La inminencia de una segunda vuelta electoral puso en agenda la pertinencia de la política de autoabastecimiento energético y el rol instrumental de YPF para alcanzar ese objetico. Cash entrevistó al director y gerente general de Enarsa, Juan José Carbajales, quien analizó el papel del Estado en esta materia y la importancia de contar con herramientas empresariales en manos públicas. Carbajales, autor del libro Las sociedades anónimas bajo injerencia estatal (SABIE), destacó los vaivenes históricos de la relación Estado-mercado y advirtió sobre los posibles efectos de un cambio brusco en las políticas energéticas.

–Nuestra organización nacional, plasmada en la Constitución de 1853/60, fue liberal en lo económico y en lo político, pues garantizó los derechos individuales libertarios y comerciales. Pero también incluyó cláusulas que habilitaban al Estado a promover el desarrollo, la industria y la inmigración. Sin embargo, nada decía acerca de los servicios públicos o de los recursos naturales. Fue recién con la reforma de 1949 que, bajo la impronta de Sampay y con el Estado de Bienestar como fundamento, se privilegió una postura dominante en el mundo de posguerra: la intervención del Estado en la economía, el monopolio de los servicios públicos y la propiedad de los recursos naturales, todo en manos del Estado.

–Exacto. El golpe militar del 55 la anuló bajo pretextos de cariz republicano, un curioso oxímoron. Pero lo importante es que la impronta de esa reforma perduró en el tiempo con una fuerza notable. Fue así como las empresas públicas llegaron a representar el imparable motor del desarrollo con promoción social durante varias décadas: la YPF de Mosconi, una Gas del Estado que descubrió el megayacimiento de Loma La Lata y construyó los gasoductos troncales, una Agua y Energía con obras hidráulicas y redes de alta tensión por todo el país; con Hidronor en el Comahue, también Segba, los astilleros y fabricaciones militares, junto a la aerolínea de bandera y los ferrocarriles federales. Y estos son solo algunos ejemplos relevantes. Hasta llegar al punto culmine con la Corporación de Empresas Públicas en la vuelta de Perón.

–Como todo instrumento, la empresa pública es una herramienta a ser usada. No tiene valor en sí misma. Lo que sucedió es que se desvirtuó su sentido. La valorización financiera de la dictadura, la utilización para financiar deuda corriente del Estado, la venta por debajo de los costos a otras empresas públicas, la pérdida de innovación tecnológica o los excesos sindicales, entre otros desmanejos, fueron creando el caldo de cultivo para que, unos años después, se buscase la “soberanía” en un teléfono que ya no funcionaba. Fue como poner el conejo en la galera y luego, durante el show, sacarlo para “asombro” de todos.

–Sí, y operaron de manera casi independiente al texto de la reforma constitucional de 1994. Con las privatizaciones se impuso un discurso de época que preconizaba la eficiencia del mercado por sobre un Estado que debía ser reducido a su mínima expresión. Un Estado “gendarme”. Con tarifas dolarizadas y una orientación exportadora de los recursos naturales (especialmente en gas), pronto nos encontramos con que el patrimonio forjado por años de ahorro nacional era malvendido y las empresas desguazadas, como fue el caso de YPF y de Aerolíneas.

–Primero tímidamente y por necesidad, y luego con mayor convicción política a partir de 2003, el Estado fue adquiriendo crecientes atribuciones en cuestiones económicas. La presencia pública se hizo fuerte en sectores estratégicos como la energía, las comunicaciones y los transportes. Y las empresas del Estado demostraron que todavía tenían mucho para dar. Viejas como Invap y nuevas como Arsat son ilustrativas en este aspecto. Veamos algunos números: AySA incorporó 2,4 millones de usuarios a la red de agua potable y 1,7 millones a la red de cloacas y Aerolíneas aumentó un 69 por ciento la cantidad de pasajeros y un 83 por ciento la oferta de vuelos, garantizando un vuelo diario a cada provincia.

–Las empresas donde la injerencia estatal es mayoritaria han adoptado una faceta propia de las sociedades anónimas privadas, pero con un claro sentido público. El caso de la YPF recuperada por el Estado (Nación y provincias), en un 51 por ciento de su paquete accionario, es una clara muestra de ello. Cotiza en bolsa y su finalidad es ser la herramienta que viabilice la política pública en la materia. Es así como la ley que expropió YPF en 2012 enmarcó esa acción en la finalidad de recuperar el autoabastecimiento de hidrocarburos, el cual fue declarado “de interés público” y como “objetivo prioritario”. De este modo, la intervención del Estado en materia energética se materializa tanto en una política pública (soberanía energética) como en un instrumento empresarial (YPF SA). Instrumento que pasa a estar bajo control estatal, precisamente, “para garantizar los objetivos de esa ley”. En una palabra: para realizar asociaciones estratégicas con los grandes jugadores internacionales con el fin de delinear y poner en valor nuestros propios recursos no convencionales situados en Vaca Muerta. Una empresa gestionada de manera eficiente y guiada por los intereses de toda la Nación. Los resultados están a la vista: en 2012-2015, incrementos en la producción de gas de un 26,0 por ciento y de petróleo de un 16,5 por ciento.

–Refuerza el perfil de “sociedad anónima bajo injerencia estatal”. La Corte afirma que el acceso a información de interés público surge de las importantes y trascendentes tareas que YPF desempeña con relación al logro del autoabastecimiento.

–Hay varios ámbitos en los que se ha aceptado su presencia activa, no sólo el energético. Las ex AFJP, las comunicaciones y hasta el sistema financiero son sujeto de una actuación directa del Estado. Y esto lo ha tenido que aceptar hasta el propio candidato de la alianza neoliberal de Cambiemos/PRO: no se podrá dar marcha atrás con estas conquistas, con estos derechos de un pueblo empoderado. Y no es que no haya cuestiones para mejorar, como preservar los intereses de los usuarios residenciales de bajos recursos, observar estándares razonables de eficiencia, optimizar la sustentabilidad ambiental y el uso racional de los recursos naturales.

–Por un lado, que un proyecto nacional y popular prioriza siempre el bien común que, en la actual coyuntura económica mundial, pasa por preservar los niveles de actividad del sector. Para ello Daniel Scioli ya garantizó a las provincias y a la Ofephi un precio “sostén” del gas y del petróleo que permita (al menos en el mediano plazo) continuar con el aumento de la producción en Vaca Muerta que lleva adelante YPF a base de fuertes y sostenidas inversiones. Y, por el otro lado, la propuesta de Scioli se afirma en la preservación de las fuentes de trabajo que, en un modelo de desarrollo económico con inclusión social, hace hincapié en cerrar los números “con la gente adentro”.

–El que proponen Macri y Aranguren es para pocos, con un Estado prescindente donde el mercado regula todo. Su orientación es hacia una supuesta “seguridad” energética que privilegia la balanza comercial –vía importaciones de gas y hasta de molinos eólicos– aun a costa del trabajo argentino y de la industria nacional. Y que supone aumentos bruscos de tarifas domiciliarias de hasta un 1500 por ciento. En cambio, el modelo del Frente para la Victoria se asienta en la intervención del Estado vía políticas activas y empresas estratégicas como YPF y realza la puesta en valor de nuestros recursos estratégicos, una postura antagónica a considerarlos commodities sujetos a los vaivenes coyunturales del mercado internacional. Asimismo, fomenta la competitividad sistémica de nuestras industrias y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Eso sí, revisando lo que haya que revisar, con humildad y criterios universales, pero de forma gradual y anteponiendo siempre la preservación de los niveles de actividad y de empleo y el interés común en cabeza de la Nación y el conjunto de las provincias