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Desde el rodrigazo, en 1974, hasta la fecha, las crisis derivadas de la ruptura de los principales planes económicos de las sucesivas etapas de ese período tuvieron como saldo una fenomenal redistribución de ingresos a favor del poder económico. Esa puja tuvo siempre a los asalariados como perdedores, con un Estado bobo haciendo de bombero de los grupos económicos, asumiendo un elevado costo fiscal que terminó pagando toda la sociedad. Así fue con la represión a la clase trabajadora y la depresión salarial durante la dictadura del ‘76. El mismo saldo se registró con el fracaso de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz. Otro retroceso en el ingreso de los asalariados se verificó con el estallido del Plan Austral y la posterior hiperinflación. Y ahora, con la quiebra de la Convertibilidad y una devaluación improvisada, el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables está en vías de pulverizarse con una pasividad asombrosa de gran parte de los dirigentes gremiales y complicidad del Gobierno. Pero en esta oportunidad, la irrupción de la clase media pauperizada y acorralada agregó un nuevo factor en esa puja distributiva, puesto que ese sector había sido un actor pasivo y en alguna medida tolerante, en los procesos de destrucción y transferencia de riqueza en las décadas pasadas.
El riesgo de que el plan “sustentable” reclamado por las potencias económicas y el FMI termine siendo “insustentable” socialmente pone límites que el Gobierno de Duhalde no sabe cómo enfrentar. Sólo así se entienden las contradicciones, las marchas y contramarchas y las demoras para implementar un programa integral. Esas propias limitaciones instalan dudas sobre la viabilidad de la actual administración para llegar hasta el fin de su mandato.
Por primera vez desde el comienzo de este modelo de exclusión, los sectores de menores ingresos enfrentan un cóctel explosivo: recesión, desempleo e inflación al mismo tiempo. En los ‘70, el factor que depreciaba su poder adquisitivo fue la inflación. En los ‘80, la inflación con recesión los castigó. En los ‘90, padecieron los efectos del desempleo y la recesión. Ahora, esos tres elementos combinados provocan un disciplinamiento salarial, con el cual las empresas disminuyen no sólo sus costos laborales en términos reales sino que también los hacen en forma nominal. De todos modos, si bien la tasa record del desempleo es un potente factor disuasivo, la fragilidad social puede quebrar esa tregua del miedo.
Esa inestabilidad está potenciada por la protesta de los sectores medios, que sufren el combo no deseado de pesificación de sus ahorros dolarizados, indexación de créditos y reprogramación de sus certificados de plazos fijos. Sin una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno, que no sabe cómo manejar el corralito, lo que explica los sucesivos parches que aplica, la temperatura de la protesta social no disminuye. Más bien, da la impresión de que el equipo económico no entiende o se hace el distraído sobre el origen de esta crisis financiera, que no es otro que la irresponsabilidad de la mayoría de los bancos. Tanto los extranjeros como los privados nacionales alentaron la fuga, los de capital extranjeros aceleraron la remesa de utilidades a sus casas matrices y precancelaron líneas de créditos externas. Después, pidieron el corralito, con las consecuencias ya conocidas.
Frente a ese escenario, Jorge Remes Lenicov se ha dedicado a administrar la crisis, sin estrategia clara y claudicando ante la presión de los lobbies. Y sin terminar de resolver cómo salir de la trampa en que quedó paralizado: si restringe la emisión de moneda para cumplir con el FMI y la ortodoxia económica, corre el riesgo de que la crisis estalle por el lado social ante la hiperrecesión que provoca ese camino. Si la maquinita funciona sin francos, el riesgo pasa por una escapada sin control del dólar y la consecuente hiperinflación.