Por Carlos A. Vicente *

En relación con la nota publicada en la sección Agro del Cash de hace dos domingos, quiero manifestar mi sorpresa al encontrarme con un panfleto que parece surgido de los cerebros de Monsanto o alguno de los otros lobbies pro transgénicos. En primer lugar, porque se adjudica en exclusiva a Greenpeace una posición que es compartida por decenas de organizaciones ecologistas, campesinas, de consumidores y del resto de la sociedad civil intentando minimizar el alcance de una demanda, que en Argentina fue asumida por la mesa organizadora del Foro Social Mundial.
Segundo, porque la aplicación del principio de precaución ha sido consagrado internacionalmente a partir de la Cumbre de la Tierra en 1992 y se lo plantea como una “excusa” para bloquear el comercio cuando todos los argumentos sobre la “inocuidad” de los transgénicos han sido provistos por las mismas empresas que los producen sin que podamos contar con una evaluación independiente de los mismos.
En tercer lugar, porque los impactos ambientales de los transgénicos ya están ampliamente demostrados y en el caso de la soja RR son devastadores: el monocultivo, el avance de la frontera agrícola, el impacto del glifosato (prohibido judicialmente en una localidad de Formosa por su impacto en las comunidades) conforman un cóctel explosivo que si bien no se debe exclusivamente al carácter transgénico de la semilla, tienen en él uno de sus principales componentes.
Además, “los intereses comunes” que la autora menciona no son tales ya que Argentina siempre ha mantenido una política en relación con los transgénicos alineada con las directivas de la Unión Europea y por este motivo no tiene ninguna dificultad para comercializar la soja que produce. Y si llegaran restricciones (como, por ejemplo, la exigencia de etiquetado) ésta no sería fruto de las políticas de la Unión Europea sino de la aplicación del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, que entró en vigencia el 11 de septiembre y establece normas claras para el tráfico internacional de transgénicos. En este caso, los “intereses comunes” parecen ser un resabio de las pasadas “relaciones carnales”.
Los intereses que en realidad defiende la demanda de Estados Unidos frente a la OMC son los de las grandes transnacionales que monopolizan el comercio de semilla y que son las que obtienen de esta manera monumentales ganancias, aunque a la autora esta afirmación pueda resultarle un “argumento de tinte antiimperialista”. Finalmente, porque la Unión Europea ha estipulado normas claras en relación con los transgénicos que responden a las demandas de una sociedad que masivamente rechaza los organismos genéticamente modificados y que por lo tanto es muy exigente al establecer las directivas para su aprobación.
La realidad es mucho más geopolítica que lo que la autora cree. Esperamos que su medio asuma este necesario debate.

* Acción por la Biodiversidad
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