Por Claudio Katz *

El carácter confiscatorio es la nota distintiva de las medidas económicas adoptadas en comparación con cualquier ajuste anterior. Con la devaluación y su consiguiente impacto inflacionario se consuma un nuevo recorte del salario en beneficio de los grupos exportadores, que el Gobierno ni siquiera morigeró mediante la aplicación de retenciones o el establecimiento de controles de precios. Como la mayoría de las transacciones comienza a indexarse mediante un nuevo índice (CER) mientras los sueldos se mantienen congelados, el deterioro salarial seguramente superará el 15 por ciento de inflación anual previsto en el Presupuesto. Este porcentaje llevaría el número de pobres a 16 millones de personas.
Una confiscación más descarada ha recaído sobre los pequeños ahorristas, porque los fondos inicialmente inmovilizados ahora fueron pesificados a una paridad que implica pérdidas de 23.000 millones de dólares para los depositantes. Cuanto más prolongado sea el cronograma de devolución de estos fondos, más fuerte será el desagio que sufrirán los ahorristas acorralados. Quienes cacerolean en las puertas de los bancos tapiados son plenamente conscientes de esa punición. Los certificados de los depósitos congelados, por ejemplo, comenzarían a negociarse con quitas del 40 por ciento del valor original de esas colocaciones.
Por cierto, los depósitos podrían ser devueltos si se intimara a los bancos a que respondan por esos fondos con su patrimonio, con la provisión de dólares por parte de las casas matrices o con la cancelación anticipada de los préstamos otorgados a los grandes deudores. Estas medidas no se adoptan porque se busca mantener el socorro estatal a los banqueros, que durante el año pasado recibieron redescuentos mientras giraban utilidades al exterior y aseguraban la fuga de los grandes capitales.
La licuación de las deudas empresarias supera ampliamente el antecedente estatizador de Domingo Cavallo en los ‘80. Eduardo Duhalde justifica ese auxilio argumentando que “no se puede discriminar entre grandes y pequeños deudores”, como si los endeudados con un crédito hipotecario que podrían sufrir el remate de sus viviendas estuvieran en las mismas condiciones que las 40 grandes empresas que tienen cuantiosos depósitos en el exterior. Esas compañías lograron convertir un subsidio original de 1600 millones de dólares (según el plan de pesificación a 1,40 de las deudas superiores a 100.000 dólares) en una subvención diez veces mayor, con la paridad uno a uno.
Es falso que se trate de un socorro a “empresas argentinas”, porque Exxel, Repsol o Telefónica figuran entre los principales beneficiarios. Muchas compañías son grandes exportadoras, es decir que cobran en divisas y pagan en pesos. Además, obtuvieron comprobadas ganancias en los últimos años y sus políticas de flexibilización laboral en lugar de crear puestos de trabajo potenciaron la desocupación actual. Para colmo, también le exigen al Estado un seguro de cambio para afrontar los compromisos con sus acreedores externos.
Las negociaciones con el FMI para retomar el pago de la deuda constituyen otra confiscación no menos gravosa. En pleno default continuó el giro de fondos a los organismos internacionales y a los bancos, que cobraron por los servicios de un “seguro anticorrida”. Los severos recortes salariales, educativos y provinciales contemplados en el Presupuesto apuntan a permitir el reinicio del pago de intereses. Quienes afirman que la devaluación fue “inevitable” o “positiva” omiten que su objetivo principal es incrementar el superávit comercial a costa del consumo, para que el abastecimiento de dólares aumente y el Estado pueda adquirir las divisas que demandan los acreedores.
Entre los beneficiarios de las nuevas confiscaciones están también las empresas privatizadas, que preservan privilegios obtenidos durante la Convertibilidad. Ganan con la licuación y se aprestan a subir tarifas,recortar la inversión y deteriorar los servicios, mientras negocian desgravaciones impositivas y exenciones al pago de multas.
Es evidente que las medidas económicas fueron diseñadas al servicio del conjunto del poder económico. Pero al cabo de cuatro años de recesión, el conjunto de sectores que integran ese bloque ha perdido la unidad que mantuvo durante el auge menemista. Con la devaluación y la licuación, el Grupo Productivo ha recuperado algunas posiciones frente a los bancos y las privatizadas; pero ese reacomodamiento es transitorio porque la crisis en curso modificará el escenario del poder económico.
Especialmente el colapso fiscal derivado de la continuidad de la depresión induce fuertes fracturas entre los sectores dominantes, ya que dificulta un auxilio generalizado de todos los grupos a costa de los desocupados, los trabajadores y la clase media. Ya no es tan sencillo incrementar en 20.000 o 30.000 millones de dólares la deuda pública, porque la cesación de pagos inviabiliza el festival de bonos requerido para la licuación de deudas empresarias y el socorro de los bancos. Y como no hay forma de disfrazar el deterioro fiscal maquillando el Presupuesto, el FMI es reticente a otorgar nuevas refinanciaciones.
Pero resulta evidente que con las finanzas públicas quebradas, el rescate estatal de los empresarios endeudados sólo constituirá el primer acto de un proceso de cambios drásticos en la propiedad de las empresas. Un pico inflacionario con dolarización incluida en alguna de sus instancias podría acelerar estas transferencias. Las corporaciones norteamericanas se preparan para liderar esta secuencia de apropiaciones de grupos nacionales y eventualmente europeos, y por eso vetaron la reforma de la Ley de Quiebras que limitaba los traspasos de activos.
La crisis actual presenta una envergadura sin precedentes que no se explica exclusivamente por el fracaso del modelo neoliberal. Los desequilibrios introducidos por la apertura, desregulaciones y privatizaciones acentuaron la fragilidad de una economía periférica particularmente afectada por las convulsiones periódicas del capitalismo. La combinación de estos procesos ha desembocado en el actual colapso económico-social. Pero conviene recordar que conmociones semejantes han sufrido la mayor parte de las naciones dependientes, que seguían políticas devaluacionistas mientras en la Argentina experimentaban con la Convertibilidad. Todas estas crisis periféricas son resultantes de la desarticulación industrial, la caída de los precios de las materias primas y la polarización de ingresos que ha provocado el avance de la mundialización.
Pero frente a este cuadro de crisis económica, la novedad política que apareció en la Argentina es la irrupción popular contra los ajustes, a través de movilizaciones que determinaron la caída de dos Presidentes y la inédita convergencia de los trabajadores, los desocupados y la clase media. El “plan coherente y sustentable” que los economistas del establishment siempre reclaman y nunca logran implementar, comienza quizás a gestarse en este intercambio de ideas. Al discutir, participar e involucrarse, los vecinos también avanzan en el desarrollo de un proyecto alternativo a las confiscaciones. La inesperada lección de economía que este proceso está brindando al conjunto de la sociedad es que esta nueva opción puede construirse a partir de la solidaridad, la movilización y la intervención colectiva.

* Economista