A la memoria de Aldo Ferrer

En un claro intento por convencer a la sociedad de que no hay otra opción para el país que aprobar el acuerdo que el gobierno ofreció a los fondos buitre, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que no existe un Plan B, que es el acuerdo o el caos. La realidad es que el Plan B (de Buitres) es precisamente el que propone el actual gobierno, porque el Plan A era continuar con una negociación dura y trabajosa para llegar a un acuerdo que pusiera a salvo la dignidad soberana de nuestro país y evitara consecuencias mucho más gravosas, económicas y sociales, que las que se derivarían de continuar un par de años más con acceso restringido al crédito internacional y tasas de interés un poco más altas.

A sabiendas de que el término “dignidad soberana” es una categoría que difícilmente eclipse el espíritu pragmático de los CEO del gobierno, es importante precisar su alcance en este caso. Lo que está proponiendo el gobierno es derogar dos leyes por las cuales el Estado argentino garantizó a los acreedores que aceptaron voluntariamente reestructurar sus acreencias (el 93 por ciento del total de la deuda) con una quita significativa (de hasta el 70 por ciento) que no iba a traicionar esa buena voluntad ofreciendo a otros acreedores condiciones mejores que las que aceptaron. Más aún, para avalar ese compromiso el Estado argentino (con otro gobierno) incluyó en los nuevos bonos reestructurados la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers, derechos sobre futuras ofertas) por la cual establecía que si se negociaba un acuerdo mejor con otros acreedores, ese mejor acuerdo regiría automáticamente para todos los que habían entrado voluntariamente en los anteriores.

Resulta que ahora el gobierno, urgido por su política económica basada en el endeudamiento externo fluido, propone un acuerdo que prácticamente cuadruplica la de los acreedores voluntarios y para colmo lo hace en favor de los operadores más carroñeros de las finanzas internacionales, mal llamados “holdouts” porque no son los que quedaron afuera, como indica este término en inglés, sino los que les compraron por migajas los bonos defolteados a los que sí quedaron afuera del acuerdo voluntario. Cuadruplicarle la oferta a los carroñeros, haciendo caso omiso de la promesa de no traicionar a quienes aceptaron de manera abrumadoramente mayoritaria la renegociación voluntaria, ¿es digno o indigno?, ¿es meritorio o denigrante? Se podrá argumentar que en el mundo de los negocios la dignidad no paga, pero estamos hablando de un país, no de un boliche.

Tampoco se debería olvidar que esta indignidad es hija de una anterior que fue la de aceptar incluir en otras refinanciaciones anteriores de la deuda externa la renuncia a la inmunidad soberana del Estado argentino incluyendo en los bonos la jurisdicción legal de otros países porque la nuestra fue considerada, no sólo por los acreedores, como poco confiable. Y para colmo todo eso se hizo para poder seguir financiando con crédito internacional la desnacionalización de empresas públicas y la desindustrialización con la apertura indiscriminada de importaciones con tipo de cambio retrasado.

Ahora dejemos las anacrónicas cuestiones éticas de lado y vayamos a las efectividades conducentes. Si bien la cláusula RUFO estuvo formalmente vigente hasta el último día del año pasado, ¿quién puede garantizar que acreedores voluntarios de buena fe no vayan después de ratificar este acuerdo a algún tribunal norteamericano o europeo que se haya designado en los bonos como su jurisdicción legal y reclamen el mismo trato y acuerdo que el dispensado a los buitres? ¿Y quién puede asegurar que no haya algún juez de una de esas jurisdicciones que les dé la razón, sobre todo cuando sería un acto de pura justicia y equidad? No lo puede garantizar absolutamente nadie.

Este riesgo es mucho más grave que la mala negociación del acuerdo en sí misma, porque haberles dado a los buitres más de lo que esperaban, y en algún caso de lo que pedían, le costará al país “unos pocos millones de dólares”, pero la posibilidad de que tenga éxito en el exterior el we too (nosotros también) nos puede costar varias decenas de miles de millones de dólares (hasta 200.000 en el extremo). Este costo potencial es también mucho mayor que el diferencial de tasas de interés que deberíamos pagar por no tener cerrado un acuerdo con los buitres.

Más allá de las declamaciones oficiales, y hasta de algunos legisladores light de la oposición que temen por la gobernabilidad si esta propuesta no se acepta, no hay ninguna manera, absolutamente ninguna, de incluir en la ley que ratifique este acuerdo una cláusula que permita blindar el riesgo de un reclamo en otras jurisdicciones, sencillamente porque la legislación argentina no cuenta para esas jurisdicciones. Y porque además estaremos dejando sentado el precedente de que cualquier cláusula de esas la podemos derogar cuando venga otro gobierno, o este, a decirnos que si no lo hacemos nos comerá al cuco. Si este riesgo no se puede blindar, ¿por qué va a bajar el riesgo-país y las tasas de interés de los créditos internacionales que se puedan obtener en el futuro?

Aun cuando todo esto saliera bien, se les pagará una suma indigna a los buitres y nadie reclame igual trato, o si lo reclaman ningún juez extranjero se los reconozca, y si el riesgo-país bajara a pesar de este riesgo, aun así se sabe que lo que viene después es un incremento exponencial del endeudamiento externo sin ninguna garantía de que se pueda repagarlo en el futuro asignándolo a inversiones que incrementen las exportaciones. Esta cadena de riesgos eventuales y la impronta ilusa de sus artífices recuerda a aquella persona naif que decía: “ojalá que mi pareja nunca me engañe, y si mi engaña ojalá que no me entere, y si me entero ojalá que no me importe”