Las medidas implementadas en los primeros meses de gobierno arrojan ganadores y perdedores. Fuerte devaluación, eliminación de derechos a las exportaciones, liberalización comercial y financiera, aumentos tarifarios fueron las principales inciativas. Las políticas económicas nunca son neutrales e implican transferencias de ingresos intersectoriales. La devaluación transfirió importantes recursos a conglomerados exportadores y financieros. La rentabilidad del “campo” también mejoró por la reducción/eliminación de los derechos de exportación y supresión del Registro de Operaciones de Exportación (ROE). El sector bancario se benefició adicionalmente con la emisión de normas desreguladoras y desmantelamiento de áreas estratégicas de control dependientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el BCRA. La contracara de la “revolución de la alegría” fue la aceleración inflacionaria que contrajo salario real y consumo interno. Los trabajadores, pymes y sectores sociales más vulnerables, se encuentran entre los más perjudicados.

El nuevo escenario distributivo no es ajeno a las intenciones gubernamentales. La reducción de la incidencia salarial en el costo empresario es el objetivo perseguido. Ese propósito fue blanqueado por Alfonso Prat-Gay cuando declaró: “la paritaria discute lo que puede discutir, pero no es sólo la dimensión del salario sino cuidar el empleo …cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”.

El economista y director del Citra-Conicet, Demian Panigo, sostiene que “si uno tuviera que caracterizar el programa de gobierno de Macri en la parte de economía, podría llamarse DADA: Devaluación, Ajuste, Deuda y Apertura”.

Bloque de poder

La naturaleza del bloque de poder dominante puede ser ilustrada con las trayectorias laborales de los funcionarios nacionales. Los investigadores del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) sostienen en La naturaleza política y económica de la alianza Cambiemos que “la fracción hegemónica está conformada por los bancos transnacionales y empresas extranjeras, mientras que los grupos económicos locales y los grandes terratenientes pampeanos si bien forman parte del bloque de poder, al menos desde esta aproximación, no ejercen la hegemonía por razones diferentes. Los grupos económicos por su exigua representación directa respecto a las fracciones del capital extranjero, mientras que los terratenientes pampeanos porque lo hacen mediante funcionarios que provienen de las cámaras empresariales”, sostiene Cifra.

“La hegemonía del capital extranjero y especialmente de capital financiero internacional implica una profunda torsión en la composición del bloque de poder que sustentó entre 1976 y 2001 el patrón de acumulación basado en la valorización financiera. Mientras que en aquel período la fracción hegemónica fueron los grupos económicos locales cuyo núcleo central eran no sólo industriales sino también agropecuarios y financieros (tal los casos de Pérez Companc, Bunge y Born, Garovaglio y Zorraquín, Bridas, etc.), ahora ese lugar lo ocupa el capital extranjero cuando antes si bien estaba fuertemente enraizado en el bloque de poder no era el que conducía el Estado”, sostienen los investigadores de Cifra.

Las diferentes fracciones de capital tienen intereses disímiles pero comparten la idea de ajustar las cuentas con los trabajadores en esta primera etapa que ya comenzó con el Plan DADA.

Devaluación

La eliminación de los controles cambiarios provocó una fuerte devaluación. El alza del tipo de cambio no se detuvo luego del salto del 37,4 por ciento en diciembre (pasando de 9,8 a 13,4 pesos). La depreciación alcanzó el 5,4 por ciento en enero (cerrando el mes en 14,1 pesos) y el 12,2 por ciento en febrero (15,9 pesos). Según el discurso oficial, la salida del mal denominado “cepo” provocaría un shock de confianza. “Van a sobrar los dólares”, prometió Mauricio Macri. La liberalización cambiaria incentivaría mayores ingresos de divisas por doble vía: a) mayores exportaciones y b) ingreso de capitales. El supuesto implícito es, en el primer caso, que la devaluación permite un incremento de las exportaciones. De esa manera, el canal comercial generaría un efecto expansivo sobre la economía doméstica. La experiencia argentina demuestra que el volumen de las exportaciones depende fundamentalmente de variables exógenas (demanda mundial, precios internacionales). La sensibilidad del comercio exterior es muy baja frente a las variaciones del tipo de cambio. En los primeros dos meses del año, las exportaciones a Brasil cayeron 30,9 por ciento a pesar de la devaluación. El débil desempeño económico global no permite alimentar demasiadas expectativas en materia comercial.

La principal apuesta que le queda entonces al gobierno nacional es el ingreso de capitales financieros. En esa línea, las autoridades monetarias flexibilizaron los controles al ingreso de capitales: reducción de 365 a 120 días del requisito de permanencia, eliminación del encaje no remunerado del 30 por ciento que debía mantenerse por el término de un año.

La anulación de los encajes, sumado al incremento de la tasa de interés doméstica, genera las condiciones perfectas para la reedición de la clásica bicicleta financiera. Las consecuencias de ese tipo de maniobras ya las sufrió la Argentina en la última dictadura militar y el menemismo.

En ese sentido, el BCRA eliminó las restricciones que tenían los inversores extranjeros para comprar Lebac y Nobac.

Ajuste

El gobierno sostiene que la inflación se combate con austeridad monetaria y fiscal. La nueva conducción del BCRA anunció que jerarquizará la “estabilidad monetaria” por sobre los otros objetivos definidos por la Carta Orgánica de la entidad. En ese marco, la instrumentación del esquema de Metas de Inflación impactará negativamente en el nivel de actividad y empleo. Por otro lado, la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas constituye uno de los pilares del ajuste fiscal. Los masivos despidos de empleados públicos aportarán también su granito de arena.

El gobierno tiene una explicación monetarista del fenómeno inflacionario. La idea central sería que la monetización del déficit fiscal provoca los incrementos de precios. Sin embargo, la inflación argentina reconoce causas ajenas a la emisión monetaria (puja distributiva, incremento de costos, devaluación monetaria).

La eliminación de subsidios alimenta la espiral inflacionaria. En otras palabras, la política oficial (quita de subsidios) resulta incongruente con el objetivo perseguido (contención inflacionaria).

En la década pasada, el mantenimiento de tarifas públicas reducidas permitió la recuperación de los ingresos populares y la reducción del costo empresario.La economista Eugenia Aruguete explicaba en Entrelíneas de la Política Económica (Nº 23, diciembre 2009, del Ciepyc) que es “una política que tiene un impacto directo sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que los bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en sus canastas de consumo, e indirecto sobre el Producto, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo, operando sobre la demanda agregada”. Los montos pagados por luz y gas domiciliario disminuyeron del 20 al 3 por ciento del salario promedio mensual. El consumo residencial de energía eléctrica creció de 28.791 a 59.982 GWh, un 108,3 por ciento, entre 2003 y 2015.

La decisión de implementar un fuerte aumento tarifario reducirá poder adquisitivo y demanda. A su vez, el incremento repercutirá en la estructura de costos empresaria. El resultado del combo será reducción del consumo, actividad económica y empleo. La eliminación de los subsidios es presentada también como condición necesaria para el mejoramiento del servicio. El “sinceramiento” tarifario se traduciría en mayores inversiones.

La experiencia de los noventa relativiza ese argumento. Las inversiones fueron muy reducidas en relación a las elevadas ganancias reflejadas en los balances de las compañías eléctricas.

Endeudamiento

El macrismo está dando inicio al tercer ciclo de megaendeudamiento de la Argentina. El primer paso fue el préstamo por 5000 millones de dólares otorgado por un conjunto de bancos internacionales al BCRA. La emisión de 12.500 millones de dólares de nueva deuda, destinados a cancelar los compromisos con los fondos buitre, es la segunda etapa proyectada.

La condición necesaria para cerrar este capítulo es la derogación de dos leyes (Cerrojo y Pago Soberano) y la autorización legislativa para emisión de nueva deuda. La confirmación del acuerdo reposicionará al FMI y calificadores de riesgo internacional como tutoras del programa económico. Las recomendaciones de nuevos ajustes volverán a ocupar las primeras planas de los medios de comunicación.

Apertura

El triunfo electoral de Mauricio Macri implicó un giro en las relaciones económicas internacionales. El macrismo impulsa una inserción global asentada en la liberalización comercial y financiera. Ese camino refuerza una especialización (productiva, comercial) centrada en producción primaria y manufacturas de recursos naturales. El declamado objetivo de “pasar de ser el granero al supermercado del mundo” no escapa a las limitaciones propias de un patrón de especialización productiva reprimarizado.

Los investigadores del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (CIEPYC) explican en La heterogeneidad estructural como limitante fundamental al crecimiento con inclusión (Revista Entrelíneas N° 43 - Año 8) que “los sectores intensivos en recursos naturales poseen un menor ritmo de progreso técnico a nivel internacional y por ende menores oportunidades de aumentos de productividad y crecimiento. Si se toma la productividad de Estados Unidos, se observa que en las últimas décadas ésta crece fuertemente en las ramas intensivas en conocimiento (producción de bienes de capital y la industria farmo-quimica) mientras que los sectores intensivos en recursos naturales, las manufacturas de bienes tradicionales, e incluso la rama automotriz, presentan ritmos de productividad sensiblemente menores”.

La industria ocupa un rol marginal en la estrategia oficial. Las medidas implementadas (eliminación de derechos de exportación y declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), desmantelamiento del régimen de información de precios, producción y rentabilidad ante la Secretaría de Comercio) fueron apoyadas por la cúpula fabril pero observadas con preocupación por las pymes. La eliminación de las DJAI desprotegen a ramas productivas enteras, más allá de que se reflotaron Licencias No Automáticas (LNA) que apenas cubren el 6 por ciento de las posiciones arancelarias.

La evolución reciente del intercambio, con el principal socio comercial, revela efectos incipientes de la nueva política. En febrero, las importaciones crecieron desde Brasil luego de ocho meses consecutivos de caída. La explicación posible, ante el retroceso de demanda interna, es la mayor apertura comercial. El saldo comercial bilateral, en el primer bimestre del 2016, fue negativo para la Argentina en 457 millones de dólares. Esa cifra triplica el déficit registrado en el mismo período del año anterior.

La apertura comercial pondrá en riesgo un conjunto de ramas productivas protegidas por el gobierno anterior. El cierre de establecimientos y/o reducción de los planteles laborales asoma como probable escenario futuro

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