suficiente. No obstante, la Agencia de Inteligencia incluirá a la actividad económica en la producción de información orientada al “conocimiento de las actividades que atenten contra el orden constitucional, y de los grupos nacionales o extranjeros responsables de llevarlas a cabo”.

En la reforma del Código Penal se establece que el terrorismo es cualquier acto que tenga como objetivo aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o dejar de hacerlos. Las corridas buscan impulsar aumentos en el tipo de cambio y no son el resultado de la compra de divisas como inversión, tal como sostienen algunos analistas. La incorporación de objetivos económicos, como corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado se centrará en grandes operadores. El decreto establece que la AFI irá a la caza de “grupos económicos y/o financieros –empresas, bancos, compañías financieras, etc.– que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos” y crea la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera.

[email protected]