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Mirar la economía local desde fuera es una metodología práctica para romper la mirada “provinciana” en el sentido negativo de creer que los procesos del entorno inmediato son exclusivos. Por ejemplo, y en líneas generales, el crecimiento o caída de las economías latinoamericanas estuvo ligado al ciclo de las commodities, luego cada país se acopló a su manera. Algunos distribuyeron el ingreso con más énfasis y unos pocos impulsaron tibios procesos de desarrollo. No quiere decir que todo dependa del ciclo global, pero sí que existe una determinación externa. Aunque sea una obviedad afirmar que las economías nacionales son subsistemas del sistema global, en el fragor de las disputas locales suele perderse de vista la perspectiva.

A su vez, el sistema tiene leyes de hierro y universales. Las devaluaciones, por ejemplo, son siempre recesivas y producen transferencias en favor de los exportadores. Además, cuando los principales productos exportados son commodities, la depreciación no aumenta la competitividad externa porque no son mercados en los que se compita por precio. En consecuencia no aumentan las cantidades exportadas, sino solamente el efecto riqueza. Sobran los ejemplos y las series históricas que lo corroboran.

Una segunda ley de hierro es que los aumentos de costos siempre se trasladan a precios. Una suba de las tarifas energéticas, por ejemplo, será siempre inflacionaria y, en segunda vuelta, tendrán un efecto multiplicador, es decir; sobre los costos de los costos, por ejemplo: el aumento de los precios de los alimentos derivado del aumento del transporte derivado del aumento de los combustibles. Este pasaje a costos es también el fundamento del efecto inflacionario de la puja distributiva, es decir del traslado a precios de las subas salariales.

Una tercera ley universal, que ocurre en cualquier economía del planeta, es el efecto-precio de los aranceles. Las retenciones bajan precios internos sobre los internacionales, los reembolsos los suben. Eliminar retenciones de bienes salario, por ejemplo, sube precios.

Una cuarta ley de hierro, aun más general, es que cuando caen los componentes de la demanda, como el consumo por caída del poder adquisitivo, o el gasto público por dogmatismo o ineficiencia en la ejecución, o la inversión por falta de perspectivas de crecimiento, o las exportaciones por reducción de la demanda externa, las economías se desploman.

Una quinta ley es la relación inversa entre evolución del PIB y el déficit fiscal. Cuando el Producto se contrae el déficit aumenta y cuando se expande se reduce. Las metas de gasto son inseparables de las metas de crecimiento.

Como ya advirtió el lector, la elección de leyes económicas universales es, finalmente, bastante local. Responde de manera directa a las medidas económicas aplicadas por Cambiemos. Medidas reales que junto a las monetarias, que se dejan de lado aquí para simplificar, son el ABC de las recetas neoliberales y que, en cualquier lugar del planeta, provocan los mismos efectos. A pesar de ello, la larga letanía iniciada incluso antes de la asunción del nuevo gobierno, cuando existía una gran crisis latente que nadie percibía, insiste en que el actual desplome del PIB es producto de la herencia recibida y no de la implementación de la sumatoria de políticas de la nueva administración. Pero los hechos indican que haber provocado un shock devaluatorio, eliminado aranceles, disparado tarifas y deprimido el consumo, redundó en una caída del Producto que en el segundo trimestre ya alcanzó una impresionante tasa anualizada del 6 por ciento y una disparada del déficit fiscal hasta los 7 puntos del PIB, en ambos casos siguiendo proyecciones de economistas del régimen.

El oficialismo argumenta que tomar este camino era indispensable. Para las reglas de la economía política no lo es en absoluto. Los principales precios relativos de la economía son, bajo ciertas condiciones, una decisión política con efectos concretos en la transferencia de ingresos entre clases sociales.

La Alianza PRO pasará a la historia por haber provocado el primer ajuste ortodoxo autoinducido. Dicho de otra manera: no ajustó para resolver los efectos de una crisis, sino que provocó una crisis para avanzar en sus objetivos de política, decisiones impopulares que sólo pueden legitimarse en situaciones críticas.

El problema más serio es que cuando el voto mayoritario de la población elige a una fuerza política para que conduzca los destinos del Estado le transfiere también la posibilidad de disponer no sólo del flujo de recursos que se generarán durante su gestión, sino del stock acumulado en el pasado y de los flujos futuros.

El nuevo gobierno avanzó sobre estas tres dimensiones. Su primer paso fue aumentar rápidamente el endeudamiento en divisas. La promesa de esta acción, con primer estadio en el pago a los fondos buitre, fue el financiamiento barato y generar un “clima de negocios” favorable. Pero por ahora, al margen de la esperanza en capitales productivos que no llegan, sólo hay previsiones de futuros problemas de sostenibilidad de deuda aun a pesar del bajo nivel de partida. Ya en 2017 se sentirá el peso presupuestario de los nuevos créditos asumidos, unos 30.000 millones de dólares entre Nación y provincias. Este avance sobre flujos de ingresos futuros constituye la primera pata de la rapiña: el nuevo endeudamiento no fue destinado a la transformación de la estructura productiva para alejar la restricción externa vía proyectos que generen el repago de los fondos, sino que se destinó a financiar salida de capitales, pagarle a los buitres, remitir utilidades de multinacionales y a la fiesta de valorización financiera de capitales calientes. Nada que no fuera anunciado en tiempos de campaña del miedo.

La segunda pata de la rapiña será avanzar sobre los stocks acumulados en el pasado vía el inicio de un proceso privatizador. La sumatoria de bienes en carpeta es amplia e incluye hasta represas hidroeléctricas. Pero el camino se iniciará a partir del desfinanciamiento del sistema previsional para avanzar en la privatización de las disponibilidades y las acciones de empresas privadas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, porciones que representan aproximadamente el 21 por ciento del valor del fondo. Redondeando sobre números de un trabajo preliminar de Cifra-CTA serían unos 4000 millones de dólares en disponibilidades y 6000 en acciones. Para tener una idea de las magnitudes a privatizar, esto equivale aproximadamente al valor de mercado de YPF o a unas seis flotas de Aerolíneas Argentinas, activos que en campaña se prometió no tocar. O también un poco más de un año de las nuevas obligaciones que asumirá el sistema previsional, el equivalente a unos 8100 millones de dólares por año.

En pocas palabras, cuando en 2018 se rediscuta el sistema previsional, estará todo listo para el regreso de las AFJP, pero también habrá un agujero fiscal creciente que demandará cada vez más deuda sin contar todo lo que se perdió en el camino. Esta será la verdadera pesada herencia, la insustentabilidad sistémica que los ajustes neoliberales dejan como presentes griegos a los gobiernos populares. Una historia conocida y no sólo local.