Comenzó el año afirmando que la inflación esperada sería “del 20 al 25 por ciento”. Un mes más tarde, cuando la realidad ya desmentía su proyección, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, volvió a incurrir en otra falacia para tapar la anterior, afirmando que bajar la inflación “en dos meses, solamente es posible con la receta del ajuste”. Lo cierto era que ni la inflación del 20 al 25 por ciento para fin de año ni la ausencia de un ajuste en la actualidad podría ser respaldada por cualquier observador sin intencionalidades políticas, y es por eso que uno de los pocos que se animó a ratificar la primera de sus afirmaciones fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que a mediados de febrero afirmó a Radio Continental que una suba de precios “menor al 25 por ciento” era la pauta que habían pasado a “las provincias y gremios para que haya un marco de negociación en la discusión de salario”, dando cuenta así del verdadero objetivo de esta proyección. Acto seguido, volvió a referirse a la fórmula ortodoxa de descenso de la inflación, basada en “una política monetaria y fiscal para atacar” este proceso.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas se presentó un programa fiscal que promete reducir el déficit primario en 2,3 puntos para el presente año, buscando llegar al déficit cero en 2019. Paralelamente, al 10 de febrero el Banco Central redujo la emisión monetaria del 40 por ciento de incremento promedio en 2015 a 28, mientras que a través de la emisión de Letras redujo la base monetaria en cerca de un 10 por ciento, en simultáneo con una suba de tasas de interés que luego comenzó a reducir para incrementar aún más la megadevaluación demandada por los grupos concentrados.

Hasta el momento, los resultados no pudieron ser más decepcionantes para PratGay y Frigerio. Frente al cepo estadístico del Indec, la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el partido oficialista, señaló que la inflación subió de un 2 por ciento en noviembre a un 3,9 en diciembre para pasar a 4,1 en enero, es decir previo al tarifazo energético de febrero. El contraste termina de evidenciarse si se tiene en cuenta que para este mismo organismo, la inflación había descendido del 38 por ciento en 2014 a 22,1 por ciento en los primeros once meses de 2015.

La última pata del plan ortodoxo, es la destrucción de empleos y caída del salario real para enfriar el consumo y la economía, lo cual representa el verdadero desafío que el actual gobierno tiene por delante. Por caso, el mes pasado el Estudio Bein había proyectado una inflación anual del 36 por ciento, con tarifas de luz y gas subiendo un 250 por ciento y las paritarias ubicándose en la zona del 28. El comienzo de estas negociaciones, exhibió a los cinco sindicatos docentes (Ctera, UDA, Sadop, AMET y CEA) logrando que la cartera de Educación ofrezca una suba del 40 por ciento en dos tramos.

Respuesta heterodoxa

Si uno de los mayores objetivos del actual equipo económico era reducir los niveles de inflación, solo una ceguera ideológica promueve que desestimen cuanto menos algunas de las variables utilizadas el año anterior, cuando según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires el aumento interanual se redujo en más de diez puntos. Para ello, el anterior equipo económico llevó adelante una combinación de políticas heterodoxas, entre las que se destacaron el retraso cambiario, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, y el programa Precios Cuidados. Por el contrario, el actual gobierno, redujo la vigencia de este programa a sólo cuatro meses, reduciendo su canasta de 512 a 317 artículos, y directamente desestimó las dos primeras herramientas.

Sin dudas fue la megadevaluación la que hasta el momento más influyó en la suba de precios. El año pasado, mientras estuvo al frente del Banco Central, Alejandro Vanoli había señalado la inconveniencia de depreciar el valor de la moneda en un contexto de alza del consumo. Según afirmó, para llevar adelante esta medida “hay que ver todas las condiciones, las económicas y también las históricas, culturales, políticas y de idiosincrasia de cada país, dejando de lado el modelo de pensamiento único y tomando además el contexto, que en este caso particular determina que una devaluación resulte agresiva, porque hoy el contexto es muy distinto al de la convertibilidad, cuando teníamos un tipo de cambio retrasado junto a un desempleo del 24 por ciento, y donde una devaluación no iba a generar arrastre de precios”. En relación a la emisión monetaria, afirmó que “sorprende que a esta altura de la historia haya quienes todavía crean que hay una relación de física o mecanicista entre emisión e inflación, ya que la suba de precios tiene factores multicausales y los principales tienen que ver con la puja distributiva y cuestiones estructurales de oferta y demanda. En el mundo ya se puede ver con mucha nitidez que mirar sólo el nivel de emisión no tiene ningún tipo de relación con el nivel de precios. Países de Europa o Estados Unidos han tenido emisiones millonarias por la crisis financiera y tienen, por el contrario, problemas deflacionarios. Depende de las condiciones materiales y de los contextos, la cantidad de dinero puede ir a un proceso de crecimiento de la economía o a un proceso de aumento de los precios.”.

Vanoli recogía la tendencia heterodoxa de descartar el análisis simplista de la inflación como producto directo de la emisión monetaria y el déficit fiscal. Según afirmó el investigador Adolfo Canitrot en su trabajo La viabilidad económica de la democracia: un análisis de la experiencia peronista 1973-1976,la inflación era fundamentalmente “la manifestación económica de la resistencia de algunos sectores de la sociedad a las pautas de distribución que pretenden imponérsele”, más allá de que advertía que “como fenómeno se autoalimenta, adquiere autonomía y desdibuja la política económica”. Por su parte, el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Confederación General Económica señalaba en sus Memoria de 1973 y 1975 que se comprendía “porqué liberales o monetaristas han fracasado con su política recesiva en la lucha contra la inflación. Es que pretender combatirla por medio de la iliquidez, alzando los intereses, restringiendo el crédito, congelando los salarios, creando impuestos al consumo o elevando los ya existentes, en fin, solo la reducción del volumen de dinero en manos del público, y, en consecuencia, la demanda interna, permite explicar que actuando sobre los fenómenos pura y exclusivamente monetarios, se soslaye y se encubra la existencia de deformaciones estructurales y de un centro de decisiones que, al usufructuarlas (el capital extranjero) las impulsa y agrava. Ello explica también porque se pregona y se implementa el ataque de los efectos de la inflación, en lugar de emprenderla contra sus causas”. Agregaba asimismo que “a partir de 1956, se impuso en las conducciones económicas el criterio de que la inflación y el déficit en el balance de pagos se deben a una demanda excesiva originada en la mayor oferta de dinero. Sin embargo, la experiencia argentina señala que la reducción de liquidez no alienta el ahorro y en cambio deprime el normal desenvolvimiento de los negocios”.

Cuando los equipos técnicos de la CGE se sumaron al gobierno peronista de 1973, lograron reducir la inflación del 80 por ciento anual en mayo de 1973 al 22 por ciento en noviembre de 1974. Lejos de las medidas monetaristas o fiscales, en aquel momento el logro tuvo que ver con “la sólida concertación entre gobierno, cámaras empresarias, y sindicatos, y el mantenimiento de la paridad cambiaria, que limitó la gravitación de la inflación importada”.